OEA exhorta a Chile a impedir la impunidad

Diversos organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU han señalado que se produjeron en Chile variadas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en 2019.

En ese contexto y 14 meses después del inicio de las protestas, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) lanzó recientemente un informe titulado “Evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social”.

Durante un encuentro virtual que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre fue presentado este trabajo realizado en colaboración con la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derecho Humanos de la Universidad de Chile y la Defensoría Jurídica de dicha casa de estudios.

El evento contó con la participación del director ejecutivo del CEJA Jaime Arellano; la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Katya Salazar; el subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Felipe Abbott y Marco Fandiño, director de estudios del CEJA y quien encabezó la investigación.

“Esperamos que este estudio ayude a mejorar la capacidad del sistema de justicia penal para investigar y perseguir las violaciones de derechos humanos de modo exitoso, a fin de impedir la impunidad de los hechos sancionables y enviar una señal clara del destierro de estas prácticas en un Estado democrático de derecho”, señaló Jaime Arellano, director ejecutivo de CEJA.

Principales conclusiones

De acuerdo a lo señalado por Marco Fandiño la investigación trazó una serie de indicadores con los cuales evaluaron la gestión del sistema judicial chileno entre los que destacan oficiosidad, oportunidad y exhaustividad.

Respecto al primer concepto el director de estudios del CEJA afirmó que existe sólo un 2% de investigaciones iniciadas por oficio. Asimismo, señaló que se comprobó que “existe un correlato entre el rol activo de las víctimas o querellantes con las investigaciones que más avanzan”.

Sobre la oportunidad, el informe concluye que en general no se cumple con la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata ni tampoco se avanza en las mismas durante un plazo razonable. “Tras 14 meses sólo existen imputados formalizados en menos del 1 por ciento de las causas”, se lee en el trabajo del CEJA.

En relación al principio de exhaustividad, el abogado español afirma que detectaron diversos problemas como “que los fiscales no se apersonan regularmente en el lugar y eso afecta la recolección de evidencias en la escena del crimen”.

Por su parte el informe agrega otros problemas vinculados a este principio: “La inobservancia de la obligación de analizar el contexto en que concurren las violaciones con el fin de identificar patrones de sistematicidad; las dificultades para garantizar la veracidad de la prueba documental y la celeridad en la obtención de pruebas testimoniales”.

Intervención civil y enfoque interinstitucional

El director ejecutivo del CEJA Jaime Arellano abordó las recomendaciones que desde este organismo dependiente de la OEA realizan a partir de su investigación. En primer lugar señaló que es muy importante concretar iniciativas como la creación de un protocolo interinstitucional para las primeras diligencias de investigación.

“Proponemos que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal preste especial consideración a la agilización de las investigaciones y a situaciones de obstrucción junto con la culminación del proyecto de Banco Unificado de Datos” afirma Arellano.

Respecto al rol del Ministerio Público, el director del CEJA abogó por una reformulación del Oficio FN Nº 037/2019 que es el documento que regula la actuación de los fiscales ante este tipo de delitos. “Obligar a los fiscales para que concurran presencialmente cuando se presuma una violación de derechos humanos para supervisar la adecuada realización de las primeras diligencias” es lo que señala el informe donde además se promueve la creación de una fiscalía especializada en la materia.

Asimismo, el informe presenta una mirada sobre el rol de las policías donde señala la importancia de una reforma estructural a Carabineros -incluso hablando de una “intervención civil”- ya que según datos de la investigación un 92,8% de las denuncias de violaciones a los derechos humanos van en contra de dicha institución.

“Existe un fuerte consenso respecto a la necesidad de una reforma estructural y profunda a Carabineros, que modifique su funcionamiento actual, en donde se revisen sus facultades de detención, su sistema disciplinario y sus mecanismos de control, entre otros aspectos” indica el informe.

Por último, Katya Salazar dijo que la situación de las policías chilenas no son una excepción en la región y sugirió que sea el Estado quien pida colaboración a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para que un grupo interdisciplinario de expertos independientes pueda asesorarlos y sugerir los cambios necesarios para adaptar la legislación chilena al estándar internacional en esta materia.

Si quieres revisar el informe completo del CEJA haz click aquí.