La importancia del análisis de riesgos con la ampliación de delitos económicos

El 2 de diciembre de 2009 se convirtió en un día histórico para el entorno legal y corporativo chileno con la entrada en vigor de la Ley 20.393, que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta legislación innovadora introdujo la posibilidad de que las entidades corporativas fueran penalmente responsables por delitos económicos específicos como el lavado de activos o la financiación del terrorismo, entre otros. Con las actualizaciones recientes, el espectro de delitos y las penas asociadas se han ampliado significativamente, poniendo de relieve la necesidad imperante de integrar modelos de prevención de delitos eficaces y adecuados al contexto de cada empresa.

Martín López de la Manzanara

La esencia de este cambio legislativo subraya un desplazamiento hacia un enfoque preventivo, obligando a las organizaciones a realizar una introspección profunda para identificar las áreas y procesos susceptibles a riesgos de conductas delictivas. Pero, ¿cómo se traduce esta obligación en acciones concretas y efectivas? La respuesta reside en la adopción y la implementación rigurosa de un análisis de riesgos continuo y detallado, un proceso que, sorprendentemente, muchas empresas aún no valoran en su justa medida o interpretan erróneamente.

La herramienta central en esta estrategia preventiva es la Matriz de Riesgos, que permite a las organizaciones no solo identificar y evaluar los peligros potenciales internos, sino también calibrar su impacto y probabilidad. Este instrumento es crucial no solo para el cumplimiento normativo, sino también como medio para reforzar la ética corporativa y la integridad organizacional. A través de ella, se pueden establecer y ajustar políticas, protocolos y procedimientos destinados a mitigar los riesgos identificados, garantizando así una gestión más segura y responsable.

Sin embargo, el camino hacia una implementación efectiva de estos sistemas de prevención está lleno de obstáculos. La ausencia de una estrategia definida, la falta de un socio experto que guíe el proceso, y una comprensión superficial del análisis de riesgos son solo algunas de las dificultades con las que se encuentran las empresas. Es vital comprender que este análisis va más allá de ser una mera formalidad; requiere de un conocimiento profundo de la entidad y de un compromiso constante con la mejora continua.

En este sentido, la selección de un socio adecuado es de suma importancia. Este debe ofrecer más que una simple plataforma: debe ser un guía experto en el complejo proceso de cumplimiento, facilitando la identificación y evaluación de riesgos, la configuración de metodologías de análisis y el establecimiento de controles efectivos. La colaboración estrecha con este aliado es clave, ya que permite transformar los desafíos en oportunidades para fortalecer la organización.

La responsabilidad penal corporativa bajo la ley chilena no solo ha cambiado el panorama legal, sino que también ha ofrecido una oportunidad para que las empresas reevalúen y fortalezcan sus prácticas internas. Adoptar un enfoque proactivo hacia la prevención de delitos puede parecer desafiante inicialmente, pero las recompensas —en términos de integridad, confianza y sostenibilidad a largo plazo— son inmensas. Este enfoque preventivo no solo minimiza los riesgos legales, sino que también promueve una cultura de transparencia y responsabilidad que puede diferenciar a una empresa en el mercado.

La ley 20.393 y su énfasis en el análisis de riesgos representan, por lo tanto, una oportunidad invaluable para que las empresas chilenas se posicionen a la vanguardia en términos de responsabilidad y ética empresarial. Este mandato legal invita a las organizaciones a no solo cumplir con las normativas vigentes, sino a ver la conformidad como una ventaja competitiva y como un reflejo de su compromiso con prácticas empresariales, éticas y responsables.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿Están las empresas chilenas listas para asumir este desafío y convertirse en referentes de integridad y transparencia en el ámbito corporativo? La implementación efectiva del análisis de riesgos y la adaptación a las exigencias de la ley 20.393 no son tareas sencillas, pero son esenciales para garantizar no solo la supervivencia, sino también el éxito y la reputación a largo plazo de las organizaciones en un mercado cada vez más consciente y exigente.

Las organizaciones que abracen este cambio y trabajen diligentemente hacia la implementación de sistemas de prevención de delitos estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del mañana, demostrando su compromiso no solo con el cumplimiento normativo, sino también con los más altos estándares de integridad y responsabilidad corporativa. La era de la prevención en la responsabilidad penal corporativa ha llegado, y con ella, la oportunidad de liderar con el ejemplo en un mundo que demanda transparencia y ética en todas las facetas de los negocios.

Martín López de la Manzanara, director regional Adjunto LATAM de GlobalSuite Solutions.

 
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