Los desafíos del Plan Justicia 2030 en España

Claudio Soto
Director asociado en España

En marzo de 2020, y sin muchos aspavientos comunicacionales, opacados además por el innegable impacto y avance del COVID- 19 en todo el mundo, el Gobierno de España comenzó formalmente a poner en marcha la mayor política pública en el ámbito de la Justicia de los últimos 40 años. Se trata del Plan 2030 para el sector y que, en términos simples, supone -durante esta década- avanzar en la transformación de su aparataje público para hacerla más moderna, accesible y eficiente para las personas. El Plan contempla pasos de corto, mediano y largo alcance.

Tal como ocurre en el resto de los países de Iberoamérica, la percepción que tiene la ciudadanía española de su sistema judicial y operadores no es el mejor. El propio Ministerio encabezado actualmente por la abogada Pilar LLop reconoce que, pese a los esfuerzos, la inyección progresiva de recursos muy superior al promedio europeo (79,1 euros por habitante versus 64 euros de la UE) y el trabajo de más de 250 mil funcionarios que forman parte del sistema público de justicia, la valoración sigue siendo deficiente.

Las causas –reconoce el mismo Gobierno en la documentación pública que fundamenta el Plan*- son variadas. Así, la ineficiente reasignación de recursos, la organización compartimentada y poco flexible, un modelo de gobernanza poco efectivo, y normativa y procedimientos desactualizados, aparecen como los grandes nudos estructurales de la justicia en España, y hacia ellos apunta su modernización.

Se percibe que, con cambios en estos 4 pilares, y mediante un completo cronograma de trabajo, que incluye objetivos, metodología de abordaje, y rendición de cuentas o accountability –lo que sin duda es correcto- la valoración ciudadana debería mejorar y superar las magras cifras sobre el sistema. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2019 –esto es, antes de la pandemia- señaló que quienes pensaban que la Justicia funcionaba mal o muy mal llegaba al 48%, mientras que el 61% de los encuestados considera que los medios con los que contaba el sector eran insuficientes y que las tres primeras carencias señaladas eran la falta de jueces, falta de medios informáticos y falta de personal auxiliar.

Efectivamente, el diagnóstico para emprender una modernización de este tipo es acertado, pero adolece del abordaje de problemas de naturaleza política aún más profundos y que permitirían que un plan de este tipo se convierta en una reforma histórica. Nadie puede estar en desacuerdo en que deben mejorarse los procedimientos judiciales, las herramientas de solución de conflictos y vías de acceso sobre todo para personas de grupos más vulnerable, como, por ejemplo, mujeres, adultos mayores, jóvenes, migrantes, sectores empobrecidos, o con orientaciones sexuales diversas, como está establecido en la carta de navegación.

Pero, lo que falta, o más bien, lo que no se ve a ojos de la ciudadanía es una voluntad política para ir por cambios de fondo. Una justicia criminal radicada exclusivamente en un órgano constitucionalmente imparcial y autónomo como una Fiscalía General, que separe las funciones de investigar y que permita a jueces y juezas impartir justicia y cautelar derechos conforme a las pruebas que se les presenten (lo que está en el Plan); un sistema de nombramiento de las autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cada vez más se aparte de la hasta aquí bochornosa negociación política que finalmente termina por dañar aún más la alicaída imagen de la Justicia; y la necesaria interconexión del sistema en el nivel nacional para que las comunidades autónomas y sus servicios “conversen” a favor de los ciudadanos y ciudadanas, son sólo algunos de los imperativos.

Demás está señalar, también, la alineación necesaria, progresiva y rápida del conjunto de sus leyes a las directrices de la Comunidad Europea, puesto que, la pertenencia a un grupo geopolítico de estas características no sólo conlleva derechos, sino que también -y esto es lo más importante- obligaciones y compromisos que deben respetarse. Para crear certeza jurídica, las leyes globales no pueden ir para un lado, y las locales, para otro. Es lo que pasa, por ejemplo, en la llamada Reforma a la Ley Concursal.

Países latinoamericanos más pequeños y sin duda con menos recursos, como Chile en el ámbito penal, de familia, y laboral; Perú, en el área civil; o Argentina que, a pesar de su estructura federal, está dando pasos firmes en la implantación de nuevos modelos de gestión judicial o de decisión jurídica, como los juicios por jurados, que definitivamente hacen cambiar la valoración ciudadana del sistema al poner a personas comunes y corrientes en los zapatos de un o una magistrado, nos recuerdan que las grandes reformas a la judicatura no se hacen desde la trinchera política, sino que es un continuo que traspasa gobiernos, independiente de su signo, con visión de Estado y aglutinando a todos sus actores.

Seguramente el consenso técnico entre operadores, instituciones y abogados y abogadas está, pero falta el político para que el Plan 2030 no sea sólo una modernización cosmética de procedimientos y de entrega de recursos económicos, que seguramente, serían muy necesarios en el desarrollo de otras políticas, en áreas tan apremiantes como vivienda, salud, trabajo o cuidado del medioambiente, que dicho sea de paso, también son generadoras de conflictos jurídicos que deben resolverse con celeridad y eficiencia.

La justicia española necesita una modernización profunda, como nunca antes en su historia. El Plan 2030 va en la línea correcta, pero requiere también de grandes acuerdos sobre todo políticos, hasta aquí no muy claros, pues si no, en 2040 lo que pretendía ser un cambio trascendental, quedará sólo en algunos avances de mediano impacto. Cabe a las autoridades y legisladores apurar y consensuar el paso para que el próximo decenio no se pierda, porque finalmente a lo que contribuye un sistema judicial robusto, transparente, innovador, independiente, cercano a las personas, y por sobre todo creíble, es a la paz social y el desarrollo democrático de los países.

*Conoce los detalles del Plan 2030 en:
www.justicia2030.es