Los Proyectos s02e01: José Fernández Cruz y la regulación del cannabis

Dimensión administrativa, penal y tributaria del cannabis

Este primer capítulo de la segunda temporada de Los Proyectos —iniciativa conjunta entre académicos adjudicatarios de Fondecyt, Gramatical Producciones e Idealex.press— contó con la participación de José Fernández Cruz, profesor de derecho penal en la Universidad Austral de Chile y que es director del Proyecto Fondecyt Regular Nº 1220592 llamado “Una propuesta de regulación del mercado de cannabis de Chile. Especial referencia a sus dimensiones administrativas, penales y tributarias”

El capítulo contó con la participación de Mijail Villagra, director de estudios de la Fundación Eutopía, la cual busca generar una propuesta de regulación del cannabis, quien conversó con Fernández sobre su proyecto.

La investigación contó con 3 profesores para abarcar dimensiones distintas del problema. Juan Carlos Ferrada se encarga de la primera dimensión de derecho administrativo, Hugo Osorio examinará temas tributarios y finalmente Fernández aparte de dirigir el proyecto en su conjunto analizará la problemática de la regulación del cannabis desde la perspectiva penal.

“El debate político en Chile sobre el cannabis no tiene que ver si se legaliza o no, sino cómo se va a legalizar, cuál es el momento político para tomar la decisión y qué hacemos en la transición”, introduce Fernández la investigación.

En un contexto donde en países como Uruguay y toda la costa oeste de Estados Unidos se ha regularizado, han surgido una variedad de modelos sobre como llevar una fiscalización con éxito, las cuales el propio estudio aborda en sus méritos y desventajas.

Los dos grandes modelos básicos que Fernández destaca son los comerciales y los no comerciales. En los primeros “adecuan sus productos a la preferencia de la demanda” y actúan en pos de obtener beneficios económicos, mientras que en los no comerciales se protegen otros intereses, como la salud y la distribución justa de riqueza, y puede estar administrada por el Estado o la comunidad.

Villagra explica que “un modelo híbrido que abarque todo puede ser una solución más factible para satisfacer toda la demanda de variedades y productos. Uruguay ya ha tenido experiencia de que el sector formal no ha sido capaz de contrarrestar el peso del sector ilegal”, lo que ha causado fenómenos en tal país como que la gente acceda más a los clubes cannábicos que las farmacias donde hay límite del THC que tiene el producto que se vende.

Mercado ilegal y otros problemas

Para Fernández, es necesario no caer en idealismos con el tema. “No supongamos que con la regulación vamos a acabar con el mercado ilegal de cannabis y el crimen organizado, eso descartémoslo desde ya” y añade que el 30% del consumo en Uruguay es legal y aporta al arca pública.

La principal causa de esto es que el mercado ilegal lleva más años en la mayoría de los países que el mercado regulado, lo que les da a traficantes una ventaja mayor a la hora de vender marihuana. “Es como competir con la cadena logística de Coca Cola”, dice Villagra.

Otra área de conflicto son los impuestos, los cuales si opera de forma gradual pueden permitir al sector formal ser más competitivo, como se observó en Estados Unidos, pero también pueden disuadir a la gente de funcionar de forma legal. “El mercado ilegal siempre está al lado, por lo que una carga impositiva muy grande puede hacer que la gente vaya al mercado ilegal, pero si ponemos una tasa muy baja entonces podría ser un fomento desmedido al consumo de cannabis”, problematiza Fernández.

Una opción es decidir el impuesto basado en la cantidad de THC, pero es un trabajo que requerirá varios ajustes. “Una visión de país en desarrollo es aquel que se arriesga a evaluar constantemente su política pública e ir mejorándola”, opina Villagra respecto al caso de Chile.

El país también cuenta con un aspecto cultural, el cual es su conservadurismo. “Si vemos cómo Chile ha manejado los derechos de autonomía, ha sido muy conservador”, explica Fernández y pone de ejemplo la ley del divorcio en los años 2000 y la ley de aborto por tres causales como prueba de tal característica.

Finalmente, el principal problema para el profesor de derecho penal es la falta de acceso en el mercado financiero dado a la reticencia de empresas como Mastercard y Visa de permitir a comerciantes de la droga a usar sus servicios, problema que se puede ver en Uruguay.

“Ninguna farmacia o club cannábico puede abrir una cuenta bancaria o emplear tarjeta de crédito, por lo que debe trabajar con dinero en efectivo y llevarlo a una cuenta del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)”, explica.

 
Revisa los capítulos anteriores de Los Proyectos:
— Los Proyectos s01e01: Álvaro Vidal y el arrendamiento de cosas en el derecho privado
— Los Proyectos s01e02: Guillermo Caballero, sobre la extinción societaria
— Los Proyectos s01e03: Patricia López y la tutela de la parte débil
— Los Proyectos s01e04: Osvaldo Lagos, sobre gobiernos corporativos
— Los Proyectos s01e05: Iñigo de la Maza y la institución del precario
— Los Proyectos s01e06: Pablo Manterola y la disolución por causa grave
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— Los Proyectos s01e07: Betty Martínez-Cárdenas sobre mediación online en derecho de consumo