Los automóviles de la Corte Suprema chilena

Claudio Soto Coronado, director asociado para Europa de idealex.press. Lo que ocurre en el Poder Judicial chileno es cíclico. Esta semana se conoció que la Corporación Administrativa de este poder del Estado (CAPJ), daría curso a la renovación de una flota de 22 vehículos de alta gama (Toyota Lexus modelo ES300H) para el transporte y uso de los miembros del máximo tribunal del país.

Claudio Soto C.

La decisión —que buscaba remplazar vehículos adquiridos en 2014— significaba un desembolso de más de mil 300 millones de pesos chilenos, es decir, 56 millones por cada unidad (58.000 USD), lo que generó un alto revuelo por el alto costo de la transacción. En la CAPJ se explicó que esa adquisición se realizaría con remanentes de años anteriores, que ya habían sido autorizados en su momento por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Como era de esperar, en un pleno extraordinario citado para abordar el tema en la Corte Suprema este jueves, se conoció que tal decisión quedaba sin efecto. Es decir, que la adquisición de los vehículos no se realizaría, obligando con ello a la CAPJ a buscar nuevas alternativas para el traslado de los 22 ministros —incluido su presidente y fiscal— que, es de suponer, serán más económicas que la original, manteniendo a la vista criterios técnicos, de seguridad y sostenibilidad ambiental, como fundamentó el secretario y Fiscal Judicial (s), Jorge Sáez tras la reunión, para la toma de esta decisión.

En 2006, durante el primer periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, ocurrió algo parecido. La Corte Suprema de ese entonces decidió la adquisición de una flota de una veintena de vehículos Peugeot 607 (que ya usaba la propia mandataria y los ministros de Estado) para los miembros del máximo tribunal, desatando una polémica de proporciones aún mayores, pues en esa época quedaban los ecos de una fallida tramitación de al menos cinco proyectos de ley ante el Congreso Nacional, promovida por el expresidente Ricardo Lagos, que garantizarían, entre otras cosas, la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial, y en las que nunca más se avanzó.

La fallida compra de los Lexus pone de manifiesto que los conflictos de autonomía en la ejecución del presupuesto del Poder Judicial son un problema recurrente y cíclico, a la vez que exponen al escrutinio público las decisiones administrativas que deben asumir los jueces fuera del ámbito de su competencia —como es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado— y de cómo estas se toman en el contexto de un cúmulo de necesidades económicas nacionales y de otras áreas más apremiantes para la actividad jurisdiccional, tales como la falta de infraestructura, jueces, cargas de trabajo y nivelación de remuneraciones en sus distintos escalafones.

Con estos antecedentes a la vista, la decisión del pleno de desestimar la compra parece razonable, sobre todo porque en la opinión de la ciudadanía, la compra de un vehículo de estas características no se condice con los principios de austeridad que deben guiar a las más altas autoridades de cualquier poder del Estado en el uso de los recursos públicos. Queda también nuevamente en evidencia que, si bien el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, en el ámbito administrativo y de gestión —como lo recordó el Fiscal Judicial (s) tras el pleno— muchas de sus decisiones siguen dependiendo de la venia y autoridad política de cada periodo.

 
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