La política de zonas extremas: una nueva oportunidad, pero un nuevo desafío

El 13 de septiembre del presente año se publicó en el Diario Oficial de Chile el Decreto Supremo N°43 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento que fija la Nueva Política de Zonas Extremas, con ello se da continuidad como política de Estado al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, también conocido como PEDZE, creado con carácter transitorio el 2014 que priorizaría una cartera específica de iniciativas públicas en materia de obras públicas, vivienda, salud, etc, según el requerimiento de las propias regiones y a la que se le daría un tratamiento especial y distintos del resto de las regiones de Chile para su concreción.

Fundada en la obligación del Estado de promover igual acceso de oportunidades a todos los habitantes del territorio y en la necesidad de integrar a territorios con dificultades de acceso a la institucionalidad pública, servicios básicos y condiciones requeridas para el desarrollo, esta política es un instrumento público llamado a focalizar los esfuerzos estatales para que las personas que habitan esos territorios puedan alcanzar una mejor calidad de vida y satisfacer adecuada y oportunamente necesidades básicas como salud, educación, trabajo, etc. Así, junto a la política de Zonas Rezagadas, con esta medida se busca conseguir la realización plena e integral en igualdad de condiciones, con independencia de su ubicación geográfica en el territorio nacional, de los habitantes de zonas extremas, entre las que se encuentra entre otras Arica y Parinacota.

Una serie de principios definen la Nueva Política de Zonas Extremas, entre los que destaca el enfoque de derechos, algo novedoso para este tipo de instrumentos, y que significa que el Estado debe propiciar una intervención equitativa e igualitaria, reconociendo a las personas como sujetos de derechos con el fin de reducir las brechas territoriales y sociales entre los habitantes y el territorio. En otras palabras, que todos los habitantes del país tengan adecuado acceso a los servicios necesarios para poder ejercer sus derechos más fundamentales.

¿Pero cómo se llevará adelante esta nueva política?, según su reglamento, los Gobiernos Regionales lideran el proceso de formulación e implementación de un plan de desarrollo con la colaboración de los servicios públicos competentes, es decir, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Salud (Minsal), entre otros.

Este plan, que es un instrumento de orientación e inversión que surge de un diagnóstico y una línea de base que define objetivos, metas y resultados orientados a subsanar las brechas en los territorios y así impulsar el desarrollo y la equidad en los territorios de zonas extremas, contiene la cartera de proyectos a desarrollar y debe pasar por una serie de etapas, entre las que se cuenta: 1. Elaboración o actualización del mismo, teniendo como referente la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), 2. Presentación de la propuesta a los sectores de la sociedad civil, 3. Aprobación del plan por el consejo regional, 4. Envío del plan a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para aprobación, 5. Evaluación de la propuesta por SUBDERE, 6. Aprobación financiera por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), 7. Evaluación final de la propuesta, 8. Aprobación administrativa del Plan de Desarrollo.

Para aquello, el plan debe considerar tanto el anteproyecto regional de inversiones (ARI) de cada región considerada extrema, así como el programa público de inversión regional (PROPIR).

El reglamento desarrolla de manera muy detallada la elaboración del plan, para lo cual examina aspectos fundamentales que se deben considerar como todas las etapas necesarias para el desarrollo de una iniciativa de inversión, el uso de metodología del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), la necesaria evaluación de las iniciativas y proyectos por el Sistema de Nacional de Inversión (SNI), el apoyo técnico del sector privado y de universidades, etc.

El periodo de ejecución inicial del plan de desarrollo será de 10 años y deberá ser evaluado por la SUBDERE al 5° año de ejecución. Posterior a los 10 años de cumplimiento, el Gobierno Regional (GORE) podrá enviar una propuesta nueva o actualizada para ser evaluada.

Un aspecto relevante y que no se menciona en el reglamento es el tiempo definido para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del plan, estableciendo un plazo total de duración de 10 años, señalando además en su disposición transitoria que los vigentes Planes de Desarrollo de Zonas Extremas tendrán un plazo adicional de duración de dos años desde su término, plazo que para el caso de Arica y Parinacota se cumple este 2023.

Durante este tiempo se deberá elaborar o actualizar el plan de desarrollo, de acuerdo con esta Nueva Política Nacional. Sin duda se trata de un completo instrumento de desarrollo que impone un gran desafío a las regiones, pues desde ellas deberán levantarse, a través de los Gobiernos Regionales y sus equipos técnicos, las iniciativas priorizadas, con acuerdo de la ciudadanía y las entidades responsables, verificar su complementariedad con la Estrategia de Desarrollo Regional (ERD) y su financiamiento, además de cumplir con los estándares técnicos de toda inversión pública para que en efecto puedan llevarse adelante.

Enfrentados a una época que trae malestares, riesgos, complicaciones y urgencias, sin duda la Nueva Política de Zonas Extremas surge como una nueva oportunidad y un reto para las regiones extremas, en especial para la alicaída región de Arica y Parinacota en el ámbito de la infraestructura pública. El tiempo y las condiciones apremian, muchos y muchas ya no pueden seguir esperando, es tiempo de avanzar.

Paula Lepe es abogada de la Universidad de Chile, Magister en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, ex fiscal regional del Ministerio de Obras Públicas, Región de Arica y Parinacota. Actualmente, se desempeña como investigadora del Centro de Estudios de la Universidad de Tarapacá (CEUTA).

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