Los desafíos del derecho laboral en la estrategia contra el cambio climático

La crisis medioambiental ha planteado el desafío de una descarbonización total para Chile, con la que se daría paso a una transición energética sustentable y justa para los trabajadores. La Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en junio de 2022, establece una meta de carbononeutralidad para 2050, lo que significa que el CO2 y otros gases de efecto invernadero deben ser equilibrados entre lo que se libera a la atmósfera de lo que se retira.

El plan requiere el cuidado de ecosistemas que ayuden con la absorción, además de reducir las emisiones relacionadas al transporte, minería y energía. Una de las soluciones para ello es el cierre paulatino de centrales de carbón, lo que dejará una deuda de empleabilidad que espera resolverse con los trabajos creados a partir de las nuevas funciones de las centrales energéticas.

Sin embargo, el proceso de eliminar empleos, seguido de la creación de otros nuevos enfocados en energías verdes, implica ciertos riesgos y desafíos, por lo que la apuesta es una estrategia de transición justa que considere las necesidades de trabajadores, territorios y comunidades.

Este fue el tema principal de un seminario sobre cambio climático y derecho del trabajo organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca y donde participaron las profesoras de Derecho del Trabajo Henar Álvarez Cuesta, de la Universidad de León (España), y Paulina Alvarado Barrientos, de la Universidad de Magallanes.

Los principales ejes discutidos fueron las medidas que se han tomado en el proceso de transición justa en España y en Chile. También se refirieron a las garantías judiciales que se podrían utilizar para llevar un proceso equitativo tanto para los trabajadores como para las comunidades locales.

Energías renovables versus efectos laborales

La clave para entender lo realizado en España en su camino a la descarbonización es la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que tiene como objetivo asegurar el compromiso de anular las emisiones de carbono para 2050, y el Acuerdo de París, al que Chile también está suscrito.

Fue en este contexto en que se implementó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que busca identificar y evaluar los impactos previsibles en esta materia, así como los riesgos asociados y la vulnerabilidad de los ecosistemas, espacios y poblaciones. Y para ello utiliza la estrategia de la transición justa, “equivalente a no dejar a nadie atrás, no perder a nadie por el camino, y cuando digo nadie me refiero a territorios, empresas y personas trabajadoras”, asegura la profesora Álvarez.

Según datos de la Red Eléctrica de España (REE), las energías renovables representaron el 42,1% de la producción eléctrica, en un año marcado por un fuerte descenso de la producción hidráulica y el cierre de las últimas plantas de carbón que quedaban.

Henar Álvarez Cuesta

De esta forma, la estrategia de transición justa en el país se está implementando con las centrales cerradas, diferente de Chile, donde la estrategia ya se está visualizando, pese a no haberse empezado aún con ese proceso.

Y si bien el paso hacia la energía renovable en España ya es un hecho, Álvarez advierte que “no se están cuidando las consecuencias negativas que pueden desencadenar en función del lugar y territorio donde se implante. En el ámbito laboral, el número de puestos de trabajo creados no iguala todavía a los perdidos, ni tampoco las condiciones laborales”.

Otro problema que analiza la profesora es que “las personas trabajadoras tienen que seguir formándose y recualificándose para hacer frente a los cambios de sector, competencias y tareas, pero estos no están teniendo correspondencia con el salario cobrado y muchos carecen de la debida protección social”.

Posibles opciones para el futuro

Además de los desafíos medioambientales que supone un proceso de descarbonización, no se pueden dejar de lado las necesidades de los trabajadores en una transición de tal magnitud: ¿cuáles son los posibles riesgos que puedan afectar los derechos laborables? ¿Qué se puede aprender del proceso español?

Luis Lizama

Para el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama, “con planes acordados con los sindicatos se mitiga el efecto de un eventual conflicto judicial en los casos de despido de los trabajadores”.

Y, añade, “las partes podrían acordar condiciones de salida que sean superiores a las ofrecidas por la ley, no solo respecto de las indemnizaciones, sino que también en materia de aportes previsionales voluntarios”.

En tanto, la profesora Paulina Alvarado considera que en Chile existen normas enfocadas en la acción reactiva más que preventiva frente a los efectos del cambio climático, lo que se suma a la falta de fuerza imperativa de las recomendaciones internacionales. Al mismo tiempo, es crítica respecto del modelo nacional de sindicalización, debido a su naturaleza más redistributiva y económica, y, por el contrario, propone una mirada con un mayor foco ambiental para los conceptos que son propios del derecho laboral.

Paulina Alvarado Barrientos

La estrategia de transición justa enmarcada en la Ley Marco de Cambio Climático, recuerda Alvarado, contempla una conversación entre distintos actores involucrados, como trabajadores locales, comunidades civiles, empresas, universidades y representantes del Estado.

El mundo del derecho laboral tiene que enfrentar los desafíos provenientes de la transición socioecológica, tomando en cuenta que estas transformaciones no tienen precedentes en la historia nacional. Las medidas tomadas por el Gobierno son prometedoras, pero al mismo tiempo desafiantes, por lo que se debe detallar cuidadosamente cada decisión, mientras que la relación entre medio ambiente y derecho del trabajo se vuelve necesaria de debatir.

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