Los mitos y críticas que rodean la financiación de litigios

Cuando se habla de los fondos de financiación de litigios, no faltan los mitos y malentendidos. La imagen de grandes entidades financieras sacando ventaja de las disputas legales ha alimentado diversas críticas, muchas de ellas basadas en información incompleta o errónea. Pero, ¿qué hay realmente detrás del financiamiento de litigios? En este artículo, desmitificamos algunas de las ideas más comunes sobre esta práctica y su impacto en el acceso a la justicia.

Emma Fischer

Los fondos de litigación, conocidos como third party litigation funds (TPLF), operan bajo un principio claro: un tercero financia los costos de un litigio a cambio de una parte de las ganancias solo si el caso se gana. Si la disputa se pierde, el fondo asume la pérdida, sin que el demandante deba reembolsar nada. A pesar de este modelo de riesgo compartido, el TPLF sigue envuelto en percepciones erróneas.

Primer mito. Los fondos de litigación solo buscan maximizar ganancias sin importar la parte demandante. Una crítica recurrente —y entendible— es que los fondos de litigación son, en esencia, negocios que buscan maximizar su rentabilidad, sin considerar el bienestar de quienes representan.

La realidad es más compleja. Si bien estos fondos están diseñados para generar retornos, su éxito está directamente ligado al éxito del caso y a lo que sea más beneficioso para el cliente. No financian demandas débiles o sin fundamentos, porque su inversión depende de un resultado favorable. Además, el TPLF no solo se enfoca en ganar juicios, sino que también tiene interés en resolver casos de manera eficiente, ya sea a través de acuerdos o fallos favorables. Más allá del beneficio económico, este tipo de financiamiento nivelan el campo de juego, permitiendo que individuos y empresas con menos recursos accedan a la justicia y enfrenten a grandes corporaciones en igualdad de condiciones.

Segundo mito. El financiamiento de terceros hace que las partes pierdan el control de sus casos. Existe el temor de que, al aceptar financiamiento, el demandante pierde el control de su litigio y queda a merced del fondo, que podría presionarlo para aceptar acuerdos que favorezcan más al inversor que a la propia parte afectada.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los fondos de litigación están estructurados para que el demandante conserve el control sobre su caso. En la mayoría de los acuerdos, el financiador no adquiere la legitimación activa del proceso y los contratos suelen incluir cláusulas que garantizan que el fondo no interviene en la estrategia legal. En otras palabras, el TPLF es un aliado financiero, no un director del proceso legal. El demandante y su equipo legal son quienes toman las decisiones estratégicas, asegurando que el caso siga su curso sin injerencias externas.

Tercer mito. El financiamiento de litigios no está regulado en Latam y opera en un vacío legal. Uno de los mitos más extendidos es que los fondos de litigación funcionan sin regulación, lo que podría abrir la puerta a malas prácticas o abusos.

Si bien históricamente la industria ha estado menos regulada en comparación con otros sectores financieros, esto está cambiando. En la mayoría de los centros arbitrales, ya existen normativas sobre la divulgación del financiamiento de litigios y su impacto en los procesos judiciales.

Además, el TPLF no es un fenómeno tan distinto al financiamiento que ofrecen otras instituciones financieras. La diferencia radica en que los fondos solo recuperan su inversión si el caso tiene éxito, lo que los motiva a seleccionar casos con base en méritos sólidos y no en especulación.

Cuarto mito. El TPLF es incompatible con la ética y la justicia. Algunos críticos sostienen que el financiamiento de litigios se basa en la explotación de la necesidad de los demandantes y que su principal objetivo es el lucro, sin considerar principios éticos.

Esta percepción ignora un punto clave: en muchos casos, el financiamiento de litigios es lo que permite que una persona o empresa acceda a la justicia. Sin este apoyo, muchas demandas legítimas jamás llegarían a los tribunales debido a la falta de recursos. Además, los fondos tienen incentivos para respaldar solamente casos con fundamentos sólidos, ya que su retorno está condicionado al éxito de la demanda. Los acuerdos de financiamiento suelen ser transparentes y negociados de manera justa, garantizando que ambas partes estén alineadas en términos de expectativas y riesgos.

Quinto mito. Los fondos de financiación de litigios fomentan el abuso del sistema judicial. Otro argumento frecuente es que el TPLF incentiva la proliferación de demandas frívolas o sin sustento legal, con la esperanza de obtener grandes sumas de dinero a partir de litigios cuestionables.

Sin embargo, esta idea no se sostiene en la práctica. Los fondos de litigación son altamente selectivos con los casos que financian, precisamente porque asumir riesgos innecesarios puede dar como resultado pérdidas millonarias. Antes de aprobar un financiamiento, se realiza un análisis exhaustivo de los méritos legales del caso, asegurando que tenga una base jurídica sólida. Además, los tribunales actúan como filtros naturales. Las demandas sin fundamento son desechadas rápidamente, lo que disuade a cualquier fondo serio de invertir en litigios sin perspectivas reales de éxito.

Es natural que una industria en crecimiento genere dudas y críticas, especialmente en regiones como América Latina, donde el financiamiento de litigios es aún una práctica relativamente nueva. Sin embargo, reducir la discusión a estereotipos simplistas ignora su potencial para democratizar el acceso a la justicia y equilibrar las desigualdades de poder en el sistema legal. Más que un vacío legal o una amenaza para la ética, el third party litigation funding es una herramienta que, utilizada correctamente, puede marcar la diferencia para aquellos que, de otro modo, jamás tendrían la posibilidad de hacer valer sus derechos en un tribunal.

 
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