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viernes, 18 de junio de 2021

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Las bondades de 5G ¿una comodidad más o un insumo imprescindible?

“Hoy más que nunca el acceso de las personas a bienes y servicios esenciales depende en gran medida de su conectividad, y existe una brecha donde los sectores más desmejorados de la población se han visto perjudicados”.

Ignacio Errazquin - 14 diciembre, 2020

5GIgnacio Errazquin

¿Habrá algo más satisfactorio en la vida que, el mismo video que antes descargabas en poco menos de dos segundos en tu móvil, ahora lo puedas descargar en una fracción de segundo? Spoiler alert: la respuesta es sí.

Quienes alcanzaron a conocer el mundo antes de Internet lo saben perfectamente: los avances en el ámbito de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información experimentados en las últimas décadas han crecido a un ritmo exponencial (por no decir brutal), cambiando nuestra forma de vida.

Para el público en general, la implementación de la tecnología 5G y sus bondades bien podría ser tomada como una novedad más que se agrega a un catálogo de comodidades modernas, pero es ahí donde vale la pena que las autoridades, empresas, así como abogados y abogadas involucrados en este ámbito, asuman el desafío de poner de relieve el verdadero valor de este avance tecnológico y actuar con solidez para generar un cambio relevante a nivel de la sociedad.

El despliegue masivo de la tecnología 5G traerá mejoras significativas en cuanto a la velocidad y cobertura de los servicios de transmisión de datos, streaming y descarga de medios visuales y música. Asimismo, esta tecnología implicaría una nueva generación en términos de eficiencia en los procesos industriales y comerciales (con la llamada “Internet de las Cosas”, por ejemplo), automovilidad o transacciones de dinero. Pero no solo eso. 5G y la ampliación de la cobertura a nivel nacional producto del despliegue de su necesaria infraestructura, permitiría implementar de manera efectiva la telemedicina, o facilitar el acceso a la educación, así como otras aplicaciones clave para la población en general.

La pandemia lo ha dejado de manifiesto: hoy más que nunca el acceso de las personas a bienes y servicios esenciales depende en gran medida de su conectividad, y existe una brecha donde los sectores más desmejorados de la población se han visto perjudicados.

A raíz de lo anterior es que, en el caso de Chile, las autoridades han tomado el despliegue de 5G desde una perspectiva de política pública indispensable, considerando por cierto su geografía larga y angosta que transforma a las telecomunicaciones en un elemento crítico para el desarrollo.

Este año, la autoridad de telecomunicaciones chilena (Subtel) lanzó el concurso público para el despliegue de 5G a nivel nacional, lo que implica la asignación del espectro radioeléctrico necesario para que los adjudicatarios puedan operar sus redes. Se espera que una vez concluido el proceso y la infraestructura necesaria sea desplegada, el servicio 5G pueda ser ofrecido a partir de comienzos de 2022.

En este contexto y en conjunto con otras adecuaciones normativas, incluyendo el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el particular, el país contaría, en lo formal, con un set de medidas adecuadas para perseguir el interés público definido.

Así, se determinaron criterios de asignación de espectro que resguarden un nivel adecuado de competencia en el mercado, facilitándose la participación en 5G no solo a los incumbentes, sino que también a nuevos actores.

En esta misma línea, se exigirá que todo concesionario de espectro debe mantener, en forma permanente y actualizada, una oferta de facilidades y reventa de planes para Operadores Móviles Virtuales. Esto se traduce en que aquellos concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que no cuentan con infraestructura propia puedan operar bajo un régimen más eficaz de acceso abierto a la infraestructura de sus competidores.

Además, Subtel exigirá que los concesionarios deben dar cobertura 5G al 90% de la población a nivel nacional dentro del plazo de tres años. También, estarán sujetos al cumplimiento de un plan de uso efectivo (real) y eficiente (óptimo) del espectro, para asegurar la calidad del servicio y la asignación eficiente de este recurso, dada su teórica escasez y su naturaleza de bien nacional de uso púbico.

Pero no todo se trata de restricciones y condicionantes. Los procesos de avances tecnológicos y el despliegue de infraestructura son oportunidades provechosas para las empresas de telecomunicaciones, sea que presten servicios directamente al público o bien que provean solo de infraestructura para ser utilizada por los concesionarios. La autoridad lo sabe: los procesos de implementación de 5G, dada su envergadura, deben ser diseñados de forma tal que los actores vean reales oportunidades de monetización.

Tal como ya ocurrió en forma previa al despliegue de 4G, ante la coyuntura generada por la inminente implementación de la tecnología 5G, las empresas se están perfilando de forma activa en el mercado, sea persiguiendo estrategias de compras o bien explotando oportunidades de compartir la inversión en la nueva infraestructura a ser desarrollada. El clima actual de tasas facilita aún más estas transacciones. Es clave, en este sentido, la importancia de aquellos concesionarios de infraestructura física de telecomunicaciones, quienes en los últimos años han conseguido un sitial estratégico para la ampliación de las redes, permitiendo a las empresas de telecomunicaciones propiamente tales centrarse en lo medular de su negocio de cara al público.

Como se ve, Chile ha seguido la línea de diseñar el despliegue de 5G como parte de una política pública indispensable. Sin embargo, los beneficios reales y necesarios de esta tecnología solo podrán ser capturados si los distintos órganos fiscalizadores, tribunales, y actores en el mercado, se desempeñen de forma tenaz para no desviarse de los objetivos trazados.

Existe un riesgo de que, con el pasar del tiempo, las medidas diseñadas queden solo en lo formal y se le reste relevancia al interés público detrás del desarrollo de 5G. Por ello, la invitación es a que los partícipes de la industria, tanto en lo público como privado, alineen sus intereses con la finalidad pública perseguida, de cara a los desafíos actuales de la sociedad a nivel global.

 
Ignacio Errazquin es abogado de la Universidad de Chile, Diplomado en Política y Derecho de la Competencia de la misma universidad,y LLM de la Universidad de Duke. Es asociado senior de CMS Carey & Allende y se ha especializado en M&A, control de fusiones, telecomunicaciones, y otras industrias reguladas en Chile.

 

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