Las novedades (y conflictos) en el arbitraje latinoamericano

Los últimos han sido años convulsionados en todo el mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia, la crisis económica en China, las migraciones masivas en distintos países y los efectos de la pandemia son fenómenos que durante 2022 se tomaron la agenda y que se han extendido a este nuevo ciclo, generando consecuencias en el desarrollo de inversiones y en el cumplimiento de contratos.

Frente a estas realidades, el mecanismo del arbitraje ha tenido que desarrollarse y verse envuelto en una serie de cambios, no solo a nivel global, sino también dentro de Latinoamérica.

Ricardo Vásquez Urra

Ricardo Vásquez Urra, socio de Vásquez Urra Abogados y árbitro en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), comenta que en 2022 ocurrió un gran aumento de contiendas en Chile, entre otras razones, por algunos cambios legales y también por el debate respecto de la elaboración de una nueva Constitución.

“Producto de esto hubo algunas empresas que consideraron apropiado generar consultas y otras que solicitaron arbitraje”, dice. Entre las áreas económicas donde se identificó un incremento de controversias en el país fueron construcción e infraestructura, debido a cambios en sus regulaciones que imposibilitaron el cumplimiento de contratos.

En tal contexto, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) «ha efectuado una modificación de su reglamento nacional e internacional. Además, ha firmado convenios con el CIADI y el Centro Internacional de Arbitraje Comercial de Singapur, que hace de Chile una plaza atractiva en el campo, incentivando a varios abogados a especializarse en el tema”, explica.

Sobre este último aspecto, precisa que la contratación de árbitros chilenos genera un costo adicional al cliente, al estar muy apartados del resto de los países, por lo que estas mejoras son un avance para el desarrollo de este mecanismo en el ámbito local.

Josefina Silva

En la misma línea, Josefina Silva, asociada de Albagli Zaliasnik y miembro de la red Santiago Very Young Arbitration Practitioners (SVYAP), destaca el uso que ha hecho el CAM Santiago de los árbitros jóvenes para bajar los costos de arbitrajes entre inmobiliarias y personas naturales, que pueden llegar a ser muy costosas para los últimos.

También asegura que se ha logrado llegar a un equilibrio entre las actividades con asistencia personal y las virtuales, esta última experiencia particularmente desarrollada durante los años de pandemia y que ha significado un beneficio para esta especialidad.

“Se ha consolidado una práctica que ha hecho al arbitraje más eficiente, que consiste en que uno tiene audiencias presenciales para situaciones donde la presencialidad es muy importante, como las testimoniales o las absoluciones de posiciones, mientras que el sistema telemático se usa en aquellas audiencias y gestiones más de mero trámite, lo que ha alivianado muchísimo el día a día en la gestión”, señala.

Además, anticipa que el arbitraje de inversión se posicionará con fuerza para el año 2023 en Chile, producto del nuevo debate constitucional en el país y el nivel de confianza que los inversores tengan frente a este proceso, que, de generar incertezas, podría aumentar el número de procedimientos arbitrales.

Patricio Rámila

Patricio Rámila, asociado senior de Alessandri Abogados y miembro de la SVYAP, igualmente considera al proceso constituyente como un evento al que se debe prestar atención, puesto que algunos de sus planteamientos podrían tener consecuencias en los mecanismos de resolución de controversia que existen.

“Recordemos que la propuesta que fue rechazada en septiembre del año 2022 establecía que la justicia arbitral sería siempre voluntaria, eliminando el arbitraje forzoso del ornamento jurídico, lo cual evidentemente hubiese tenido un impacto”, explica.

Aumento de arbitrajes en Centroamérica

El profesor de arbitraje y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala, Milton Estuardo, explica que Costa Rica es la jurisdicción centroamericana que más se ha desarrollado el arbitraje en los últimos años.

Así, cuenta que desde hace más de una década en el país se organiza el Congreso de Arbitraje Internacional (CAI), que llevó a la creación del Grupo Centroamericano de Arbitraje, vinculado a la Cámara de Comercio Internacional y, “además, tiene como valor agregado un sistema de justicia en el que la Sala que conoce los recursos de nulidad contra los laudos ha establecido jurisprudencia con sus fallos, por lo que da bastante certeza jurídica”.

Milton Estuardo

Guatemala, en tanto, tiene dos centros de arbitraje, uno adscrito a la Cámara de Comercio (CENAC) y el otro a la Cámara de Industria (CRECIG), los que experimentaron un flujo atípico de controversias los últimos años.

En el primero, dice, hubo un incremento considerable de casos y así, mientras en 2021 se iniciaron dos nuevos. En 2022 este número ascendió a 15; por el contrario, en el segundo organismo la situación fue al revés y el año pasado ingresó la mitad en comparación con el período anterior. A juicio de Estuardo, la explicación de este aumento fue consecuencia de la pandemia.

Pero donde sí se ha detectado un crecimiento sostenido en el país ha sido en los arbitrajes ad hoc: “Pareciera ser que una primera intención es el ahorro de costos respecto de un arbitraje institucional”, teoriza el académico y aprovecha de efectuar algunas críticas a la Ley de Arbitraje de su país, por la forma en que se regula el recurso de amparo en la materia y que, dice, permite un abuso en la utilización de esta acción en contra de lo resuelto.

“En Guatemala no se llama ‘recurso de nulidad’, sino de ‘revisión’ y la normativa no solo faculta a la Sala a anular o confirmar el laudo, sino que puede modificarlo, que no es lo usual”, señala.

¿Qué sucederá en 2023? En la región, anticipa, los dispute boards en el área de la construcción y el arbitraje relativo a contratación pública cobrarán preponderancia y, aunque “en el área centroamericana, hasta donde he podido ver, es un tipo de arbitraje que se encuentra menos desarrollado que el comercial, paulatinamente comienza a ganar terreno”, especialmente en Panamá y Honduras.

“Su implementación permite solucionar ‘sobre la marcha’ cualquier diferencia respecto al proyecto de construcción, sin que este se suspenda”, precisa.

Tecnología en audiencias y más mujeres en el arbitraje

Sebastián Salazar

Sebastián Salazar, árbitro de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, afirma que el desarrollo más significativo en materia arbitral este año fue la Ley 2213, que norma el uso de la tecnología para audiencias, expedientes y notificaciones, la que pese a su avance, también experimenta algunos problemas.

“Si bien no es puntualmente algo que solo haya ocurrido en 2022, el país continúa en un proceso de ‘procesalización’ del trámite arbitral, haciendo interpretaciones restrictivas y limitando la autonomía de la voluntad”, explica.

Una de las novedades en el arbitraje colombiano, agrega, es el proyecto de ley sobre arbitraje ejecutivo —que busca dar poderes de ejecución a los árbitros—; el proyecto de reforma a la ley de arbitraje —que busca resolver debates y deficiencias que se han identificado en ya más de 10 años de vigencia de la ley— y el fortalecimiento del arbitraje para asuntos societarios y conflictos sociales.

Carolina Galíndez

Desde Argentina, Carolina Galíndez, abogada del Estudio Padilla Silva y Asociados, comenta que el arbitraje comercial internacional cuenta con una tendencia jurisprudencial favorable, “ya sea interpretando restrictivamente el pedido de nulidad de laudos arbitrales, así como también recordando el alcance de la revisión judicial sobre los laudos arbitrales”.

También destaca una mayor participación femenina en el arbitraje de su país y una expansión del campo en diversas materias, como ambiental, social, gobierno corporativo y compliance.

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