La Ley es igual para todos

Silvio Cuneo Nash

En las paredes de cada tribunal de justicia italiano puede leerse en letras grandes: La legge é uguale per tutti. Obviamente, y aunque esté de moda sostener lo contrario, las palabras no construyen realidad por sí solas y esa frase rimbombante no ayudó a encarcelar a Silvio Berlusconi ni evitó el encarcelamiento de inocentes.

En Chile una frase como esa no se lee en ningún tribunal. El sarcasmo sería insoportable. Todo quien esté familiarizado con el sistema penal chileno sabe que los tribunales penales no tienen como tarea impartir justicia ni sancionar delitos. Hace más de medio siglo Eduardo Novoa Monreal nos recordaba que el derecho penal era un instrumento de dominio de clases, un mecanismo de gestión de la pobreza y de neutralización de enemigos políticos. Esta indubitable descripción puede ayudarnos a entender cosas que a muchos generan sorpresa e indignación.

Ante todo, no nos sigamos equivocando al preguntarnos si nuestro sistema procesal penal es más o menos garantista. Lo cierto es que, basta mirar el aumento del encarcelamiento desde que se promulgó el nuevo Código Procesal Penal para entender que estamos viviendo un sistema que no puede definirse como garantista. Más bien, se trata de una sociedad del miedo que encarcela a enormes masas de personas marginales en condiciones que nada tienen que ver con el respeto por la dignidad.

Del otro lado, vemos un extremo garantismo difícil de comprender cuando los imputados o condenados están muy cerca del poder. La libertad vigilada y las clases de ética del ex Paz Ciudadana, Carlos Délano, son más una regla que una excepción. Lo mismo puede decirse del hijo de Carlos Larraín y ahora del padre de Javier Macaya. Es decir, nuestro sistema penal es sumamente garantista cuando se trata de imputados poderosos, y, nada de garantista, cuando persigue a personas que carecen de poder. Cualquiera que visite una cárcel femenina o se acerque una mañana a un Juzgado de Garantía se sorprenderá con la facilidad con la que juezas y jueces encarcelan a personas por delitos menores.

Como abogado defensor me tocó una vez presenciar cómo un abogado del Ministerio Público inventó antecedentes para dejar en prisión preventiva a un imputado. Sobra decir que se trataba de un joven que había sido un niño Sename y que, por lo mismo, no le importaba a nadie. Las respectivas denuncias contra el abogado de fiscalía no tuvieron ningún resultado. La defensa corporativa del colega mentiroso importaba más que el injusto encarcelamiento.

Si bien la responsabilidad penal es personal, resulta al menos sospechoso que el padre del senador Javier Macaya, pese a estar condenado a seis años de cárcel por varios delitos de abuso sexual de menores, siga en libertad. El argumento de la defensa, que convence a la Corte de Apelaciones de Rancagua, radica en que sobre dicha sentencia aún proceden recursos procesales.

Si bien eso es cierto, resulta inaceptable este estándar tan garantista en un país en el que la prisión preventiva se aplica con excesiva frecuencia y que en la gran mayoría de los casos cuando el Ministerio Público la solicita esta se aplica por los tribunales. Por lo mismo, conviene recordar y tener presente lo que nos señalaba Novoa Monreal y abandonar actitudes cándidas que creen aún que el derecho penal busca castigar delitos de manera justa e imparcial.

Claramente, en el caso del padre de Macaya, el trato privilegiado es una consecuencia evidente de la cercanía de este abusador sexual con los círculos de poder que evidencian que los tribunales de justicia son harto menos independientes de lo que se cree y que las cárceles son espacios casi exclusivamente reservados para masacrar a los más desposeídos.

Silvio Cuneo Nash es abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, España y la Universita degli Studi di Trento, Italia. Actualmente, es académico del área de Derecho Público de la Universidad Central de Chile.

 
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