Participación de OSFL en el Examen Periódico Universal de la ONU

El domingo pasado se conmemoró el día internacional de los derechos humanos, instancia promovida por las Naciones Unidas, para recordar la fecha en que se acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos 75 años atrás. Pero ¿en qué hemos avanzado en este ámbito y qué podemos hacer desde la sociedad civil para monitorear estos avances?

Alejandra Ferreiro

En efecto, una herramienta que ha demostrado ser valiosa para el avance en esta materia, es el Examen Periódico Universal (EPU), instancia a partir de la cual los distintos países miembros de la ONU se hacen recomendaciones recíprocas en materia de DDHH en ciclos distribuidos cada 4 años.

En el caso de Chile, se han adoptado varias de las recomendaciones efectuadas por otros países, fortaleciéndose la institucionalidad, y legislación en materia de derechos humanos. A modo de ejemplo, entre estos progresos, está la Ley N° 21.154, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue uno de los 71 compromisos que tomó el Estado de Chile en 2009.

Actualmente, nos encontramos en la última fase del tercer ciclo del EPU, en el cual Chile aceptó 211 de 266 recomendaciones, lo que representa el 79,32% del total de observaciones recibidas. Lo anterior implica un aumento considerable de más del 190% en comparación al ciclo anterior, y un gran desafío a todos quienes participan de esta instancia. Y no es menor, porque se trata de una visión global de cómo perciben el cumplimiento de DDHH en nuestro país desde otras latitudes, y que permite la revisión independiente de nuestras políticas.

El proceso cuenta con distintas instancias, siendo una de las más importantes, un diálogo interactivo que se lleva a cabo por medio de sesiones del Grupo de Trabajo EPU (el cual está compuesto por los 47 miembros del Consejo de DDHH de la ONU) y en la que cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas puede hacer preguntas, comentarios y/o recomendaciones a los Estados que están siendo objeto de la evaluación.

Antes de efectuar recomendaciones, cada Estado estudia el informe del Estado en revisión, además de información aportada por parte de expertos, grupos independientes de DDHH, y otros interesados. En este último apartado, se incluye la información recopilada por las instituciones de DDHH en el país, y también, aquella enviada por las organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera, la participación de la sociedad civil se ha vuelto indispensable en este proceso, ya que a través de sus informes, se les permite a los demás Estados miembros acceder a información distinta a la cual aporta el Estado que está en revisión, para realmente percibir la situación de DDHH en el país objeto del análisis.

Fundación Pro Bono ha sido parte en este proceso, apoyando a distintas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) agrupadas en mesas de trabajo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a presentar informes paralelos al del Estado, y así contribuir con insumos a las recomendaciones de otros países. Gracias al apoyo de nuestra red de abogados, pudimos asistir en la redacción de estos informes, compartiendo experiencias y visiones de las OSFL en temas tan relevantes y atingentes como reinserción social, calle, adulto mayor, niñez y discapacidad.

El impacto de estos informes paralelos ha sido visibilizado en algunos casos, como en el de Nepal, ya que gracias a intervenciones de la organización civil, se logró una mayor conciencia acerca de la fragilidad de leyes en asuntos de violencia sexual, y se logró que otros países recomendaran reformar el plazo de prescripción para la violación (el cual era de tan solo 35 días). Luego de la revisión correspondiente, dicha recomendación fue acogida por Nepal, logrando una ampliación de este plazo.

El aporte de la sociedad civil en instancias como el Examen Periódico Universal y otros, es inestimable, ya que brinda una visión complementaria, y muchas veces crítica de la realidad de los derechos humanos en los distintos países. Sobre todo cuando la información que aportan los propios Estados se pone en duda. Se trata de una apuesta que requiere de la participación activa de la sociedad civil, la que a través de sus organizaciones demuestran el profundo compromiso de estas en la construcción de un Chile respetuoso de los derechos humanos en su más amplio espectro.

 
Alejandra Ferreiro es abogada de la Universidad Católica de Chile, coordinadora de organizaciones sociales de Fundación Pro Bono.
 
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