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viernes, 23 de abril de 2021

internacional

Lenguaje y acceso a la justicia, un tango irremediablemente de a dos

La Real Academia Española informó de la firma de un protocolo general que tiene objetivo principal el impulso de un lenguaje más moderno y accesible en el ámbito judicial, que pueda ser comprendido por el ciudadano común y corriente.

- 29 marzo, 2021

Claudio Soto Coronado
Desde España

El 11 de marzo de 2021 se firmó un protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible. Los firmantes fueron Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de España; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, y, Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.

El protocolo viene a reforzar a los esfuerzos que hace varios años las instituciones judiciales —especialmente poderes judiciales de Iberoamérica, ONG vinculadas al área y centros de estudios, entre otros— vienen empujando, ya que se trata —dicen— de un elemento esencial para el correcto acceso a la justicia, sobre todo de los sectores más vulnerables.

La iniciativa, firmada en el Palacio Parcent de Madrid, busca “que el lenguaje jurídico que se incorpora en los textos normativos, en las resoluciones judiciales o administrativas que afectan directamente a los derechos y obligaciones de las personas y en comunicaciones de todo tipo que reciben de los poderes públicos ha de ser comprensible para la ciudadanía a la que, en definitiva, aquellos textos van dirigidos”.

La RAE ha llevado a cabo tres proyectos vinculados al lenguaje del derecho: el Diccionario del español jurídico (DEJ), el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) y el Libro de estilo de la Justicia (LEJ), que se inscriben en el marco de un convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) a finales de 2014. Las tres obras se proponen promover la claridad y la seguridad del lenguaje jurídico.

La opinión de una lingüista especializada

A juicio de los expertos, como Claudia Poblete, lingüista forense y docente universitaria chilena, con estudios de posgrado en España, y quién asesoró a la Corte Suprema de Chile en su proyecto de Lenguaje Claro, la firma del protocolo es de extrema importancia.

— Como experta en el área ¿qué te parece la firma de este protocolo?
Me parece que es un gran paso; es muy importante en lo que significa la claridad del lenguaje jurídico y su modernización. No desmerezco los pasos anteriores que se hayan dado; sin embargo, me parece un hito muy importante por varias razones. Primero, porque reconoce y retoma ya desde el año 2009 la modernización del lenguaje jurídico en España. Segundo, porque las entidades que firman este protocolo de acuerdo están todas vinculadas con la justicia. Y tercero, porque —desde mi punto de vista y esto tiene que ver con los intentos que hemos hecho en Latinoamérica con la creación de la cátedra de lenguaje jurídico— es la incorporación de los decanos y decanas de las facultades de Derecho a la suscripción de este protocolo. Esto implica dar un valor a la formación lingüística de los profesionales del Derecho.

— ¿Crees que iniciativas de este tipo podrían ayudar a una mejor percepción y evaluación del trabajo judicial?
Sin duda que la clarificación del lenguaje judicial va a mejorar la percepción de los ciudadanos y ciudadanas en general de las instituciones vinculadas con la Justicia, y esto porque existe una relación causal entre la clarificación del lenguaje jurídico y la confianza en las instituciones. Es decir, si nosotros repasamos, por ejemplo, la experiencia sueca, que la menciono siempre porque tiene mayor desarrollo, historia y tradición, además de estudios con datos, desde ese punto de vista se sabe que cuando las personas entienden el sistema, los términos y redacción confían en esa institución. Cuando no se comprenden los procesos y escritos judiciales las personas desconfían y eso tiene un impacto en la evaluación ciudadana.

— ¿Deberían adoptarse estándares comunes de lenguaje en otras instituciones que también forman parte del sistema judiciales o administrativos, tales como Fiscalías, Defensorías, Tribunales Constitucionales?
Creo que la adopción de un lenguaje claro o la modernización del lenguaje jurídico no sólo corresponde a una entidad específica, sino que a muchos actores que intervienen en el proceso judicial. Por eso esta firma de protocolo marca un hito, porque reúne a distintas entidades que tienen que ver con la justicia. Todos los operadores jurídicos deberíamos tener conciencia de lo que significa la clarificación del lenguaje jurídico. Hay algo que me llamó la atención de la firma de este protocolo, y que es que lo validan en el ámbito constitucional. Es decir, hay un rol que tiene que ver con el acceso de las personas y la comprensión de sus derechos y eso pasa también por la clarificación de su lenguaje jurídico.

**Fotografía: Real Academia Española, Madrid.

 
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