Nueva Ley Fintech y hub tecnológico

Cristián Oppliger

La Ley Fintech trae una serie de desafíos para este mercado en auge. La estructura de la normativa aprobada determina un “marco de acción” y sobre este se ejecutará la regulación secundaria, que es la aplicación práctica a emitirse por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Estas normativas secundarias deberán tener buen sustento para no ser “letra muerta” frente a negocios que son nuevos para los reguladores y el derecho chileno.

Se ha anunciado que la CMF va a crear un “hub tecnológico”, espacio de creación/entendimiento de tecnología y de generación de sinergias entre los interlocutores. Esto busca tener una retroalimentación constante entre los distintos negocios del mercado y la entidad regulatoria. En principio, aquello está bien encaminado: hay intenciones claras de la autoridad por actualizarse en el tema y dar fiel cumplimiento a los principios base de la nueva ley marco (proporcionalidad, modularidad y neutralidad).

Así, proporcionalidad se traduce en que no se va a fiscalizar de la misma forma a una gran entidad tecnológica —o “big corp”— que a una que cuenta con pocos clientes. Entendiendo que los servicios tecnológicos son varias piezas que se juntan para poder traer un resultado de ejecución concreto, la modularidad se aplicaría conociendo bien del negocio que se trata cuando le toque ejercer su rol fiscalizador. Y la neutralidad es no dar ningún tipo de beneficio adicional a una entidad sobre otra ni a la utilización de una tecnología por sobre la otra.

En términos jurídicos, el mejor concepto para el hub tecnológico sería el de “sandbox” —concepto abordado a propósito de la regulación de la eventual normativa en Inteligencia Artificial—, definido como un espacio de prueba que tienen tanto regulados como reguladores y que viene del concepto de la caja de arena que usan los niños, en el cual hay creación y modelamiento constante y en donde se están probando de forma constante nuevas tecnologías en colaboración mutua entre el regulador y el regulado.

Podría haber dos enfoques distintos para su aplicación: “test and learn” y “wait and see”. El primero es la creación de un esquema ad hoc para probar una innovación específica en un ambiente controlado, donde el error puede ser tolerable y corregido. En el segundo, el regulador monitorea una innovación y espera a observar sus resultados operando, en el mercado mismo, antes de tomar decisiones sobre cambios regulatorios o en el que determina implementar gradualmente ciertas materias.

Otra forma interesante de abordar los sandbox —como concepto, no solo para estudiarse, sino como aplicación concreta— sería hacer un análisis comparativo con otros países de la región que han trabajado en torno a él. Un ejemplo concreto y con implementaciones por materias es Brasil, donde la Ley Fintech fue desplegada en 4 fases con ejecución de sandboxes específicos. Esto, además de tener resultados “tecnológicos” concretos (Pix) tuvo efectos prácticos: en menos de dos años, es el medio de pago instantáneo y gratuito más usado en el país.

En cada una de estas fases se hizo una distinción por temas a abordar, partiendo por compartir datos transaccionales básicos hasta llegar a un sistema que permite efectuar la misma operación respecto de inversiones, pensiones, seguros y productos de intercambio, entre otros, además de la iniciación de pagos. Esto generó una implementación gradual de la  normativa y períodos de “acostumbramiento” para sus distintos interlocutores, con aplicaciones concretas de la Ley Fintech y resultados de adopción tecnológica, como el de Pix.

Resulta muy importante definir antes cuál es el enfoque de cara a esta nueva institución y la forma de llevarla a cabo, ya que podemos tener distintos resultados en base a las tecnologías, actores y resultados esperados que se pretendan estudiar. El objetivo final siempre debería estar puesto en maximizar los beneficios y disminuir los riesgos para el usuario final que va a usar los distintos servicios financieros.

Cristián Oppliger Zan es profesor de los diplomados de protección de datos personales e inteligencia artificial de la Universidad Católica de Chile y head of Legal de Fintoc.

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