La semana furibunda de los decretos leyes aprobados en España

Félix Bolaños en el Senado

Claudio Soto, desde España. La crispación política marcó la semana política-legislativa en España. Esto, luego de que el Congreso de los Diputados (funcionando en el Senado por la ejecución de obras de su edificio en Madrid) decidiera dar luz verde a dos decretos leyes del gobierno, dejar uno fuera y desechar la totalidad de las enmiendas que el Partido Popular (PP) y VOX presentaran para hacer frente a la llamada Ley de Amnistía a favor de quienes se alzaron en un referéndum ilegal en la comunidad de Cataluña en 2017 y que se convirtió en moneda de cambio para la investidura del Presidente, Pedro Sánchez.

Más allá de la discusión política y las negociaciones de última hora para conseguir los votos necesarios, el gobierno logró sacar adelante, primero, una normativa para impulsar la transformación digital de la administración de justicia española; y segundo, un decreto-ley para garantizar un paquete de medidas de ayudas fiscales y bonificaciones para los pagos de electricidad, junto con prohibir los cortes de luz, agua y gas para los sectores más vulnerables de la población.

En este último caso, también se incluye una revaloración de más de 11 millones de pensiones, que subirán en un 3,8%, y la subida del ingreso mínimo vital en un 6,9%. Asimismo, se prorrogan de manera indefinida los impuestos a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector bancario, las empresas energéticas y las grandes fortunas.

Sector justicia

Senado de España

Desde el ministerio de Justicia, su titular, Félix Bolaños (en fotografía de portada) explicó de que “se trata de la reforma más ambiciosa realizada en décadas”, ya que apunta a modernizar y digitalizar el servicio público del área, para hacerlo más ágil y eficaz. La aprobación de este decreto está asociado a que España reciba un cuarto desembolso de los fondos Next Generation de la Unión Europea, por un importe de 10.000 millones de euros.

Según explicaron en la cartera de Justicia, el Real Decreto Ley (6/2023) impulsa, entre otros aspectos, acciones para adaptar el servicio al marco tecnológico y digital actual, a fin de garantizar el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, con especial atención a las personas con discapacidad.

Entre estas medidas de transformación se incluye la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta de Justicia electrónica, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.

Función pública y mecenazgo

El Real Decreto Ley también recoge actuaciones de reforma de la función pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo público, como la planificación estratégica de los recursos humanos, la evaluación del desempeño y su vinculación con el complemento salarial y con la provisión de puestos, la carrera horizontal o la regulación de la figura del directivo público profesional.

En materia de Administración Local, incluye medidas para acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales, también a través de medios digitales, apoyando a los municipios pequeños en la prestación de los servicios. Respecto al mecenazgo, la norma introduce, entre otros aspectos, mejoras a los incentivos fiscales.

Amnistía

Respecto a la Ley de Amnistía, el pleno decidió rechazar todas las enmiendas presentadas por el Partido Popular y VOX. Explican en la sede del legislativo que con ello la iniciativa del Partido Socialista Obrero (PSOE), presentada el 12 de diciembre pasado, continúa su tramitación en la respectiva comisión y Pleno.

Al tratarse de una proposición de ley orgánica, su aprobación exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 131 del Reglamento). Si se aprueba, el texto será remitido al Senado, y si, por el contrario, “no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, señalaron en la Cámara.

 
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