Mujeres y delitos de drogas: La irracionalidad de la persecución criminal

Chile se posiciona con un liderazgo totalmente desalentador: somos el país de la OCDE con mayor número de mujeres privadas de su libertad en recintos penitenciarios, y no es por delitos violentos. Más del 59% de las mujeres que se encontraban encarceladas el 31 de diciembre del año 2023 estaban tras las rejas debido a infracciones a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. No obstante aquello, la gran mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad no ocupan posiciones de jerarquía o mando dentro del narcotráfico, sino que son microtraficantes, en su mayoría madres, que recurren a la venta de pequeñas cantidades de drogas para sustentar a sus familias que por lo general se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social.

María José Fernández

El sistema de justicia penal chileno en su conjunto, a través de sus instituciones, en lugar de dirigir sus mayores esfuerzos hacia los verdaderos responsables de las grandes redes del narcotráfico, ha enfocado su persecución criminal en los eslabones más débiles de la cadena, aquellos justamente más vulnerables dentro de dichas redes. Las mujeres, inmersas en el microtráfico de drogas, se ven por lo general forzadas a participar en este tipo de actividades ilícitas producto de la precariedad económica y la falta de oportunidades dentro del mercado formal, entre otros factores.

De hecho, se evidencia que en un 67% de las regiones del país, más de un 50% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas se encuentran por microtráfico, lo que evidencia la desproporcionalidad en la aplicación de sanciones penales. Es evidente que esa persecución criminal carece de racionalidad y proporcionalidad, puesto que estamos condenando a quienes menos poder y responsabilidad tienen dentro de estas organizaciones criminales.

Esta realidad se torna aún más compleja si analizamos el perfil de las mujeres recluidas por este tipo de delitos: el 83% son madres, muchas de ellas con hijos e hijas que se encuentran en etapas de niñez y adolescencia, y su encarcelamiento conlleva severas consecuencias tanto para ellas como para sus familias. Por su parte, el sistema penitenciario chileno, diseñado para una población mayoritariamente masculina, agrava esta situación al no proporcionar las condiciones mínimas necesarias para la vida de las reclusas dentro del medio cerrado. La falta de acceso a recursos básicos, como el agua durante su ciclo de menstruación, y la insuficiente atención médica son solo algunos de los ejemplos de las condiciones inhumanas en que las mujeres cumplen sus respectivas condenas.

Más allá del castigo que supone el encierro, lo que hace el sistema es perpetuar un ciclo de exclusión social y marginalidad. Una vez encarceladas, las mujeres enfrentan barreras prácticamente infranqueables para lograr una reinserción efectiva dentro de la sociedad. El estigma asociado al paso de una mujer por la cárcel y la falta de políticas públicas de apoyo las empuja a vivir en una constante marginalidad, lo que incrementa las posibilidades de reincidencia. Así, nuestra legislación vigente y nuestras políticas criminales en materia de delitos de drogas no solo fallan en su intento por combatir las grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, sino que también perpetúan la pobreza, la marginalidad y la criminalización de mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.

¿Es justo encarcelar a una madre que vende pequeñas cantidades de drogas para alimentar a sus hijos e hijas o personas dependientes de ellas, cuando el sistema no le ha brindado apoyo y alternativas efectivas para lograr salir de la precariedad socioeconómica en la que se encuentra?, ¿Es equitativo, justo y proporcional que, mientras ellas cumplen largas condenas, los líderes del narcotráfico continúan operando en impunidad? La respuesta es evidentemente negativa. La política criminal chilena, en su infructuosa lucha contra las drogas, ha centrado su atención en quienes detentan menos poder y quienes son fácilmente reemplazables en el negocio ilícito de las drogas, reproduciendo de esta forma injusticias y desigualdades.

La irracionalidad de la persecución criminal en delitos de drogas no solo afecta a las mujeres encarceladas, sino que también tiene un profundo e irreparable impacto en el tejido social. Las familias se desintegran, los hijos e hijas y personas dependientes de estas mujeres quedan desprotegidos y se perpetúa en ellos un ciclo de pobreza, exclusión y marginalidad que afecta a las comunidades especialmente vulnerables en nuestro país.

Al centrarse en las penas privativas de libertad como castigo a este tipo de conductas, el Estado chileno ha desatendido la posibilidad de abordar esta problemática desde un enfoque preventivo y restaurativo. Es así que solo mediante una reforma estructural que promueva políticas de inclusión, rehabilitación y reinserción podremos romper con este ciclo de desigualdad y avanzar hacia una justicia equitativa.

Es imperativo de que las leyes y políticas públicas en la materia dejen de operar bajo la lógica del castigo indiscriminado y se orienten hacia la reparación de un sistema que, hasta ahora, ha perpetuado las desigualdades. En este sentido, abordar las raíces profundas de la problemática significa apostar por una justicia que priorice la reinserción y la equidad, reconociendo a las mujeres no como delincuentes, sino como víctimas de un sistema que las ha marginalizado y desatendido. Solo así avanzaremos hacia una sociedad más justa y verdaderamente comprometida con la dignidad de las personas.

María José Fernández es doctoranda en Derecho de la Universidad Central.

 
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