Permisología: una crisis de complejidades administrativas

En días como los actuales en Chile, convulsionados por una crisis de seguridad pública, en donde se cruzan álgidas discusiones en torno a los altísimos costos financieros que están imposibilitando el acceso a la vivienda a toda una nueva generación profesional, y/o en torno a fortalecer el sistema de salud público frente a la inminente “estampida” de afiliados a sistemas previsionales privados, entre múltiples otras cuestiones, cobra especial relevancia el erario fiscal y cómo se pueden asegurar flujos económicos que permitan en forma seria hacer frente a todas estas demandas sociales.

Vicente Ríos Urzúa

En este sentido, los esfuerzos del sector público se han concentrado en cómo generar estrategias que fomenten el crecimiento de la economía y, además, en definir mecanismos que maximicen las eficiencias en la administración del estado. Para definir estas estrategias, el Ministerio de Hacienda emitió con fecha 28 de agosto de 2023 el Decreto N° 1.076, mediante el cual estableció la creación de la Comisión Asesora Ministerial conocida como “Comité de Expertos Sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial” (en lo sucesivo, el “Comité”). La finalidad de esta comisión era precisamente brindar asesoramiento al Ministerio de Hacienda en la identificación del espacio fiscal potencial generado por el crecimiento económico durante el periodo 2024-2034.

Este asesoramiento debía incluir la evaluación de medidas destinadas a impulsar la inversión, mejorar la productividad y fomentar la diversificación productiva, todo dentro del marco establecido por el Pacto Fiscal para el Desarrollo.

Pues bien, esta Comisión entregó su informe dentro de noviembre del 2023, incluyendo diversas conclusiones relativas a los problemas que se deben resolver para potenciar el crecimiento económico, siendo uno de ellos el de los permisos, su tramitación, la falta de certeza jurídica y el excesivo tiempo que muchas veces conlleva su gestión.

Lo cierto, es que el Informe Final de la Comisión Marfán (llamada así por su presidente, Manuel Marfán Lewis, economista) viene a reconocer una realidad que todos los actores relevantes del mundo de los “trámites” entiende, y es que hay muchos permisos innecesarios, que se pueden digitalizar en su tramitación, y/o que derechamente se pueden obviar en virtud de otros antecedentes que constan o deberían constar en el expediente del organismo administrativo del que se trate.

Todo quien haya intervenido en algún proceso destinado a obtener algún permiso, autorización y/o concesión de cualquier tipo en Chile sabe que se trata de un proceso eminentemente burocrático, que ralentiza la ejecución de proyectos de inversión, y que hoy ya se ha transformado en un tema de discusión público-privada de suma relevancia, pues demorar el otorgamiento de un permiso, sumado a la potencial falta de comunicación entre los diversos actores que confluyen en su obtención, derechamente constituye una amenaza que compromete el desarrollo económico de la nación.

Veamos una industria, especialmente afectada por esta realidad: la tramitación de los permisos necesarios para desarrollar un proyecto inmobiliario en la Región Metropolitana, tarda en promedio de 449 días. Esta demora es cuestionable, y podría representar 2 o 3 veces más del tiempo necesario. ¿Qué implica esto en la práctica? Mayores costos, y naturalmente deberíamos asumir que aquello se traspasa finalmente al consumir a través del precio. Colliers en su “primer Ranking Trámite Pro Vivienda” del 2022 ya decía que esto podía representar hasta el 9,5% del valor de una casa o departamento.

En el mismo sentido: 1443 días demoran, en promedio, los estudios de impacto ambiental en ser completamente sustanciados, más de 200 permisos de diversos tipos requeriría un proyecto minero para poder ejecutarse, entre múltiples otros ejemplos sectoriales. Tal como ha sostenido la SOFOFA, al reducir en 1/3 el plazo de los permisos aumentaría la recaudación fiscal anual en US$1,339 millones, potenciando, sin lugar a dudas, el anhelado crecimiento económico.

