La necesidad de promover el voluntariado legal desde la universidad

Las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho entran a las aulas con una marcada conciencia social y con el deseo implícito de contribuir a hacer justicia. No obstante, esta voluntad se encuentra a menudo sin un cauce claro dentro de su formación académica, pues si bien están motivados a ayudar, no todos conocen la existencia y la importancia del trabajo pro bono en nuestra profesión.

Ivanna Moya

La realidad de muchas personas en Chile es que se enfrentan a barreras que les impiden el acceso a una justicia de calidad. La brecha entre quienes pueden permitirse servicios legales y quienes quedan al margen del sistema legal es amplia y profunda. En este contexto, el voluntariado legal emerge como un pilar fundamental para acercar la justicia a quienes más la necesitan, garantizando la protección de sus derechos y una real igualdad ante la ley.

Se trata de algo esencial y que se debería integrar en el ADN profesional de los futuros abogados y abogadas, para que la semilla del voluntariado legal germine desde los primeros años de carrera. Es ahí donde instituciones como Fundación Pro Bono han jugado un rol crucial en este propósito, al fomentar la participación de estudiantes y profesionales en desafíos y programas de la fundación, no solo para ayudar a disminuir la brecha de acceso a la justicia, sino que también están inculcando una ética de servicio en la comunidad legal.

En este caso, El Desafío Pro Bono ha tomado un rol importante para intensificar el voluntariado legal desde temprano y así poder entregar educación legal a diversos rincones de nuestro país. Se trata de un concurso para estudiantes de Derecho de todo el país que busca promover el voluntariado legal desde las aulas y así instar a una solución a problemáticas diversas desde el derecho. Algunos ejemplos de proyectos ejecutados en distintas versiones del concurso durante los años han sido: violencia en él pololeo, subarrendamiento, bullying, ley TEA, violencia obstétrica, entre otros.

Cabe destacar el impacto que tienen los proyectos en los grupos de personas que son objeto de sus trabajos, como por ejemplo, el proyecto ganador del 2023 denominado “Jóvenes con identidad”, que buscaba informar a adolescentes de la Quinta Región sobre los procedimientos de control de identidad y en donde a través de una encuesta al final de sus charlas se dieron cuenta de que “292 alumnos de un total de 452 NO tenían claro sobre sus derechos y deberes en la realización de un control de identidad”.

Otro proyecto para destacar fue el denominado “Subarrendamiento en el subconsciente” que buscaba dar cuenta de los problemas de subarrendamiento abusivo, este proyecto realizó charlas informativas a funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba y elaboró un manual con contenido relativo al subarrendamiento. Y finalmente, es necesario mencionar el proyecto “Arica ciudad inclusiva” que tenía como objetivo beneficiar a 28 familias usuarias de la Fundación Arica Down entregándoles formación socio-jurídica respecto a la normativa nacional e internacional relativa a los derechos de las personas en situación de discapacidad.

Además de brindarles asesoría legal de acuerdo con las necesidades identificadas en dicho proceso. Los profesores de derecho tienen una responsabilidad crucial en este campo. No solo deben transmitir conocimientos legales, sino también actuar como catalizadores para sembrar en los alumnos la conciencia y el deseo de cambiar el mundo que es inherente en la etapa formativa de todo futuro profesional. Su papel va más allá de la enseñanza, ya que pueden influir en los futuros líderes del país y convertirse en agentes de cambio.

Al fomentar la empatía y el compromiso social, los profesores pueden guiar a los estudiantes hacia el beneficio de organizaciones sociales y personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad y en donde el acceso a la justicia puede ser más escaso.

Introducir el concepto y práctica del trabajo pro bono desde el inicio de la carrera de Derecho tendría un impacto transformador. Se crearía una cultura de servicio que va más allá de la obligación y que se enfoca en la responsabilidad social del abogado. Facilita la formación de profesionales con una conciencia social más profunda, una visión más humanística del ejercicio del derecho, y una mayor disposición a contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa.

Ivanna Moya es abogada y coordinadora de proyectos de Fundación Pro Bono.

 
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