Las novedades del nuevo Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador

El 24 de febrero de este año, el Senado de Chile aprobó el Acuerdo de Complementación Económica No. 75 (ACE), convirtiéndose en la nueva normativa que regirá las relaciones comerciales entre Chile y Ecuador.

El acuerdo está planificado para que entre en vigencia el próximo mes de mayo, 90 días después de que la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) notifique a los países haber recibido la última comunicación informando el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus legislaciones internas.

El ACE ya había sido firmado de manera telemática el 13 de agosto de 2020 por Chile y Ecuador: el 4 de mayo de 2021, la Asamblea nacional de Ecuador lo ratificó, y tras la aprobación de la Cámara de Diputados —el 10 de noviembre de 2021— y del Senado chilenos, el acuerdo está listo para ser implementado.

El acuerdo es una modernización del Acuerdo de Complementación Económica N˚65, que entró en vigencia el 25 de enero de 2010 y fue también una actualización de un acuerdo anterior, el Acuerdo de Complementación Económica N˚32 de 1994 que dio inicio a las relaciones comerciales entre Chile y Ecuador.

Ignacio Saavedra

«El objetivo de este nuevo ACE es mejorar las relaciones económicas entre los dos países, generar un libre mercado, estable y que beneficie a los contratos privados, inversiones y buenas prácticas regulatorias. Lo que busca el ACE es que productos chilenos y/o ecuatorianos sean tratados como nacionales con respecto a aranceles; aumentar la eficiencia en los procesos regulatorios; la promoción de leyes anticorrupción y; la ayuda a pequeñas empresas en su crecimiento económico, lo cual genera mayores incentivos a la inversión y da certeza jurídica», menciona Ignacio Saavedra, abogado asociado de Garnham Abogados.

Para Ernesto Guarderas, socio de Quevedo & Ponce, el ACE expandirá las oportunidades de inversionistas ecuatorianos de micro, pequeñas y medianas empresas.»El acuerdo fomentará la participación de proveedores ecuatorianos en procedimientos de contratación pública del gobierno chileno con garantías de trato nacional y no discriminación frente a los proveedores nacionales de ese país. De esta forma, el convenio abre las puertas a nuevos emprendedores para que se animen a expandir sus negocios en Chile y viceversa».

Medio ambiente e igualdad de género

Uno novedad en temas regulatorios que trae el acuerdo es su capítulo 17 sobre «comercio y medioambiente», y que consiste en que Chile y Ecuador deberán lograr que sus políticas comerciales y medioambientales se apoyen mutuamente. «Se prevén normas relacionadas con las conductas empresariales responsables con el ambiente, conservación de la diversidad biológica, agricultura sostenible, pesca marina, comercio de flora y fauna, manejo forestal sostenible, inclusión de los pueblos indígenas y comunidades en actividades comerciales con respeto a sus derechos, entre otras», dice Guarderas.

Ernesto Guarderas

«El acuerdo da cuenta de una realidad ineludible, y es que empresas chilenas o ecuatorianas deben respetar la legislación ambiental en el desarrollo de sus actividades, lo cual es absolutamente esperable en una comunidad que requiere avanzar en un desarrollo sustentable, y evitar que se repitan casos de alto impacto como lo que sucedió con Texaco», comenta Saavedra, haciendo referencia al caso de contaminación de la Amazonia ecuatoriana provocados por las operaciones petrolíferas de la empresa Chevron-Texaco entre 1964 y 1992.

Otra novedad es que el ACE establece en su capítulo 18 que los dos países deben promover actividades que permitan e incentiven la inclusión de las mujeres en el comercio internacional. Saavedra menciona de que con esto se reafirma el compromiso de la Convención Belem do Para de 1994, él cuál busca la protección y defensa de los derechos de las mujeres e incentivar su participación dentro de la sociedad.

«Las partes entienden que esta materia es por ahora un compromiso que requiere proyección a futuro y diseño de políticas públicas, y donde han designado entidades internas —Chile al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; Ecuador al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana— para coordinar el avance de sus políticas, y en caso de haber un conflicto resolverlo, con base en consultas y no por mecanismos de solución de conflictos, lo que parece razonable en miras de avanzar en la materia».

Guarderas añade que este apartado del acuerdo implica la adopción de normas que lleven a una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. «Las partes determinaron actividades de cooperación que deberán realizar en conjunto con el fin de ejecutar programas y prácticas para promover una mayor participación de las mujeres en la economía, en actividades empresariales, en el mercado laboral tanto público como privado, entre otras», concluye el abogado.

 
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