OCCA: nuevo observatorio monitorea conflictos civiles en Latinoamérica

Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia

En Chile, durante el primer semestre de 2020, los 100 juzgados civiles —y en aquellos territorios donde no existen éstos, los Juzgado de Letras con competencia común o mixta— ingresaron un total de 557.225 causas, alcanzando casi el millón de procesos que actualmente se encuentran en trámite.

Según estadísticas del Poder Judicial de ese país, la mayoría —poco más de 326.000— obedecen a procesos ejecutivos y más de 145.000 causas, a gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y solicitud de medidas prejudiciales, lo que devela el enorme impacto que este tipo de conflictos tienen en los sistemas judiciales de prácticamente todos los países latinoamericanos.

En aquellos lugares en donde empezaron a operar sistemas reformados, se ha logrado, principalmente gracias a la oralidad, mejorar los tiempos de resolución de las causas y dar una respuesta con mayor celeridad a la ciudadanía. Por ejemplo, en Argentina, según destaca el Ministerio de Justicia, la oralidad acortó las causas civiles a poco más de un año en 14 jurisdicciones.

De acuerdo con el Informe Nacional de la Generalización de la Oralidad Civil de ese país, que analizó más de 10.000 causas finalizadas en 2019, se detectó que el promedio de su duración, que habitualmente era entre 3 y 7 años según las distintas provinciales, se redujo a 498 días corridos (1 año y 4 meses). “En términos porcentuales, el 69% de los juicios finalizaron en menos de dos años y el 34% en menos de uno”, señala el reporte.

Observatorio Latinoamericano

Para este tipo de justicia se han iniciado procesos de reforma en distintos países de la región: en 1993, Perú, para luego continuar Honduras (2009) y El Salvador (2010). Con posterioridad se produjo la reforma colombiana en 2012 y, después, se registraron transformaciones en la justicia civil en Bolivia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, aún existen desafíos comunes y persistentes de acceso a la justicia, sobre todo en sectores más vulnerables.

Es por eso por lo que, como una forma de visualizar lo que pasa con los conflictos civiles y las barreras sobre el acceso a la justicia en la región, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) puso a disposición de la comunidad el primer Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA).

Se trata de una iniciativa liderada por el ente internacional que funciona al alero de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que busca aportar además a la transparencia, la discusión y la toma de decisiones en 6 áreas de variada conflictividad en el área civil, tales como: vivienda y tierras, consumo, salud, dinero, relaciones de pareja y familia, y convivencia comunitaria.

El observatorio, que nace como proyecto en 2017, es un mecanismo para monitorear los conflictos civiles que viven las personas y las diversas barreras que enfrentan para resolverlos, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina, y a él contribuyen organizaciones civiles y académicas de 8 países de la región, cuyo trabajo es sistematizado por el equipo técnico del observatorio regional en CEJA.

Primeros reportes

En una primera etapa, el Observatorio se ha centrado en las realidades de acceso a la justicia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay, publicando, a la fecha, sendos informes sobre vivienda y tierras, consumo y relaciones de pareja y familia.

El observatorio busca, entre otros objetivos, producir información simple, estratégica y de alto impacto social sobre la conflictividad civil y el acceso a la justicia en América Latina, junto con socializar las problemáticas del acceso a la misma para concientizar sobre la necesidad de reformas.

Para dar vida al OCCA funciona un observatorio regional centralizado que propone metodologías de levantamiento de información, sistematiza la misma que entregan los observatorios locales, elabora reportes temáticos, coordina la publicación de los hallazgos y la estrategia de difusión.

Asimismo, en cada país analizado, se levantan observatorios locales, que tienen por tarea recopilar información sobre los conflictos en las áreas señaladas, así como identificar las barreras de acceso a la justicia en cada territorio. También, proponen metodologías y temas a la agenda regional del OCCA.

Los integrantes

Forman parte del observatorio la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina; la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil; la Universidad Alberto Hurtado de Chile; la Universidad de Francisco de Paula Santander de Colombia; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador; el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad Politécnica de Nicaragua; y el Centro de Estudios Judiciales de Paraguay.

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