Pedro y el lobo

Claudio Soto C.

Despejado el proceso de investidura, el gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, comenzó su tercer mandato con una legislatura que, hasta estas alturas, no es solo compleja, sino que requerirá de una fortaleza, dirección y estrategia política para cumplir todo lo que prometió a los grupos que avalaron su elección.

Con un Partido Popular sin ideas coherentes, apostando por la crítica destemplada, dejándose arrastrar por las líneas más duras de VOX, y sin un programa de propuestas propias para mejorar la calidad de vida de los españoles, la tarea de Sánchez se estacionará por un buen tiempo en la trinchera de quienes le apoyaron y que necesitan justificar ante su electorado por qué son partidarios de un gobierno progresista.

Bajo este panorama emerge la figura del nuevo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien en una cartera supra política deberá asumir difíciles retos, como por ejemplo, aprobar y dar viabilidad jurídica a la Ley de Amnistía con arreglo a la Constitución, sacar adelante la apremiante renovación del Consejo General del Poder Judicial para dar aire a la propia judicatura, junto con impulsar políticas de modernización propias del ministerio, plasmadas en el llamado “Plan de Justicia 2030”.

Pilar Llop, su antecesora, hizo gala de toda su fortaleza técnica —demostrada sobre todo en la corrección normativa de la llamada Ley del Solo Sí es Sí y seguramente también en la fundamentación de la Amnistía—, pero en los tiempos que corren el gobierno necesita de un articulador político como Félix Bolaños. El ministro socialista, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y que destacó como número uno en el Curso General de Abogacía de la Escuela Práctica Jurídica, así como en el Curso Especial de Derecho Laboral, tendrá una tarea titánica y para eso necesita ser un lobo dentro del gallinero.

Pilar Llop, exministra de Justicia España

Si Pedro Sánchez ha demostrado que para ser Presidente es necesario ser práctico, el ministro necesitará de astucia, diálogo y convencimiento, porque de su cartera dependerán la pavimentación definitiva de los ejes centrales del camino que posibilitó la investidura y que partió con el fotografiado acuerdo con Oriol Junqueras, líder del partido independentista catalán, Esquerra Republicana. Hasta la llegada de Bolaños, nunca habíamos visto a la cartera de Justicia —siempre relegada a un plano técnico— entrar tan de golpe al ring de la política con mayúsculas.

Para sacar adelante la proposición de una Ley de Amnistía —que favorecería directamente a quienes llevaron adelante el fallido proceso independentista en Cataluña— no solo deberá sortear las trabas que por la vía reglamentaria ya ha puesto la Mesa del Congreso controlada por el Partido Popular, o la posible presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerarla contraria a la Carta Magna, sino que también, deberá ganarse el apoyo de políticos, jueces, fiscales y colegios de Abogados de la península que hasta aquí han mostrado una posición desfavorable.

Cabe recordar que la molestia de los operadores jurídicos es con la idea subyacente del pacto sobre la amnistía entre el PSOE y Junts y de un posible lawfare, o lo que es lo mismo, una posible intromisión de la justicia en el terreno político, y que incluso podría llevar a una revisión parlamentaria o comisiones investigadoras de las decisiones propias de los tribunales de Justicia, con lo que se afectaría —dicen— la independencia de los órganos y la separación de poderes.

La renovación de la cúpula judicial también será compleja y más ahora que no se avizoran puentes de entendimiento entre los principales partidos políticos, dinamitados mucho antes del proceso de investidura. Desde diciembre de 2018 que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue atascada —incluyendo su presidencia— y pese a los anuncios de modificación de su integración y una propuesta de reforma a su Ley Orgánica, el proceso no avanza un ápice.

Félix Bolaños

El artículo 588 de esta Ley señala que el “Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución” y que “los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Así han pasado casi cinco años.

El problema es que mientras no se renueve el órgano superior de los jueces (CGPJ), estos no pueden efectuar los respectivos procesos de nombramientos de quienes siguen en los escalafones inferiores. La situación afectaría a un 30% de los cupos vacantes para jueces, pues hay muchos de ellos en distintas partes del país acogidos a jubilación, bajas voluntarias o fallecimiento.

En tanto, en materia de modernización de la Justicia, Bolaños también tendrá tareas. En marzo de 2020, la entonces ministra Llop anunció un plan para que la justicia no solo fuera más accesible y cercana a la ciudadanía, sino que también enfrentara la ineficiente reasignación de recursos, la organización compartimentada y poco flexible, un modelo de gobernanza judicial poco efectivo, además de normativas y procedimientos desactualizados.

Tal como ocurre en el resto de los países de Iberoamérica, la percepción que tiene la ciudadanía española de su sistema judicial y operadores no es el mejor. El propio Ministerio reconocía hace dos años que, pese a los esfuerzos, la inyección progresiva de recursos muy superior al promedio europeo (79,1 euros por habitante versus 64 euros de la UE) y el trabajo de más de 250.000 funcionarios que forman parte del sistema público de justicia, la valoración ciudadana del sistema seguía siendo deficiente.

A lo anterior, se suman prioridades en materia de Justicia detectadas por distintos Colegios de Abogados —como el de Madrid o Barcelona— y que siguen siendo apremiantes para la población, tales como, la reincidencia delictual, la ocupación ilegal de viviendas, los llamados créditos revolving (Línea de crédito), la cláusula “rebus sic stantibus” (cláusula que se emplea para afirmar que una norma se aplicará mientras se mantengan las condiciones para la circunstancia que se dictó); o la especialización en la jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad a través de la implantación de tribunales de instancia y de oficinas de justicia en los municipios.

El tercer mandato de Pedro Sánchez dependerá mucho de como avance Bolaños. Si el nuevo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reconstruye puentes en el área política, bajo el paraguas del diálogo y los acuerdos, la justicia avanzará a pasos agigantados. Si no es así, los visos de modernización deberán seguir esperando hasta la próxima década.

 
*Claudio Soto Coronado es periodista y Licenciado en Derecho, es director asociado de idealex.press para Europa.
 
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