Ley de Amnistía en España abre la investidura de Sánchez pero causa rechazo de instituciones judiciales

Claudio Soto Coronado, desde España. Si todo sigue su curso, la próxima semana, se hará efectiva la investidura del socialista Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno español. Esto, luego que la tarde de este jueves en Bruselas (Bélgica) la cúpula del partido independentista catalán Juntas y el PSOE firmaran un acuerdo que permitirá un tercer periodo del actual mandatario en funciones, bajo el paraguas de una Ley de Amnistía que ha generado amplio debate político y el rechazo de distintas instituciones judiciales por verla como una figura contraria al Estado de Derecho.

Pedro Sánchez / La Moncloa

En un documento de cuatro hojas —firmado por dirigentes de ambas coaliciones, tras extensas negociaciones activadas luego del fracaso de la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo— se plantean acuerdos que serán verificadas por un “relator” internacional, que tendrá las funciones de acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones.

Judicialización de la Política

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la puesta en marcha de una Ley de Amnistía que favorecerá tanto a dirigentes como ciudadanos procesados que promovieron y participaron primero, una consulta el año 2014 que abordaba la posibilidad de la independencia de la comunidad catalana; y segundo, que avivaron el referéndum ilegal de 2017 que terminó con diversos procesos penales en contra de figuras y operadores políticos y el autoexilio del expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputado, Carles Puigdemont.

Una de las cosas que mayor escozor produjo en las instituciones judiciales —como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o los Colegios de Abogados, entre otros— es que se hablara en el acuerdo de una posible judicialización de la política (Lawfare), lo que a su juicio afectaría su respectiva independencia. El pacto habla de que esta intromisión puede dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas, lo que sin duda, generó un amplio y transversal rechazo.

CGPJ

Una vez conocido el texto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —de mayoría conservadora— hizo público a través de su Comisión Permanente, un comunicado en donde declaran “inadmisibles” las declaraciones de lawfare.

“Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”, señala el comunicado del CGPJ.

El rechazo de los Fiscales

Por su parte, la Asociación de Fiscales, también salió al paso del acuerdo de PSOE y Junts, en especial sobre la aplicación de una Ley de Amnistía, la que señalan que afectaría en “forma dramática” la función del órgano persecutor.

“La aprobación de un instrumento que mutile la función de jueces y fiscales llevará a una quiebra flagrante de separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en el que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, exclusivamente a la conveniencia y necesidades aritméticas del candidato a ser investido Presidente del Gobierno”, señalan en una declaración pública.

Un lawfare -señala la Asociación de Fiscales- “supone la asunción de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios, planteamiento que sólo puede merecer nuestro más absoluto y tajante rechazo. Y la misma repulsa merece el anuncio de que los procedimientos judiciales serán supervisados por comisiones de investigación parlamentarias, sojuzgando al Poder Judicial y rompiendo el principio democrático básico de la separación de poderes”.

Colegio de Abogados de Madrid

En tanto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también se manifestó en contra de la terminología de lawfare y los efectos que esta pueda promover en los operadores judiciales. En una declaración de cinco puntos, recordaron que la separación de poderes, es fundamento del Estado democrático, y que “sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional”.

Junta de Gobierno ICAM

Sobre el uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales señala la entidad que esta “no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”.

Señala además el ICAM que “la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad”, recordando que “la Constitución española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil”.

Bajo esta lógica, declara el ICAM, que “en cumplimiento de sus fines, ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”.

Descarga en PDF el Acuerdo de Junts/PSOE aquí:

Acuerdo PSOE – Junts

*Imagen de portada: Junta de Gobierno del ICAM/ Web

 
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