Los retos en la respuesta legal tras una catástrofe

La tragedia que azotó a las regiones de Chile de Viña del Mar, Quilpué y alrededores en el verano pasado, donde incendios devastadores arrasaron cientos de hogares, dejó un panorama de desolación. En este contexto de emergencia, Fundación Pro Bono, activó varios canales de orientación legal gratuita a quienes más lo necesitan, como el chat en línea y cápsulas informativas. Algo que dejó de manifiesto algunos desafíos que podrían ayudar a canalizar de mejor forma este tipo de ayuda.

Eva Méndez

Para la ayuda no urgente, como podría ser catalogada la ayuda legal en este tipo de situaciones, es difícil saber cuándo proceder sin ser un inconveniente para los equipos de emergencia y reconstrucción que tienen prioridad exclusiva en estas circunstancias. Es por esa razón que, sin tener un protocolo oficial de acción que involucre a la sociedad civil, es engorroso saber el momento para desplegar el poder del voluntariado legal en el lugar.

Pero eso no nos deja con las manos atadas. La primera etapa de la intervención de la Fundación Pro Bono se centró en acciones que se pueden hacer desde la distancia, como la difusión de información sobre la ayuda legal disponible para las víctimas, como regulación legal para voluntarios, posesión efectiva y muerte presunta, como también la activación de seguros. Por otro lado, el chat en línea, donde las personas pueden recibir orientación legal enviando un mensaje por WhatsApp, Instagram o Facebook, nos permitió resolver decenas de consultas relacionadas con los incendios.

No era una tarea fácil. Tuvimos que buscar formatos más fáciles de consumir por las personas, como las realizadas a través de charlas en vivo por Instagram, webinars en colaboración con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), y campañas en redes sociales, donde se logró llegar a un público amplio. Este esfuerzo no solo demostró la adaptabilidad y el compromiso de la fundación con la tecnología y las nuevas formas de comunicación, sino también su determinación para llegar a quienes más lo necesitaban.

Sin embargo, queremos que la asistencia no se limite a la esfera digital. Reconociendo que la ayuda legal, aunque no urgente en su naturaleza, es fundamental en el proceso de reconstrucción y de otras temáticas claves para las familias que han sufrido por esta tragedia, la fundación está preparada para realizar operativos legales en terreno. Este enfoque de asistencia directa permitiría abordar casos específicos, ofreciendo soluciones concretas y personalizadas. La experiencia previa de la fundación en campamentos de la Región Metropolitana, en donde el voluntariado ha realizado operativos en búsqueda de entregar acceso a la justicia a quienes no lo tienen, podría ser de gran ayuda para los afectados.

En la sociedad civil hay un sinnúmero de organizaciones listas para aportar desde su experiencia en este tipo de situaciones. Un ejemplo claro es el liderazgo que ha tomado MovidosXChile, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, quienes han articulado y canalizado toda la ayuda que se ha entregado para la reconstrucción de forma transparente. La inclusión de la sociedad civil en la respuesta a emergencias y catástrofes es fundamental para lograr una gestión eficaz y eficiente de las crisis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa ha implementado iniciativas para fortalecer la preparación, respuesta y resiliencia de las comunidades frente a emergencias, demostrando el valor de la participación ciudadana en estos procesos. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han sido socios cruciales para mitigar los impactos del virus en individuos y comunidades, especialmente aquellos en grupos vulnerables. Esto es evidencia de cómo el trabajo conjunto entre gobiernos, profesionales de la salud y la sociedad puede contribuir significativamente a la gestión de crisis​​​​.

A modo de ejemplo, en Europa, se creó la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés), marcando un paso adelante en la estructuración de la respuesta a emergencias en el ámbito europeo con su enfoque en la inclusión de diferentes actores, incluyendo la sociedad civil. Este tipo de organismos resalta la necesidad de preparación y respuesta coordinada, donde la priorización de las ayudas se ajuste a las necesidades inmediatas de salud y seguridad, seguidas por el soporte a la recuperación económica y social de las comunidades afectadas​​, hasta lo legal.

Eva Méndez es abogada de la Universidad Diego Portales, Jueza de Ética en el Colegio de Abogados de Chile y directora ejecutiva en la Fundación Pro Bono.

 
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