La UE busca unificar los delitos de corrupción con reglas de “tolerancia cero”

No están tranquilas las aguas en la Unión Europea. Esta semana, la Comisión de Justicia, con sede en Bélgica, informó que se encuentra trabajando en “estrictas normas” para combatir la corrupción y armonizar su legislación en todos los Estados miembros.

La decisión golpea, por ejemplo, la reforma del delito de sedición y malversación que hace 5 meses sacó adelante el Gobierno de España para favorecer una rebaja de penas a los independentistas catalanes y que ahora debería seguir las nuevas orientaciones de la Comisión bajo el concepto de “tolerancia cero”.

En lo central, la nueva política de la UE, que debe conversarse con los 27 estados miembros, busca “armonizar las definiciones de los delitos penales perseguidos como corrupción para cubrir no solo el soborno sino también la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción”, señalan en Bruselas.

Comisión Europea / Pixabay.com

Según datos de la Comisión, la corrupción cuesta a la economía de los estados miembros al menos unos 120.000 millones de euros al año. En tanto, datos del Eurobarómetro (instrumento de sondeo oficial utilizado por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otras instituciones y agencias de la UE para controlar periódicamente el estado de la opinión pública) señalan que en 2022 siete de cada diez europeos (68 %) creían que la corrupción estaba generalizada en su país y solo el 31 % opinaba que los esfuerzos de su gobierno para combatir la corrupción eran eficaces.

Reglas preventivas

La decisión de la Comisión Europea es implementar una batería de medidas legislativas para favorecer la unificación de la normativa, la prevención de los delitos y la investigación de estos en el viejo continente.

En el ámbito preventivo, por ejemplo, se buscará sensibilizar sobre la corrupción, mediante la realización de campañas de información y sensibilización, investigación y programas educativos para reducir los riesgos y delitos de corrupción.

Asimismo, se buscará que el sector público rinda cuentas “con los más altos estándares” imponiendo a los Estados miembros la obligación de adoptar normas eficaces sobre el acceso abierto a la información de interés público, la divulgación y gestión de conflictos de intereses en el sector, la divulgación y verificación de bienes de los funcionarios públicos y regular la interacción entre el sector público y el privado.

Así, la propuesta hace que todos los delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sean obligatorios en virtud de la legislación de la UE y aúna la corrupción en los sectores público y privado.

Unificación de delitos

Junto con armonizar las definiciones de los delitos penales perseguidos como corrupción para cubrir no solo el soborno sino también la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción. La propuesta hace que todos los delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sean obligatorios en virtud de la legislación de la UE y aúna la corrupción en los sectores público y privado.

También, se propone aumentar el nivel de las sanciones penales para las personas físicas y jurídicas, junto con armonizar las circunstancias agravantes y atenuantes.

Investigaciones y enjuiciamientos a la corrupción

En esta línea, la Comisión buscará que los Estados miembros puedan garantizar que las fuerzas del orden y los fiscales cuenten con las herramientas de investigación adecuadas para luchar contra la corrupción.

Asimismo, se establece que los Estados miembros deberán garantizar que los privilegios y la inmunidad puedan levantarse durante las investigaciones de corrupción a través de un proceso efectivo y transparente preestablecido por ley, y de manera oportuna.

También se introducirán reglas mínimas sobre el plazo de prescripción para garantizar un tiempo suficiente para llevar los delitos de corrupción ante la justicia.

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