Nace Hitchings & González, boutique especializada en antitrust y acciones colectivas

La firma Hitchings & González (H&G) inició sus operaciones. Es una boutique de litigación en materia de antitrust y redress colectivo ubicada en Madrid, calle Diego de León, 22.

Felipe Riffo | idealisLex

El estudio está fundado por dos socios, Paul Hitchings (56) y Blas A. González (57). La creación de Hitchings & González se articula sobre la base de una colaboración entre las firmas Blas A. González Abogados (BGA) y Hitchings & Co. A partir de ahora, la totalidad del área de defensa de la competencia y acciones colectivas de BGA se integra en H&G, mientras que BGA continuará plenamente operativa en el resto de sus áreas: concursal, litigación societaria, propiedad industrial, marcas y patentes, mientras que la totalidad de la actividad de Hitchings & Co. pasa a la nueva boutique, H&G.

Paul Hitchings es abogado del University of Cambridge, LLM en College of Europe y es doctor summa cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 30 años de trayectoria en despachos como Norton Rose, Squire Sanders o Cuatrecasas. Es además director del Madrid Competition Litigation Seminar.

Blas A. González es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y diplomado de alta dirección de empresas en el Instituto Internacional San Telmo (IESE). Es miembro de la primera promoción de especialistas del Consejo General del Poder Judicial en asuntos mercantiles. Fue magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Juzgado Mercantil de Granada. También fue director del área de propiedad intelectual e industrial de Cuatrecasas.

“Estamos ante una necesidad del mercado: el antitrust civil vive un ascenso sin precedentes, la ley española sobre las nuevas acciones colectivas está encima de la mesa, y H&G nace justo en este momento proclive para dar una respuesta de máxima calidad”, comentó Paul Hitchings en un comunicado de prensa y añadió que la creación del estudio responde al auge del private enforcement, la inminente entrada en vigor de la nueva ley de acciones colectivas, y la creciente presencia de fondos de litigación que reclaman estructuras con capacidad técnica y solvencia suficiente para liderar procesos complejos.

 
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