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jueves, 29 de julio de 2021

internacional

Pablo Ruiz-Tagle: “En el Tribunal Constitucional hay un exceso de atribuciones”

En esta entrevista con el programa Agenda Macro, el decano de Derecho de la U.de Chile y constitucionalista, que lidera una de las facultades más importantes e influyentes del país, aborda el proceso de reforma chileno y los cambios necesarios que deben realizarse en el TC. Además, entrega su opinión sobre la propuesta del gobierno sobre el nombramiento de magistrados y la colegiación obligatoria de los abogados y abogadas para fortalecer su control.

- 3 junio, 2021

Pablo Ruiz-Tagle es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Es profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta casa de estudios.

Entre los años 2003 y 2015 fue director del Comité Académico del Programa de Doctorado de la Facultad. Entre los años 2011 y 2013 integró la Comisión Superior de Calificación Académica y hasta el año 2014, la Comisión de Concursos del mismo plantel.

Pablo Ruiz-TaglePablo Ruiz-Tagle

Quien fuera, además, profesor de la Academia Judicial de Chile e integrante de los grupos de estudio y evaluación del Consejo Superior de Investigación Tecnológica de Chile, con una larga lista de invitaciones como académico en diversas universidades extranjeras, en Argentina, Colombia, EE.UU., México y España, es reflexivo, pero también franco y directo: hay buenas razones para pensar que los integrantes del TC, en la medida que ejercen un poder político-constitucional, también son susceptibles de ser acusados”, señala.

— ¿Está contento con la gran cantidad de abogados y abogadas de su universidad que fueron elegidos como constituyentes y que serán parte del proceso de discusión y construcción de una nueva Carta Magna para el país?
Son 14 las personas que fueron elegidas entre profesores y estudiantes. Creo que somos la Facultad de Derecho que tiene más representantes en la Convención. En total son 155 y 60 de ellos son abogados, pero están repartidos en muchas facultades. La verdad es que lo que más me gusta de las personas que fueron elegidas es que hay una gran diversidad de pensamiento. No hay un pensamiento único, ya que representan a personas que son de regiones, de partidos de derecha, de centro, de izquierda, y entonces eso viene a reflejar lo que es el punto de vista, la posición, la tradición histórica – republicana que es nuestra Facultad de Derecho, la primera y la más antigua de nuestro país.

— Usted es profesor de Derecho constitucional ¿Cuáles son los temas ineludibles en materia de Justicia que deben discutirse en la elaboración de una nueva constitución?
Son los temas propios de toda Constitución. La organización, reconocimiento y garantías de los derechos fundamentales, por una parte; y por la otra, la estructura, organización y atribuciones del Estado. En este caso en Chile, por primera vez, se ha aceptado también la idea de la representación especial de los pueblos originarios, algo que es nuevo en Chile, aunque hay muchos países que lo han aceptado como idea. Pensemos en Canadá, Nueva Zelanda y algunos países de Latinoamérica.

Y la gran novedad de nuestro proceso constituyente yo diría que es la noción de la paridad. La paridad constitucional que supone establecer una representación, un criterio de discriminación positiva a favor de la representación de las mujeres en la Convención Constitucional. Eso es algo nuevo, quizás nunca en la historia ha ocurrido antes. Merece la atención de los estudios de derecho constitucional en todo el mundo.

— ¿Debe haber reformas al Tribunal Constitucional, o al menos restringirse sus atribuciones, como, por ejemplo, el control preventivo sobre la constitucionalidad de las normas durante la tramitación de los proyectos de ley?
Yo he estado entre los partidarios que pensamos que el Tribunal Constitucional es indispensable en una democracia constitucional contemporánea. Pero en el caso del TC chileno hay un exceso de atribuciones, particularmente en lo que se llama el control preventivo, el control que se ejerce antes que las leyes sean aprobadas y que no se refieren en verdad a un caso en concreto interpuesto por un poder del Estado.

Creo que hay que revisar esa atribución. Creo que también hay que revisar algunas otras ideas como son la integración. He propuesto que el número de integrantes del TC se aumente, se duplique, de manera que pueda también sea un tribunal de última instancia para las materias contencioso-administrativas que en Chile tienen una gran falencia en cuento a su tratamiento. Así, que creo que el TC va a ser objeto de reformas en el proceso constituyente que estamos viviendo.

Agregaría la idea de la acusación constitucional de los integrantes del Tribunal, con un criterio de responsabilidad política. Esto, es bien discutido en la doctrina. Hay buenas razones para pensar que los integrantes del TC, en la medida que ejercen un poder político-constitucional, también son susceptibles de ser acusados como lo son los jueces de la Corte Suprema y otros integrantes de los poderes del Estado.