En nuestra perspectiva, la problemática de la permisología se debe abordar en forma global, pues se trata de una problemática multidisciplinaria. Creemos que al menos se deben generar 3 líneas de propuestas concretas: 1) Perspectiva normativa: Ley contra la permisología; 2) Sistematización administrativa y potenciar mecanismos de autorregulación sectorial; y 3) creación de una agencia normativa.

Puede que crear una ley suene a potenciar el problema, pero claramente la solución normativa en este caso debe implicar crear principios de eficiencia administrativa, racionalidad, pertinencia y celeridad, siempre con foco en mantener la viabilidad económica del proyecto del que se trate, con especial énfasis en permitir el desarrollo de los proyectos de inversión de forma eficaz, en tiempos razonables y resolviendo todo manto de duda sobre aspectos de certeza jurídica que tengan la aptitud de representar un riesgo para la concreción del proyecto del que se trate.

Esto ya existe en legislaciones comparadas. Por ejemplo, en Argentina existe la Ley de Modernización del Estado (Ley 8836) que vino a introducir figuras como la descentralización administrativa, creando agencias o reparticiones que se dedican específicamente a la problemática de evitar la confusión de no saber qué órgano es competente para determinada decisión, ajustando plazos de tramitación y unificando criterios de obtención de permisos.

En segundo lugar, la modernización del estado debe poner foco en la sistematización de procesos, con miras a mejorar no solo la fluidez de las comunicaciones público-privadas, sino también los flujos de información entre organismos públicos centralizados y descentralizados. La sistematización debe necesariamente extenderse también a los permisos sectoriales, a través de reformas procedimentales, involucrando a la mayor cantidad de servicios públicos y ministerios posibles.

En tercer término, y quizás la propuesta más ambiciosa, sería derechamente la creación de una Agencia Modelo, que tenga por específico rol coordinar a nivel nacional todo procedimiento asociado a la obtención de un término, sea sectorial o no.

Considero que la creación de una agencia reguladora con el objetivo de limitar la permisología podría tener varios beneficios, incluidos: 1) Eficiencia y Agilidad, pues se debería tratar de una agencia reguladora dedicada específicamente a reducir la permisología y simplificar y agilizar los procesos administrativos; 2) Estímulo a la Inversión y Emprendimiento, una reducción en la burocracia asociada con los permisos puede incentivar la inversión y el emprendimiento, pues implicaría, entre otras cosas, mejorar indicadores de certeza jurídica, con lo que se potenciaría la confianza en Chile como mercado receptor de inversión extranjera; 3) Fomento de la Innovación; 4) Mayor Transparencia y Menor Corrupción.

Sabemos que la permisología es un problema crítico y es por ello que el Gobierno de Chile ha tomado el punto incluyendo algunas medidas en el nuevo Pacto Fiscal que persigue se apruebe, incluyendo la necesidad de modernizar el sistema tributario chileno y mejorar las relaciones del estado con el sector empresarial, incluyendo 4 medidas con el objetivo expreso de modificar el sistema de permisos para proyectos de infraestructura e inversión: una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), la reforma a las concesiones marítimas (boletín N°8.467-12), una reforma a la Ley de Patrimonio del Consejo de Monumentos (boletín N°12.712-24) y finalmente una reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Lo cierto es que una permisología excesiva puede tener efectos negativos sobre la iniciativa, el desarrollo económico y la eficiencia de las sociedades actuales, siendo fundamental buscar un equilibrio adecuado entre la regulación necesaria para el bienestar de la sociedad y la facilitación de procesos que fomenten el crecimiento y la innovación.

 
Vicente Ríos Urzúa, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master in Business Law, LL.M. UAI. y Magíster en Daños y Responsabilidad Civil de la Universidad de los Andes. Vicente es miembro del IIDM-Chile y de AIDA-Chile y autor del libro “Seguros Paramétricos: perspectivas técnicas y legales” (2023) de Editorial Hammurabi. Actualmente, es Gerente de Asuntos Legales y Seguros en Liventus S.A., y Of Counsel en Contreras y Cía. Abogados.

 
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