Covid-19, retos y desafíos para la Abogacía

María Eugenia Gay, ICAB

María Eugènia Gay
Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

Gran parte de los desafíos derivados de los efectos económicos y sociales de esta terrible crisis sanitaria son comunes en muchas empresas que se dedican a la prestación de servicios profesionales; pero en el caso de la Abogacía éstos cobran especial relevancia por cuanto nuestra profesión ha velado históricamente por los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía.

Por muy difícil y excepcional que sea la situación —y sin lugar a dudas la pandemia provocada por la Covid-19 lo es— la Abogacía, como servicio esencial, debe estar en primera línea para garantizar la materialización efectiva del derecho de defensa y los contenidos que configuran un auténtico Estado de Derecho. Por eso, uno de los primeros grandes retos que tuvieron que asumir los despachos fue la adaptación de sus estructuras aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías y los sistemas de trabajo a distancia, para continuar con la prestación de sus servicios profesionales.

Esto nos ha servido para darnos cuenta de una situación ciertamente paradójica, pues la actividad de muchas empresas de servicios jurídicos —pese a estar tecnológicamente preparadas para el teletrabajo— se ha visto interrumpida por la paralización de la Administración de Justicia, a excepción de aquellas diligencias y actuaciones judiciales consideradas urgentes en los términos previstos en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el cual se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional.

Hace años que el uso generalizado de las nuevas tecnologías como forma habitual para relacionarse con la Administración de Justicia es una posibilidad prevista en nuestro ordenamiento jurídico, habiendo revelado la pandemia lo lejos que están de cumplirse tales disposiciones por una falta endémica de medios y recursos que de manera inaplazable debemos revertir. Así, aquellas organizaciones y entidades —tanto públicas como privadas— que con anterioridad a la declaración del estado de alarma habían apostado por la tecnología como un elemento esencial y estratégico a la hora de organizar y disponer sus recursos, no solo han podido mitigar el impacto de la crisis, sino que además han tenido la oportunidad de normalizar y profundizar aún más en el uso de las mismas.

En ese sentido, este inédito escenario ha sido también una oportunidad para reflexionar sobre las nuevas formas de ejercer la profesión, aprovechando la flexibilidad de unos entornos laborales que con toda seguridad perdurarán más allá de esta situación coyuntural; precisamente porque la Abogacía del siglo XXI tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad crecientemente global y compleja, en la que los profesionales deben estar en disposición de ofrecer un servicio que además de ser lo más integral posible resulte competitivo.

Hoy son necesarias otras habilidades que refuercen el manejo de las leyes y el Derecho —cuyo conocimiento se nos presupone— como el desarrollo de la capacidad de liderazgo, la gestión de equipos multidisciplinares o el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Los despachos deben elaborar un plan estratégico que tenga en cuenta la optimización de sus recursos, incorpore la innovación en su modelo de negocio y proyecte una imagen de solvencia de acuerdo con el perfil que de nosotros se espera siendo capaces de resolver todo de situaciones.

Conviene tener presente que durante los últimos meses la Abogacía ha tenido que dar respuesta a una cantidad enorme de inquietudes jurídicas, trabajando a contrarreloj para asumir una actividad normativa inusualmente alta por parte de las autoridades gubernativas marcada por unas evidentes razones de urgencia. Situaciones que pese a la adversidad y la incertidumbre debemos ser capaces de superar bajo el estandarte del derecho de defensa, pues como dijo con gran acierto y sabiduría Séneca “las dificultades fortalecen la mente”.

 
* Mª Eugènia Gay Rosell es, además de Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del CGAE, presidenta de la Comisión de Mediación de la Féderation diciembre Barreaux de Europa (FBE) y presidenta de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña. Es especialista en derecho procesal civil y ejerce de abogada en los ámbitos del derecho de familia, derecho de sucesiones, responsabilidad civil, derecho registral, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.

 
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