Los desafíos de las cortes internacionales para 2022

La creciente entrada de países en tratados económicos significa un mayor número de compromisos y, en consecuencia, una mayor cantidad de conflictos que los tribunales internacionales deberá resolver.

Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, advierte que uno de los temas más urgentes es el aumento de casos que las cortes internacionales conocen, los que sobrepasan poco a poco la capacidad del personal de las mismas.

Luis Diez Canseco

«La globalización de las economías y la internacionalización del comercio, en paralelo con la creciente armonización de la normativa, está generando una mayor incidencia de casos en los tribunales internacionales, así como en procesos arbitrales», añade. En el caso del Tribunal Andino —prosigue—, en 2013 tramitaban aproximadamente 250 casos anuales, pero ya en 2021 se llegó a procesar cerca de 700 casos.

El presupuesto

El Tribunal Andino cuenta hoy con un presupuesto de US$ 1.200.000 anuales y posee 4 jueces, uno por cada país miembro de la organización (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) quienes junto con sus asistentes han visto triplicarse la cantidad de casos.

Este tema fue uno de los tópicos conversados en diciembre de 2021 durante el XXVII World Law Congress , en el que participó Luis Diez Canseco, encuentro en el que miembros de diversos tribunales internacionales compartieron experiencias y se encontraron con situaciones similares a las del Tribunal Andino.

Aumentar el presupuesto que reciben estos tribunales por parte de los gobiernos es una medida posible para solventar el problema, pero no es tan simple de implementar. «Esa posibilidad supone que los países estarían dispuestos a pagar el doble del presupuesto, pero desde la aparición de la pandemia los estados están teniendo restricciones presupuestales, entonces los gobiernos se preguntan ‘¿vamos a mandarles dinero para que contraten a un juez nuevo y haya más fluidez o ese dinero lo usamos para comprar vacunas?'», comenta el abogado y decano peruano.

CIADI

Por su parte, Ricardo Vásquez Urra, árbitro designado por Chile para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), considera que otras cortes y tribunales internacionales con mayores presupuestos no se verían tan afectados por el aumento de la demanda. «Este año se batió el récord de la mayor cantidad de casos que se presentaron frente al CIADI, pero no veo que pueda haber un problema de financiamiento y de falta de personal», opina.

Ricardo Vásquez Urra

De acuerdo a Vásquez, un factor que permite al CIADI lidiar con tal aumento, en comparación con el Tribunal Andino, es que posee una estructura distinta. Cada tribunal se compone de tres árbitros, los cuales pueden ser seleccionados de la lista de árbitros del CIADI o las partes pueden seleccionar de forma autónoma a cualquier otro árbitro independiente que esté o no en la lista.

«Desde el punto de vista del CIADI no tienes ese problema, porque tienes un centro, donde tienes una lista de árbitros que es muchísimo más amplia. Si se designan muchos casos a una corte que tiene pocos jueces, podría suceder que exista una sobrecarga», comenta el árbitro.

Una región polarizada

Adrián Simons (Simons Abogados), procesalista y ex agente del Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la situación de inestabilidad política en Latinoamérica provocará un aumento de casos que las cortes internacionales tendrán que solucionar.

Adrián Simons

«Vamos a tener una región más polarizada, sea por el incremento de violaciones a los derechos humanos por regímenes totalitarios (Nicaragua, Cuba y Venezuela) como por la notable falta de protección a determinado grupo de personas en países democráticos», dice.

Ello «congestionaría, aun más, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Comisión IDH y Corte IDH), sistema que actualmente está desbordado y con falta de presupuesto», añade este abogado peruano, miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje.

Para Simons, el «surgimiento de regímenes de izquierda hostiles a la inversión privada» en Latinoamérica provocará un aumento de casos para los centros de arbitraje y cortes internacionales, lo que podría llevar a que muchos contratos o condiciones de estabilidad jurídica sean alterados. «Esta situación se va a traducir en que muchos inversionistas van a demandar a los Estados, sea ante sus propios sistemas judiciales, o vía arbitrajes domésticos e internacionales”, estima.

La virtualidad

Otro problema que se discutió durante el World Law Congress es que las cortes internacionales tendrán que lidiar con la creciente virtualidad de los procesos. “Hoy en día todos los jueces y todas las cortes sesionan de manera virtual, cosa que el Tribunal Andino de justicia ha hecho por más de 10 años, pero ahora con el Covid-19 aumentó la virtualidad”, menciona Luis Diez Canseco.

¿Y cuál es el problema que ven algunos? La logística. Al parecer sería más complicado coordinarse de manera digital que de manera presencial. Pero para Diez Canseco la existencia y desarrollo de tecnologías que mejoran la realización de estas reuniones hacen que se trate de un problema menor: “Para mí el problema es el aumento de casos y la falta de recursos, porque la virtualidad es algo con que la tecnología ha venido ayudándonos a todos”.

«A mí tampoco me parece que sea un problema. De hecho la virtualidad es algo que venía ocurriendo desde antes de la pandemia en algunos tribunales; no es algo nuevo y, al contrario, me parece que lo que hace es permitir cambios para mejor», dice Vásquez, y agrega que el caso de Chile es un ejemplo, pues por su lejanía y, por ende, por los costos asociados, era difícil que se lo eligiera como sede para un arbitraje internacional, en el que había que viajar a litigar presencialmente.

 
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