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jueves, 30 de mayo de 2024

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La modernización del mercado legal en Panamá

“Diversos estudios revelan que las necesidades de las empresas han cambiado y ello empuja a una revisión significativa de los proveedores de servicios legales”.

Juan Antonio Boyd - 24 octubre, 2022

mercado legal en PanamáJuan Antonio Boyd

El mercado de los servicios legales ha registrado una importante transformación en el transcurrir de la última década, principalmente por la tecnología y el aumento de la economía digital.

La tecnología ha propiciado una acelerada transformación de las diversas ramas de la economía en los últimos años.

Diversos estudios revelan que las necesidades de las empresas han cambiado y ello empuja a una revisión significativa de los proveedores de servicios legales. Mientras crece la demanda, existe también la necesidad de un nuevo tipo de consejeros que ofrezcan una gama de servicios más amplia, más allá de únicamente asesoría legal.

Los clientes de servicios legales están buscando en particular proveedores que presenten ofertas competitivas tanto en precio y servicio. Que tengan una mejor comprensión de su industria o negocio, que puedan ofrecer consejo estratégico y además exigen una gestión de trámites rápida y eficiente.

La utilización de herramientas y plataformas tecnologías, novedosas para muchos abogados, actualmente se están aplicando en un gran número de despachos en todo el mundo, con países más avanzados que otros.

En Panamá, en donde cada año egresan unos 1,500 abogados de las diferentes universidades, el mercado legal está migrando de la prestación tradicional de servicios a una transformación en todas sus actividades diarias. Es un reto importante que el sector está enfrentando para evolucionar e ir a la par de las tendencias que están registrando otros países.

Este proceso disruptivo lleva consigo la aplicación de cambios relevantes en la forma de definir, administrar y gestionar el trabajo de un despacho legal.

Lo que hace un quinquenio se planteaba como objetivos a largo, hoy es un proceso necesario, empujado por una pandemia que obligó a un confinamiento en todo el mundo y que aceleró esa materia pendiente de las firmas de abogados que no tenían en sus planes esa migración a la era digital.

Podemos mencionar el caso de nuestra firma Veló Legal, primera firma NewLaw panameña que en plena pandemia salió al mercado con un enfoque innovador. Se distingue por utilizar las nuevas tecnologías como inteligencia artificial y machine learning para agilizar procesos e impactar positivamente en los precios para sus clientes.

En el ámbito gubernamental también se actúa en esta transformación tecnológica, que conlleva mayor transparencia y agilidad en los trámites legales.

Este proceso se sustenta en el Decreto Ejecutivo 357 del 9 de agosto de 2016 para la modernización gubernamental y gobierno digital y la Ley N° 144 (de 15 de abril de 2020) la cual modifica y adiciona artículos a la Ley 83 de 2012, sobre el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales, con el objetivo de crear un Panamá gubernamental 100% digital.

Esta simplificación y digitalización de trámites y toda esa transformación digital son claves para la competitividad, no solo de la abogacía, sino también del país en general y promueven la atracción de inversión extranjera.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, es la entidad que lidera estos cambios. Cabe destacar, que Panamá escaló en el 2018 al grupo de alto nivel en Gobierno Electrónico, convirtiéndose en el país de América Latina que registró el mayor avance, de acuerdo con el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital, que incluye a 193 países.

La pandemia aceleró la digitalización de muchos procesos en el gobierno en materia de salud y otras áreas. La Ley 144 de abril de 2020 modificó y adicionó artículos a la Ley 83 de 2012, sobre el uso de medios electrónicos para trámites gubernamentales. Un marco legal que propicia la innovación dentro de la administración pública e incluye la capacitación a los funcionarios.

El portal único del ciudadano, la pasarela de pago estatal, la billetera digital, la identidad digital, son algunos conceptos que contempla la Ley 144.

Hay entidades como el Registro Público y la Dirección General de Ingresos, que han avanzado considerablemente en la digitalización de sus servicios. Otra institución que progresa en su modernización es el Tribunal Electoral, desde hace más de 10 años permite la obtención de diferentes documentos por la vía digital.

Para agilizar los trámites de cedulación, registro civil y organización electoral, con rapidez y confiabilidad, la entidad ofrece al público de todo el país el sistema tecnológico de 38 quioscos multiservicio, ubicados en lugares de mucho tránsito y afluencia de público.

Se pueden tramitar certificados de nacimiento, defunción y matrimonio, duplicado de cédula, adherencia a partidos políticos y certificación de afiliación a colectivo político. Además, estas prestaciones se pueden pagar con tarjetas de débito o crédito.

La presentación de la declaración de renta y el pago de impuestos está completamente digitalizada. Para el registro de marca, todos los documentos se escanean y se envían por correo electrónico.

En la parte de la administración de la justicia, se han registrados cambios en ciertos juzgados en los que ya se puede presentar demandas en línea o que permiten que un acusado esté presente en una audiencia de manera virtual.

Se están tomando acciones para acelerar la transformación digital del Órgano Judicial.

En particular, se apoya la construcción de una estrategia digital integral para el sistema de justicia sobre la base de la identificación de brechas que obstaculizan la digitalización de los procesos judiciales. Se desarrolla una metodología de planificación, para tener una hoja de ruta clara sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El concepto de abogacía digital nos lleva necesariamente a modelos de negocios basados en el derecho aplicado a la tecnología, y es en la información sobre ambos conceptos donde deben encajar las iniciativas del sector privado y gubernamental.

 

Juan Antonio Boyd es abogado de la Universidad Católica Santa María La Antigua y socio fundador de la firma Veló Legal.

 

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