— ¿Y qué le parecen los cambios al nombramiento de magistrados de tribunales superiores?
Hay una propuesta en el Congreso del Gobierno. La verdad, no estoy de acuerdo con esa propuesta. Se ha propuesto que haya una comisión y que las atribuciones que estaban radicadas en el Ejecutivo sean trasladadas a una comisión de nombramiento de jueces. Es una especie de Consejo Nacional de la Magistratura en modelo “mini”, y a mí esa solución no me gusta. Creo que ha tenido muchos problemas la institución del Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque siempre es problemático que el poder político intervenga en los nombramientos judiciales, en una democracia la legitimidad del poder político y la interacción entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con transparencia, con el análisis de los currículum de los jueces, en forma abierta en el ejercicio de las atribuciones de cada poder es un mejor sistema que estar estableciendo comisiones en donde son nombradas personas que puntualmente no van a tener esa responsabilidad política y esa legitimidad.

— Su Facultad ha anunciado que apoyará a la asociación de fiscales ¿Por qué? 
Nosotros, en la facultad, de acuerdo con nuestro criterio tradicional, republicano, estamos orientados en el proceso constituyente a lo que podríamos llamar una lógica de 360 grados. Es decir, estamos preparados para interactuar con todos los sujetos o agentes políticos, todos los partidos políticos, todos los organismos públicos. Hemos hecho convenios con los pueblos originarios, hemos hecho convenios para preparar un trabajo con empresarios de la Sociedad de Fomento Fabril, con magistrados que han intervenido en muchos de nuestros seminarios y también ahora, más recientemente con la Asociación de Fiscales, que están preocupados de los temas de la justicia criminal, como, por ejemplo, de hacer más eficiente la protección de las víctimas, de revisar la idea de la autonomía, de la protección de los derechos fundamentales de los fiscales en el ejercicio de sus tareas como funcionarios. Son tareas de Estado, no son en representación de grupos de interés. La Universidad de Chile, y su Facultad de Derecho no confunde sus intereses con los de grupos particulares, pero si está preparado para interactuar con todos ellos en el trabajo de la nueva Constitución. La nueva Constitución no es para algunos. Es para todos los chilenos y todas las instituciones de Chile.

— ¿Le gusta la idea de un Ministerio de Seguridad Pública, distinto al de Interior y la creación de una Fiscalía especializada en Derechos Humanos, como lo anunció el Presidente de la República?
Los ministerios se crean por ley, una Fiscalía de Derechos Humanos podría ser una sección dentro de la Fiscalía. Creo que son tareas que hay que considerar seriamente. Las materias de Interior y de Seguridad no son exactamente las mismas. Las primeras son de orden político, y las de seguridad son más específicas. No sé si agregando un Ministerio de Seguridad –que es algo que se ha propuesto en el pasado y que yo he mirado con simpatía- puede mejorar el control de las policías, el control del orden público. En todo caso, no son materias estrictamente constitucionales. Son propuestas políticas y habría que analizarlas con los proyectos en concreto que se manden, porque muchas veces pasa que los gobiernos hacen anuncios de lo que van a presentar y no lo presentan. O, lo que presentan a veces no tiene nada que ver con lo que se ofreció, entonces veamos el proyecto concreto y ahí podemos opinar.

— Y qué le parece la propuesta de la colegiatura obligatoria para los abogados y abogadas del país para robustecer el control ético. Ha conversado con el profesor Héctor Humeres, presidente del gremio y ex alumno de la facultad y actual profesor de derecho laboral…
Don Héctor es un prestigioso académico, profesor titular, que trabaja muy estrechamente conmigo en tareas de su departamento, por cierto, de la seguridad social. Él es presidente del Colegio de Abogados y también en la Editorial Jurídica. Pero, hay muchos profesores que tienen una idea sobre este tema, y éstas no son uniformes. En nuestra facultad hay diversidad de pensamiento. Hay algunas personas que tienen aprehensión, que creen que esta obligación de afiliarse pueda afectar la libertad de asociación, la libertad de trabajo. Y hay otras personas que piensan que para que existan un efectivo control ético no se ha encontrado otro mecanismo que establecer la afiliación obligatoria, que por lo demás, existe en muchos países de Europa. Es un tema que admite debate.

— ¿Y usted es parte o se identifica con uno de estos grupos?
Yo soy partidario del control ético. Y la pregunta es si es que puede lograrse ese control ético de una manera eficiente, sin imponer la afiliación. Si no se puede lograr, sino imponiendo, como un mal menor creo que hay que imponer la afiliación obligatoria. Pero, quizás se podría exigir a todos los abogados estar sometidos al control ético de los colegios profesionales, al control de los pares, sin necesariamente pagar las cuotas o estar inscritos. Yo creo que quizás pueda existir una solución intermedia. Pero, el control ético es fundamental, porque si no, deja de ser una profesión y se convierte en un mercadeo cualquiera. Lo esencial de la profesión es regirse por reglas autoimpuestas y que son controladas por los pares. El que exista una obligación para que se construya un ejercicio digno y libre de la profesión es una condición que no me asusta, porque el pensamiento republicano ve el derecho y las reglas como la base de la libertad, no como lo contrario a la libertad.

Entrevista a Pablo Ruiz-Tagle

Ve la conversación completa en nuestro canal de YouTube de idealex.press.

 

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