O tercer strike o sistemas alternativos a la cárcel

Una fuerte preocupación existe por parte de las autoridades gubernamentales y policiales tras el aumento de los delitos violentos, dentro de los que destaca un significativo incremento de los homicidios en Chile, que comparativamente al año 2020, el 2021 superó en un 20% el registro del año anterior.

Asimismo, según las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito, el primer trimestre de 2022 ha registrado un aumento porcentual de 46% en comparación al mismo trimestre del año anterior.

El Subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, consultado sobre las causas de este aumento este fin de semana, llamó a “(…) dejar de lados los diagnósticos y ponerse a trabajar, porque mientras nosotros analizamos y conversamos, hay personas que están siendo víctimas de delitos en este país”.

Acto seguido, no fue capaz de explicar con claridad el por qué se ha producido el aumento ni cuál será la estrategia para atajar dicho fenómeno. La única asociación que ha hecho es que los homicidios: “Siguen ocurriendo de forma desproporcionada en las comunas que tienen menos ingresos”. Sin embargo, tal aseveración no aporta nada realmente novedoso, ya que siempre la estadística ha indicado que estos delitos ocurren con mayor frecuencia en esos lugares.

Desde esta tribuna, me permito contradecir al Subsecretario: El desarrollo de un diagnóstico certero permite generar mejores estrategias e instrumentos para revertir las tendencias. En eso tenemos un desacuerdo. Asimismo, le entrego un dato no menor: en los últimos 5 años ha existido una alteración estadísticamente significativa en la trayectoria del delincuente vinculado a este delito, que permitiría sostener una tesis distinta que favorece la aparición de este fenómeno en particular, y que es disonante con la evidencia que existe a nivel global.

Me explico.

La evidencia empírica -a nivel global- apoya que los delitos violentos tienen un fuerte factor endógeno relacionado al desarrollo humano. De ese modo, los estudios sobre trayectoria criminal afirman que los delitos violentos están íntimamente ligados al desarrollo hormonal y cognitivo de los jóvenes (Piquero, Farrington y Blumstein—2007), concluyendo que un adolescente está más predispuesto a la comisión de un ilícito de estas características que un adulto.

Las gráficas que recogen esa evidencia son elocuentes. La trayectoria de los criminales violentos tiene un aumento explosivo a partir del comienzo de la pubertad, llegando a su apogeo entre los 14 y 17 años, procediendo luego de decaer abruptamente. A partir de los 30 años, la tendencia a los delitos violentos se vuelve marginal.

Si bien el homicidio es la expresión más exacerbada de los delitos violentos y por ende esperable que su aparición sea más tardía, igualmente tiene una trayectoria conocida y que ha sido relativamente regular hasta hace 5 años atrás en nuestro país.

En Chile hasta 2016, los victimarios vinculados a homicidios se concentraban en las edades de 18 a 29 años.

Sin embargo, algo ocurrió. Algo respecto de lo cual hay que reflexionar.

Entre 2017 y 2021 la evidencia indica la existencia de una transición, en donde generaciones más adultas aparecen igualmente dispuestas a la comisión de homicidios que sus pares jóvenes. Resulta particularmente perturbador constatar que para 2020 y 2021, por primera vez en nuestra historia delictual, los adultos de 30 a 44 años igualan o superan a los jóvenes de 18 a 29 años, como sujetos activos vinculados a casos de homicidios.

Entonces surgen las preguntas: ¿Qué posible explicación permite esclarecer el nuevo fenómeno? ¿Qué motiva a generaciones más adultas a cometer homicidios, cuando el desarrollo cognitivo y hormonal no pareciere ser determinante?

Lo que es cierto, sin embargo, es que difícilmente pueda atribuirse esta transición a un factor endógeno asociado al desarrollo cognitivo y hormonal de los victimarios —como la falta de control de impulsos, la ausencia de mayores y mejores herramientas para superar la frustración, etc.—. Resulta más plausible, al menos como tesis de estudio, que existen factores exógenos más determinantes que impulsan a generaciones mayores al delito del homicidio.

Otra posible tesis —o la misma, pero más perfilada—, es un crecimiento de la industria del sicariato liderado por personas adultas, como una fórmula para generar ingresos económicos al no poder insertarse en el mercado formal, ya que esto vincularía la evidencia empírica con una serie de crisis modernas que se han presentado los últimos años —masiva migración informal; crisis económica local y global; deslegitimación del ordenamiento normativo y sus policías; desconfianza en las instituciones públicas; hacinamiento en sectores periféricos, vinculado al déficit habitacional; entre otros—.

Con todo, las respuestas a estas preguntas pueden perfilar de mejor manera la política pública a implementar para morigerar estos indicadores.

Finalmente, me permito dar una sugerencia. El delito de homicidio, como ya he dicho, es una exacerbación de la conducta violenta. La mejor forma de frenar su aparición es contener en forma más temprana y por mayor tiempo a los victimarios más jóvenes. En EEUU ha dado buenos resultados la ley del tercer strike, la que podría ser una opción.

Otra opción sería dictar normas que restrinjan en las generaciones más jóvenes la aplicación de la remisión de la pena, como pena sustitutiva, y se supla por libertad vigilada o, derechamente, por algún sistema privativo de libertad alternativo como la reclusión domiciliaria total o parcial.

Respecto de la aparición del sicariato, como fenómeno moderno y cada vez más extendido, la estrategia debe ser distinta; sobre todo cuando este se encuentra vinculado al crimen organizado.

*Andrés Sepúlveda Jiménez es abogado de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho Penal y Profesor de la cátedra “Derecho Penal Económico: casos prácticos” de la Universidad Central de Chile.

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