Las alertas de la Fiscalía General en el nuevo Año Judicial español

Álvaro García Ortiz

Claudio Soto, desde España. El pasado jueves, en la sede del Tribunal Supremo y bajo la presidencia del Rey Felipe VI, se dio inicio al Año Judicial en España, evento que nuevamente puso en el tapete la falta de acuerdos políticos para la renovación del Consejo General (CGPJ), máxima institución gubernamental de los jueces.

Desde hace ya cinco años que tanto el PSOE como el Partido Popular (PP) —fuerzas mayoritarias en el Congreso— no logran avanzar en el nombramiento de la cúpula de 20 vocales en el CGPJ y otra veintena de magistrados del Tribunal Supremo, lo que ha llevado a una real preocupación de las autoridades europeas. La justicia española así sigue sin tiraje, sin respetar lo que dicta la Constitución y, lo que es peor aún, sin visos de una salida en el corto plazo.

En lo netamente jurisdiccional, destacó la cuenta del año 2022 que realizó el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para una mayor eficacia de las instituciones que componen el sistema de justicia.

Unificación de criterios

El Rey Felipe VI con Sala de gobierno del Tribunal Supremo/ Web CGPJ

La máxima autoridad del Ministerio Público español señaló que se hace imprescindible en este nuevo Año Judicial para su institución el respeto a los principios de legalidad e imparcialidad y, por otro, el de la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Estos últimos —dijo— deben estar al “servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”, para despejar toda duda respecto al actuar de la Fiscalía.

Puso como ejemplo, el impacto que tuvo la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual (Ley del solo sí es sí) y las adecuaciones posteriores que tuvieron que hacerse, por cuanto, al ser más favorable al condenado, permitió una rebaja de penas e incluso la excarcelación de cientos de agresores sexuales.

Las adecuaciones —recordó— posibilitaron la unificación de criterios de actuación respecto a las revisiones de sentencias firmes, lo que fue asumido por la Junta de Fiscales de sala. “Aplicados (estos criterios) en todo el territorio, son el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España”, señaló.

Investigación criminal

El Fiscal General también destacó durante el inicio del Año Judicial los avances que significó una circular publicada en 2022 sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, que permitió a la institución a su cargo asumir las primeras diligencias y dirección de las mismas en consonancia por lo dictado por la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

“Esta Circular sitúa al fiscal en el papel que le corresponde en la investigación, antes de la iniciación del proceso penal, por lo que de forma muy pormenorizada detalla el contenido de las actuaciones que en el marco normativo actual de nuestro sistema procesal pueden ser realizadas directamente o solicitadas por las y los fiscales; incide en la asunción por el Ministerio Fiscal de la dirección de la Policía Judicial; las garantías del sospechoso, la especial atención a las víctimas y la necesidad de la protección de los datos personales de quienes se vean afectados por unas diligencias”, enfatizó.

Destacó también en el ámbito criminal, el trabajo que desde hace 25 años ha realizado la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. “La Fiscalía Anticorrupción española es pionera en Europa y ha servido de modelo y referente para otras fiscalías similares en los países de nuestro entorno”, recordó.

Migración irregular

Web Fiscalía General del Estado

Otro tema que ocupó el discurso del Fiscal General en el inicio del Año Judicial fue la compleja situación migratoria, que no solo afecta a España, sino que también a varios países de Europa, tales como Francia, Grecia e Italia, en primera línea del Mediterráneo.

En este ámbito señaló que, tras un profundo análisis de la Unidad especializada de Trata de Seres Humanos y Extranjería, se ha llegado a la conclusión de que la situación administrativa de irregularidad aboca a la persona extranjera a la marginalidad, a la pobreza y a la exclusión social, lo que propicia —dijo— “que acaben siendo objeto de explotación”.

“Es ilustrativo que el 98% de las víctimas de trata de seres humanos en nuestro país sean extranjeras, y más de dos terceras partes se encuentren en situación irregular o sean solicitantes de protección internacional”, ejemplificó, poniendo especial énfasis en la situación de mujeres, menores, personas discapacitadas y extranjeros condenados a penas de cárcel.

Violencia de género

García Ortiz señaló que en España es prioritario abordar la violencia de género. El Fiscal señaló que, en 2022, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una más que el año anterior. Doce de estos feminicidios íntimos lo fueron en el mes de diciembre. El 44,9% de las víctimas había denunciado previamente.

“En materia de violencia contra la mujer los datos son incontestables. Y hay uno que llama poderosamente la atención, que expresamente quiero poner de relieve para quienes todavía se resisten a aceptar una realidad crítica. Desde el año 2009 hasta 2022, en España se han interpuesto más de dos millones de denuncias por violencia contra la mujer”, recalcó.

Abusos por parte de religiosos

En el inicio del Año Judicial la autoridad también recordó de los altos índices de delitos motivados por la LGTBIfobia, los de agresiones sexuales por y en contra de menores; y los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en contextos religiosos, es decir, sobre los abusos en el seno de la Iglesia, a los cuales el Ministerio Fiscal —indicó— ha realizado un seguimiento exhaustivo para dar una respuesta de acuerdo con la magnitud del daño.

“La Memoria explora algunas posibilidades, la solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la institución religiosa en la que han tenido lugar los hechos delictivos; valorar la extensión de la acusación a las eventuales conductas encubridoras; la solicitud, en todo caso, de la inhabilitación profesional del acusado para desempeñar cualquier actividad relacionada con menores; y la necesaria integración de los daños morales y las lesiones psíquicas sufridas en el concepto de responsabilidad civil”, señaló.

Descarga la Memoria 2022 de la FGE

 
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