La nueva ley de delitos económicos: un pilar para las pymes en el sur de Chile

En el sur de Chile, donde la actividad salmonera, la silvicultura, la celulosa y la energía renovable son el corazón económico de muchas comunidades, la implementación de la nueva ley de delitos económicos (Ley 20.393 / 21.595) se convierte en una herramienta crucial para fortalecer la integridad y transparencia empresarial.

Carolina Álvarez

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en estos sectores enfrentan desafíos únicos. La reciente normativa no solo busca sancionar, sino también prevenir y educar a las empresas sobre la importancia de implementar programas de compliance efectivos.

El cumplimiento normativo no es solo un requisito legal, sino una estrategia de negocios que aporta valor. Para las pymes en sectores como los mencionados, donde la competencia es feroz y las regulaciones pueden ser complejas, contar con un programa de compliance bien estructurado puede marcar la diferencia. Estas iniciativas deben incluir políticas claras, procedimientos internos y formación continua para los empleados sobre la prevención de delitos económicos.

El concepto de compliance, como programa estructurado, surgió a partir de las Directrices Federales de Sentencias en los Estados Unidos en 1991, diseñadas para prevenir y disuadir el comportamiento indebido en las organizaciones. Estas directrices establecieron varios elementos esenciales que deben formar parte de un programa de cumplimiento normativo, a saber, reglas claras de conducta, responsabilidad total, identificación y acciones contra violaciones, capacitación efectiva, monitoreo y auditoría, aplicación consistente de estándares y ajustes en consecuencia.

Es en este contexto que resulta esencial comprender cómo podrían variar las sanciones entre una normativa y otra. En el sector salmonero, por ejemplo, si una pyme usa productos químicos prohibidos o no gestiona adecuadamente los residuos, bajo la antigua ley enfrentaba multas y la suspensión de permisos. Con la nueva normativa, además de estas penalizaciones, existe la posibilidad de enjuiciar a los ejecutivos por delitos económicos, con consecuencias como la prisión y la inhabilitación para cargos directivos.

En la industria forestal y de celulosa, una empresa que incumpla normativas ambientales, como la gestión de desechos o la deforestación ilegal, enfrentaba multas y clausura bajo la antigua ley. Con la nueva legislación, se añaden cargos penales para los directivos por delitos ambientales y económicos.

En tanto, en el sector energético, una pyme que no respete normativas de seguridad laboral o ambiental, bajo la antigua ley enfrentaba multas y la suspensión de proyectos. Con la nueva normativa, los directivos pueden ser procesados penalmente, con riesgo de cárcel, por negligencia o violación de normativas ambientales y de seguridad.

Para que un programa de compliance sea verdaderamente exitoso, debe integrarse en todos los niveles de la organización. Este concepto, conocido como Tone at the Top o Tono en la Cima, destaca la importancia de que la alta dirección apoye y fomente una cultura de cumplimiento. La efectividad de estas iniciativas depende en gran medida de que los líderes empresariales establezcan un ejemplo positivo y promuevan activamente el cumplimiento normativo.

Asimismo, la inversión en programas de cumplimiento adecuados se posiciona como una estrategia inteligente para asegurar el éxito a largo plazo de los diversos proyectos empresariales. Estos programas no solo protegen los intereses de las pymes, sino que también contribuyen al bienestar de la sociedad y del medio ambiente en general.

La implementación de programas de cumplimiento normativo efectivos es una necesidad imperativa para las pymes en el sur de Chile. La nueva ley de delitos económicos no solo debe ser vista como un marco regulatorio, sino como una oportunidad para fortalecer la gestión empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Las empresas que tomen la delantera en este ámbito no solo cumplirán con la ley, sino que se posicionarán como líderes en sus respectivos sectores, construyendo una base sólida para un crecimiento futuro, responsable y sustentable.

 
Carolina Álvarez es abogada y LLM Executive en derecho económico y financiero por la Universidad del Desarrollo, cuenta con una especialización en Effective Compliance Programs por la Universidad de Pennsylvania. Actualmente, es asociada senior en la Consultora Admiral.
 
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