La Ley de Deuda Consolidada aplicada a empresas que venden a crédito

Después de 10 años de espera, el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Deuda Consolidada, que permitirá a los oferentes de créditos conocer mejor la situación financiera de los clientes. Uno de los objetivos de esta normativa es reducir el sobreendeudamiento tanto de las personas como de las empresas. Además, busca facilitar una mejor evaluación del riesgo por parte del sistema financiero al momento de conceder créditos.

María Inés Albornoz

En este sentido, el historial crediticio de una empresa influye significativamente en la aprobación del crédito. Pagar las deudas a tiempo y evitar retrasos son esenciales para proyectar una imagen financiera positiva. Sin embargo, esto no solo es importante para acceder a financiamiento a través de entidades bancarias, sino que también es crucial tenerlo en cuenta al vender a crédito a otras empresas.

El crédito no se limita al financiamiento bancario; incluso las transacciones comerciales a crédito más simples pueden tener un impacto significativo en la salud financiera de una empresa. A pesar de no contar con políticas de venta a crédito, muchas de sus transacciones comerciales pueden implicar el uso de este.

Muchas empresas reportan en sus estados financieros una cantidad considerable de activos en cuentas por cobrar. Sin embargo, el volumen de estas cuentas no siempre garantiza su conversión en pagos efectivos, ya que, en ocasiones, no hay certeza de que la empresa podrá cobrarlas.

Una empresa con un margen pequeño, especialmente si depende de uno o dos proveedores, corre el riesgo de que su margen se vea afectado si estos no pagan. Por ejemplo, si una empresa tiene un margen del 7% u 8%, deberá vender considerablemente más para compensar la pérdida de ingresos de los clientes que dejaron de pagar.

Por lo tanto, es fundamental garantizar una protección adecuada en el contexto actual. En los últimos cuatro o cinco años, hemos observado cambios significativos en las empresas y sus estados financieros. Una empresa puede estar financieramente sana, pero en un plazo de ocho meses a un año, su situación puede cambiar drásticamente. Las insolvencias son cada vez más frecuentes y, en algunos casos, más significativas. Hemos visto empresas que, a pesar de contar con una sólida base patrimonial, han tenido que enfrentar procesos de reorganización o liquidación.

Por eso, cada vez que tenemos datos o ventas, es crucial proteger nuestro margen, rentabilidad y flujo de caja futuro. Muchas empresas operan con plazos de cobro superiores a 90 días, y algunas dependen de ventas estacionales, lo que complica aún más el proceso de cobro.

En este sentido, herramientas como el seguro de crédito, más allá de ofrecer indemnización en caso de impago, se convierten en una forma de asesoría para el desarrollo del negocio. Facilitan el crecimiento al permitir una evaluación del crédito de los clientes y un monitoreo constante.

Lo más valioso no es solo la indemnización, sino la asesoría continua que ofrecen estas herramientas. Estas permiten anticiparnos a cualquier alerta, ya sea interna o externa, y proporcionan información de primera mano sobre posibles riesgos de incumplimiento.

María Inés Albornoz, gerente comercial y de marketing de Solunion.

 
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