Los métodos colaborativos podrían ser garantizados en la Constitución

En la Plataforma Digital de Participación Popular la Convención Constituyente se encuentra recibiendo propuestas para la nueva Constitución de Chile.

Es en este contexto que el Colegio de Mediadores de Chile ha presentado la iniciativa Nº 26.330 titulada «Diálogo, no violencia, justicia colaborativa y mediación: un derecho constitucional».

La iniciativa solicita que la nueva Constitución reconozca los métodos colaborativos como forma de resolución de conflictos, funcionando en conjunto con otros procedimientos legales. «Debe complementar y diversificar, mas no sustituir el actual sistema de justicia, indispensable como parte del Estado de Derecho», señala el documento.

En Chile existen los métodos colaborativos dentro de la legislación actual, tal como se puede ver en la ley 19.968 «Crea los Tribunales de Familia«, donde en su Título V establece el funcionamiento de la mediación familiar. Aun así, no existe un reconocimiento a nivel constitucional en el cual se mencione estos métodos como manera de resolver controversias en la sociedad civil.

«Sería un derecho constitucional a que las personas puedan libremente decidir cómo quieren resolver sus conflictos y que no exista una justicia como de primera y segunda clase, donde en vez de usar el juicio primero como vía, ésta sea la última opción», comenta Varinia Penco, Presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, respecto de los objetivos de la propuesta.

Varinia Penco

La idea es que los métodos colaborativos se empleen en todos aquellos casos donde se cumplan ciertos principios. «No todo caso es mediable, primero debe haber voluntad de las partes para conversar, tiene que haber también una igualdad entre las partes y en ciertos casos, en que es tan profunda la desigualdad entre las partes, la mediación probablemente no sea el método adecuado», menciona Penco.

En otros países de Latinoamérica esta idea ya se ha implementado, por ejemplo, en las constituciones de Ecuador (artículo 190), Uruguay (artículo 255), Venezuela (artículo 258) y Colombia (artículo 116) donde se reconoce a los métodos colaborativos como formas de resolución de conflictos y se le da una institucionalidad equivalente a la de los juicios.

La propuesta busca que se garantice el acceso universal a los métodos colaborativos por medio de la creación de un sistema nacional, independiente del Poder Ejecutivo, que permita la prestación de servicios de mediación a las personas, sin importar sus recursos económicos.

El texto también tiene aristas que van más allá de lo legal. La propuesta busca que en la formación ciudadana se fomente el desarrollo de habilidades y métodos para la gestión colaborativa de conflictos. «El uso de métodos colaborativos para abordar conflictos requiere un cambio cultural en la población acostumbrada al litigio», destaca el texto.

Además, el documento posee una sección enfocada en el medio ambiente. «Proponemos que así como existe la justicia ambiental, existan instancias para que el gobierno asegure que cualquier comunidad que tenga algún conflicto con una empresa puedan acudir a mediadores, objetivamente imparciales, provistos por una entidad independiente del Estado», dice Varinia Penco.

La propuesta necesita 15.000 firmas para pasar a una comisión suscrita donde se discutirá y votará la iniciativa. Si obtiene aprobación por mayoría simple, pasaría al pleno, donde debe ser votada nuevamente y obtener aprobación de 2/3.

Puedes apoyar la iniciativa en este link.

 
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