Ley de Vivienda genera críticas en abogados y dispara los seguros en España

Fue uno de los grandes anuncios del Gobierno antes de las elecciones municipales del fin de semana en España, pero sus alcances hasta aquí no han dejado indiferente a nadie. La nueva Ley de Vivienda, orientada —según las autoridades— a establecerla como un derecho constitucional y asegurar un “precio asequible”, sobre todo en las zonas de mayor tensión (como Madrid, Barcelona, o Málaga), impacta con fuerza en distintos sectores.

Uno de ellos es el mercado asegurador, en donde las consultoras informan que han impulsado el interés de la adquisición de primas en un 30% ante la alta posibilidad de impagos y las dificultades para desahuciar a los inquilinos.

Cabe recordar que la Ley de Vivienda incorporó al sector importantes medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles. Asimismo, buscó mejorar su acceso a los colectivos más vulnerables como los jóvenes.

De acuerdo con la Agencia Tributaria española, actualmente hay más de dos millones de viviendas alquiladas formalmente en la península, pero de acuerdo con los expertos, es una cifra que no se ocupa de la alta demanda en la actualidad.

Según Atlas Real Estate Analytics , en España hacen falta más de 1,8 millones de pisos en alquiler para equiparar la oferta y alcanzar el porcentaje de viviendas en alquiler que hay en otros países de la Unión Europea.

“La oferta privada de alquiler se resentirá con la nueva ley de vivienda, ya que los propietarios se sienten más desprotegidos a causa de las dificultades legales que plantea la reclamación por impago o la resolución de una ocupación”, señala Rafel Sauri, CEO de la Start-Up Advancing, especialista en el área de los seguros.

Descontento en los abogados inmobiliarios

Las críticas, también caen desde los profesionales que operan en el área. Por ejemplo, esta semana en Barcelona —una de las ciudades más tensionadas— el Colegio de Abogados (ICAB) y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), analizaron los alcances de la Ley, llegando a la conclusión de que tendrá pocos efectos prácticos y generará una alta incertidumbre en el sector.

Conferencia CAFBL/ICAB

“Los administradores de fincas estamos en una situación agridulce, ya que, por un lado, se nos hace un reconocimiento explícito de la profesión, pero por otro valoramos esta Ley como contraria a lo que dice que persigue: que todo el mundo tenga un hogar digno”, así lo expuso el presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas.

“Una vez más, el Legislativo no ha sido nada acertado y más que aportar soluciones estructurales, ha tendido a confrontar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad”, remarcó Viñas en una jornada en la ciudad condal.

El problema de los okupas

En Barcelona también se trataron las dificultades de la ocupación ilegal de inmuebles y los desahucios, “grandes problemas que parece que no se han tenido demasiado en cuenta en esta nueva ley de Vivienda”, señaló María Pastor Santana, decana del Colegio de Abogados de Mataró.

“Hemos perdido una oportunidad de acabar con la okupación y la inquiokupación. Se han expuesto las novedades en los procesos judiciales, arrendaticios y no arrendaticios —aspectos que son plenamente vigentes, y que preocupan a la hora de recuperar la posesión del bien inmueble— sobre todo si se tiene en cuenta que según datos oficiales diariamente se producen 46 okupaciones”, indicó en el mismo evento Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de formación del ICAB.

“Y los principales damnificados del problema de la okupación son las comunidades de propietarios, que se han quedado sin herramientas para luchar contra esto. Claramente, esta ley hace un ‘revolcón’ y no pone ninguna solución”, remató María Pastor.

Con la nueva legislación —señalan en Advancing— los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales correspondientes un informe que valore si la persona que ha ocupado se encuentra en situación de vulnerabilidad o no. En caso de ser una persona vulnerable el desahucio se paralizará hasta que la administración competente encuentre una alternativa habitacional para el okupa.

“La dificultad para desahuciar preocupa al 70% de los propietarios y es uno de los principales motivos por los cuales los arrendadores recurren al seguro de impago de alquileres”, señalan en la consultora.

 
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