La justicia hizo su trabajo; la política, también

Este lunes, en el Gran Teatro del Liceu, en el corazón de Barcelona, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicó su decisión de indultar a 9 condenados en el llamado juicio del procés, referéndum ilegal independentista realizado en Cataluña en septiembre y octubre de 2017; y que de una u otra forma ha marcado la vida política del país en los últimos años.

La decisión de Sánchez —largamente debatida y resistida por sus adversarios del Partido Popular, Ciudadanos y el ultra derechista, VOX— se encuentra legalmente fundamentada en el artículo 62 de la Constitución Política Española de 1978 y viene a poner fin, es lo que se espera, a momentos de enorme crispación que prácticamente paralizaron social, política y económicamente a esta comunidad.

Seguramente, la decisión del Presidente no fue fácil. Pero como en política las justicias e injusticias no existen, pasó lo que era esperable. Esto es, que finalmente el gobierno optó por una salida encaminada a tomar nuevamente de la mano a una región que puede ser clave para la recuperación económica post pandemia. “Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a nueve personas, pero sumamos simbólicamente a millones y millones para la convivencia”, señaló en el Gran Teatro de la ciudad condal.

A fines de mayo, el Tribunal Supremo, en un informe de 8 puntos, no vinculante y de impecable fundamento, se opuso a la concesión de la medida de gracia, argumentando que no se había vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no había prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados y que los argumentos en los que se basaban sus peticiones de indultos realizadas por terceros “desenfocaban el sentido de la institución porque dibujan una responsabilidad penal colectiva”.

El máximo órgano jurisdiccional de la península agregaba, además, que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta perdían cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”. Inapelable, legítimo y apegado a derecho estricto.

Como tantas veces se ha visto, la política es lo que es y no lo que uno quiere que sea. Sánchez, en una maniobra que se veía venir, pero al que sólo le faltaba la puesta en escena final, desoyó el informe del Supremo y en el corazón de la capital catalana comunicó su decisión, recordando que ésta era plenamente legal y constitucional, autorizada en razón de la equidad, la justicia o la utilidad pública.

“La razón fundamental de los indultos que nos disponemos a aprobar es su utilidad para la convivencia. Estoy convencido de que sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y convivencia de la democracia española”, dijo en una razonada alocución en la que hizo transitar la ley –dura, diáfana y justa- hacía su espíritu más profundo, enarbolado con un mensaje de unidad y futuro.

Antes de este evento, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como excelente jurista y hombre de derecho, había explicado que tanto la concesión, como la denegación de los indultos eran plenamente legales. Después de más de dos años de proceso judicial, Sánchez, sólo lo recordó: ““no esperamos que quienes defienden la independencia abandonen sus ideales, porque tampoco vamos a renunciar nunca a los nuestros quienes defendemos la unión. Lo único que exigimos es que unos y otros nos atengamos al pacto constitucional”, dijo bajo una lluvia de aplausos. Justicia y política en estado puro.

 
Claudio Soto Coronado
Director para Europa
Idealex.press

Claudio Soto