Las luces y sombras de la nueva Ley de Vivienda en España

Como era de esperar, opiniones a favor y en contra ha concitado el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno español que busca regular su mercado inmobiliario, en una política orientada -según las autoridades- a establecerla como un derecho constitucional y asegurar un “precio asequible”, sobre todo en las zonas más tensionadas de cada comunidad autónoma.

Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la propuesta, que deberá iniciar su tramitación en el Senado, incorpora importantes medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a la vivienda a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles. Asimismo, busca mejorar su acceso a los colectivos más vulnerables como los jóvenes.

En su tramitación en el Congreso, al proyecto se le han ingresado más de 860 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, con el fin de mejorar su redacción y su traslape con las competencias que tienen las comunidades autonómicas, locales y los propios particulares respecto al mercado.

Si bien las autoridades oficialistas han valorado la iniciativa en aras de impulsar su potencial social, distintas organizaciones civiles han manifestado su descontento. En un comunicado público conjunto, los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y de Cataluña han manifestado que la Ley de Vivienda“no bajará los precios del alquiler” y que es “una regulación llena de agujeros”, por cuanto -opinan- no afectará el mercado de los alquileres de temporada; o que, en el caso de las viviendas reguladas, se podrá subir el precio un 10% alegando simples mejoras en la accesibilidad.

Las claves

De acuerdo con la propuesta, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección que deberá servir a las distintas administraciones para facilitar el acceso a una vivienda a la población con mayores dificultades. Para ello, destacan en el gobierno, “se establece una estricta regulación de los parques públicos, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta a fondos de inversión” (conocidos como fondos Buitres).

Madrid / Pixabay.com

Este punto, según los sindicatos de inquilinos es valorable. “los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, de hasta el 10% de la anualidad. La Ley de Vivienda reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas, garantizando altos rendimientos de sus activos. Los honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas”, señalan.

Por otra parte, explican en el gobierno, se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas que definen un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de los supuestos, señalan, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

En uno de los aspectos más cuestionados, el proyecto introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata -señalan en La Moncloa– de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (como asociaciones y fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos (como los jóvenes) no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.

De esta forma, se busca la implicación de todos los agentes (públicos, privados y tercer sector) en la búsqueda de soluciones a los problemas de oferta de vivienda y la orientación a tal fin del parque de vivienda existente, vinculando los beneficios públicos que se asignen a estas viviendas a las limitaciones de uso y de precios máximos que, en cada caso, determine la administración competente.

Vacíos

Pese a los avances informados por el Gobierno, los sindicatos reclaman la ausencia de una solución para cuestiones como los desahucios.

De acuerdo con estos colectivos, “se dilatan los desahucios, pero no se paran”. No se prohíben los lanzamientos sin alternativa habitacional, y no se genera la obligación de ofrecer alquiler social que sí existe en Cataluña, señalan como ejemplo. “Se introducen mecanismos como la conciliación y la intermediación, pero no se pone fin a la violencia de los desahucios”, explican.

Tampoco -agregan- se prohíben los desahucios invisibles, las expulsiones que se dan cuando se acaba el contrato del alquiler, aunque se haya cumplido con todas las obligaciones contractuales. “La amenaza de la expulsión cuando acaba el contrato hace que muchos inquilinos no se atrevan a negociar nada y que renuncien a sus derechos”.

Será el Senado quien ahora deberá dar luz verde a la Ley de Vivienda. Posterior a este trámite parlamentario, deberá ser incluida en el Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor a fines de mayo.

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