Mauricio Tapia analiza la protección y el principio pro consumidor en nuevo libro

“Lo usual en el mundo es que una ley de protección al consumidor se aplique cuando existe un consumidor y un proveedor: punto. Pero el caso chileno es bien peculiar porque se estableció una norma que ha sido muy nefasta para los consumidores, en la que se define que cada ámbito económico que tiene o que puede tener una ley especial que lo regula, podría, en términos generales, abstenerse de ser afectada por la ley de protección al consumidor”, dice Mauricio Tapia, profesor de derecho civil de la Universidad de Chile, quien ha publicado una obra este mes en búsqueda de resolver tal problema (Rubicón Editores).

Se trata del libro “Derecho de protección de consumidores. Principio pro consumidor y extensión de su protección”, donde se analiza a la Ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (Ley Nº 21.398) en Chile.

El bloqueo de las decisiones judiciales

Esta norma, advierte Mauricio Tapia, se ha visto «bloqueada» por “obstáculos legales que determinados grupos de interés lograron incorporar”, que han impedido que sea aplicada en sectores económicos, como es el caso de la salud con las empresas de prestación de servicios médicos; las pensiones; la educación y sus universidades privadas; el transporte aéreo; plataformas digitales de prestación de servicios y las autopistas concesionadas.

Mauricio Tapia

La base para lograr este cambio está en el Decreto con Fuerza de Ley de 2021 que había sido promulgado anteriormente a la Ley Nº 21.398, estableciendo en su artículo 2 ter que “las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo con el principio pro consumidor”.

Para el profesor de derecho civil, este principio en la ley serviría para impulsar una extensión en la protección de los consumidores en la normativa, pudiendo ser aplicada en los sectores económicos a los que no llegaba antes: “El principio pro consumidor debería servir, y eso lo trato de justificar detalladamente en cada área, para extender la frontera de la protección, superar las barreras legales que existen, sortear los tropezones jurisprudenciales y los fallos adversos”.

Tapia apunta a diversos ejemplos en los que la protección al consumidor ha sido «bloqueada» por el sistema judicial: en 2004 se intentó, mediante una modificación legal, que la ley del consumidor se aplicara a las isapres (aseguradoras privadas de salud en Chile), como se tenía planeado originalmente, pero en la jurisprudencia ocurrió lo contrario. Otro caso ocurrió en 2018, cuando el Tribunal Constitucional paralizó parte de una reforma que daría mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), como la de poder establecer infracciones. El TC argumentó que “sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que este no reúne”.

SERNAC

“En demasiadas oportunidades se ha utilizado un criterio inverso al que señala al principio pro consumidor, es decir, han existido más bien interpretaciones en favor de las empresas”, argumenta el profesor sobre por qué fue importante la explicitación del principio en la reforma de 2021.

Aun así, Tapia concuerda con la idea de la necesidad de un tribunal imparcial, por lo que en el caso de que el Servicio Nacional del Consumidor – Sernac logre tener atribuciones para imponer multas a empresas infractoras, sería necesario que exista una división dentro de la institución, de modo de evitar que presente demandas. Y ello porque “estaría haciendo de juez y parte, por lo que podría imponerle una multa a una empresa y luego demandarla».

«Tendría que establecerse una separación. En casos de demandas colectivas sería lógico que el Sernac no pueda participar y sólo puedan demandar las asociaciones de consumidores como la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS)”.

Los obstáculos al principio pro consumidor

El autor comenta que es prematuro diagnosticar si la aplicación del principio pro consumidor en la ley ha sido efectiva, dada su reciente incorporación en la normativa, sobre todo cuando algunas resoluciones del Poder Judicial han señalado que el principio no puede ser aplicado en los juicios en curso, decisiones con las que el académico discrepa.

Luis Cordero

Algo similar ocurre con las concesionarias, como las de autopistas, donde existe una discusión sobre si a ellas se les aplica la Ley de Protección al Consumidor, puesto que existe una relación privado-pública. En 2021, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, en medio de una disputa entre el Estado y empresas administradoras de autopistas, pidió un informe al entonces abogado y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, actual Ministro de Justicia, quien concluía en el documento que por la relación entre la sociedad concesionaria y los usuarios, donde la tarifa es un gravamen impuesto por ley, no se podía aplicar la ley de protección al consumidor.

“Las autopistas han sostenido el argumento de que lo que cobran es un impuesto, pero los tributos los cobra el Estado y no los privados, entonces es un argumento totalmente falaz y yo trato de demostrar en la obra cómo tal razonamiento, si bien ha sido recogido por algunos fallos, está siendo superado», dice Tapia.

«Una jurisprudencia que considero mayoritaria y correcta se opone a esta idea de que las tarifas de las autopistas son impuestos, por tanto, estoy completamente en desacuerdo con el informe del Ministro Cordero: las autopistas están sujetas a la ley de protección del consumidor y detallo las razones en este libro”, añade.

Ante tal situación, la obra busca impulsar la aplicación de la reforma de 2021 en las decisiones jurídicas en temas de consumo: “Lo que pretendo con este libro, con su larga extensión, es demostrar cómo el principio pro consumidor podría invertir los resultados adversos para los consumidores en cada una de estas áreas económicas. La obra tiene por propósito analizar lo que se ha hecho, analizar en detalle las leyes, analizar las reformas, analizar los cientos de fallos que se detallan en un anexo del libro, para en cada caso decir ‘mire, aquí la decisión hubiese sido distinta en favor del consumidor de aplicarse el principio’”.

Ficha técnica

Rubicón Editores

Título: Derecho de protección de consumidores. Principio pro consumidor y extensión de su protección
Autor: Mauricio Tapia
Editorial: Rubicón Editores
Año: 2023
Páginas: 815
Precio: $113.050 (USD 127)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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