Mercado inmobiliario alicaído

Durante años Chile fue el líder indiscutido en Latinoamérica en crecimiento económico e inversión. Esa posición se alcanzó principalmente porque el país era reconocido por tener un Estado de derecho sólido, en el que sus autoridades e instituciones respetaban estrictamente las normas del ordenamiento jurídico.

Aquello cambió y es común ver cómo nuestras autoridades no respetan la Constitución y las leyes, usando, muchas veces, resquicios normativos para imponer posiciones políticas por sobre el real espíritu de la ley.

Un ejemplo de lo anterior es el mercado inmobiliario. Actualmente, la obtención de permisos administrativos asociados a la construcción no es garantía de que serán respetados por la autoridad. Numerosos son los casos en que municipalidades, a través de sus direcciones de obra, revocan o dejan sin efecto permisos otorgados por el mismo órgano, o niegan las recepciones definitivas de proyectos terminados.

El destino de un proyecto inmobiliario en Ñuñoa se puso en riesgo producto de presuntas malas prácticas en que incurrieron las autoridades encargadas de su autorización, por razones que no eran todas técnicas. Una cuestión similar se experimentó en la comuna de Estación Central, donde la autoridad paralizó diversas recepciones de obra de edificios ya terminados, que contaban con permisos vigentes, pero que ahora controvierte la propia autoridad que los otorgó.

Esto no favorece el desarrollo de Chile: cada vez más inversionistas y empresarios frenan su actividad por no estar dispuestos a ver sometida su inversión a constantes cambios en las reglas del juego. Por lo demás, en los últimos años ha habido una masiva fuga de capitales hacia mercados que dan mayor certeza jurídica. Uno preferido por inversionistas chilenos en el extranjero es el Estado de Florida, en Estados Unidos. Ahí la aprobación de permisos vinculados a la construcción se rige por normas estrictas, pero que una vez cumplidas otorgan derechos efectivos a sus titulares, no quedando estos sujetos a actuaciones revocatorias posteriores o al simple capricho de la autoridad de turno.

¿Cómo avanzar? Nuestras autoridades deben reconocer la importancia del mercado inmobiliario en el desarrollo del país en los últimos 30 años y crear condiciones que fomenten su crecimiento, sin establecer trabas que lo sigan sepultando. ¿Es necesario modificar algunas de las actuales normas? Evidentemente. Se deben establecer marcos normativos estrictos —para evitar casos de corrupción— y reglas específicas y claras. Estos permitirán a las constructoras e inmobiliarias no ver afectados sus proyectos en ejecución ni terminados por decisiones adversas sobrevinientes de la autoridad.

Si ello implica endurecer las normas para la construcción de proyectos o la obtención de determinados permisos, no importa, es mejor alternativa que sujetarse a la interpretación subjetiva de la autoridad o del funcionario de turno.

Los diversos actores del mercado inmobiliario llevan años pidiendo cambios nregulatorios que permitan contar con normas claras y que den certeza jurídica. Esperemos que en 2023 las autoridades escuchen el llamado de un mercado inmobiliario cada vez más alicaído, permitiéndole volver a ser un motor para la reactivación de una economía golpeada.

Eduardo Correa es socio en Guerrero y Compañía Abogados. Cuenta con Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es doctor en Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona.

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