La fragmentación de la red institucional de apoyo a las familias

Lucía Torres Baeza

Lucía Torres Baeza

La atomización de los servicios vinculados a la tarea de impartir justicia en Chile, es el reflejo de los valores que nuestra sociedad ha cultivado y ensalzado en esta época, promoviendo el desarrollo de personas desconectadas, individualistas, exitistas, supremacistas en términos morales y muy intolerantes con la diferencia.

Es escaso el diálogo interdisciplinario y aún más escasa la definición de una tarea conjunta entre todos los actores involucrados. Los tribunales, estudios jurídicos, ministerio público, defensorías, centros de evaluación pericial, agencias sociales y demás, trabajan “solos”. Se contactan entre si, exclusivamente cuando necesitan algo del otro feudo y sólo si se estima que podrán “ayudarle” en el sentido de que les “servirá” para los fines que estiman convenientes.

Lo anterior incide fuertemente en la propuesta de acompañamiento institucional de un sistema familiar, el que en muchos casos dista de ser un “acompañamiento” que potencie recursos y construya un entramado social que sirva de soporte a una familia en dificultades, para ayudarle a transitar y resolver conflictos que han debido ser judicializados.

Un buen ejemplo de ello es una familia multiproblemática —el usuario más habitual en el sistema, por no decir casi exclusivo— que puede encontrarse involucrada en más de un proceso judicial a la vez:

—  En el ámbito penal; por ejemplo: padre o madre con causas penales como imputado o condenado por actuaciones delictivas.
— Con causa de protección tramitada a favor los hijos en Juzgado de Familia.
—  Recibiendo intervención la madre por programa de Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género por hechos de violencia intrafamiliar.
— Con intervención de programa ambulatorio o residencial para los hijos pequeños.
—  Derivado además a servicio sanitario por tratamiento de drogas o patología de salud mental de uno de sus miembros.
— Exigido por el sistema educativo frente a la deserción escolar del hijo adolescente, etc.

Cada servicio privilegia y protege los objetivos de su trabajo según lineamientos de la institución. El resultado, tal como lo refiere Colapinto —psicólogo social de gran prestigio que ha problematizado ya hace años esta situación— es “la disolución y la abdicación de las responsabilidades de la familia”, entendiendo esto como la convergencia y la complementariedad que se da entre las instituciones y la familia por mantener esta tendencia socio-cultural de que la intervención y la generación de cambio sea un proceso impuesto desde fuera del grupo familiar.

De esta forma vemos que existe una derivación compulsiva de familias o de sus miembros a instancias interventivas. Los juzgados de familia, asesorados por programas proteccionales de evaluación o de tratamiento enfatizan la necesidad de intervenir “todo”. Inclusive cuando se aprecian que las situaciones vulneradoras de derechos se encuentran gestionadas, el profesional de las ciencias sociales plantea una necesidad de monitorizar, atender, reparar a la familia o sus miembros, ya no como un derecho de ser asistido sino como una obligación de este usuario de permanecer bajo “vigilancia”, o como se dice en este contexto “visibilizado por el sistema de protección”.

Si bien, la ley de Tribunales de Familia N° 19.968 refiere en materia de protección infantil la grave vulneración de derechos o sospecha de grave vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes, en la práctica y de acuerdo a la oferta programática de servicios de la red institucional, todo es intervenible; los tribunales entonces se pronuncian también, a sugerencia de los mismos profesionales de la intervención o bien de la labor pericial, sobre las vulneraciones de derechos leves y moderadas y se sugieren intervenciones de corte terapéutico (psicológico) para todos ellos en programas de baja y mediana complejidad, donde la falta de cooperación por parte de las familias es visto como un incremento de la complejidad, por lo que los sistemas más vulnerables y en condición de precarización de la vida y sus vínculos queda enredada/atrapada en esta red de trabajo incluso por generaciones.

Colapinto da nuevamente algunas señales sobre la ecología del problema; no se trata tanto de que las familias resistan el cambio, como que no le ven sentido a las intervenciones, por cuanto no son suficientemente dueños del proceso de cambio, pues sus vidas están mucho más reguladas por “otros” que por ellos mismos. Yo agregaría a esto, que no todas las intervenciones que una familia puede requerir son de orden psicológico. Muchas veces el tema pasa con condiciones socioeconómicas, de organización doméstica, de redes de apoyo, que no pueden ser trabajadas o resueltas por una terapia psicológica.

Aunque el fenómeno del control social a través de las agencias sociales públicas y su discusión no es nuevo, no es un tema que ocupe un lugar en la agenda tanto política como, en este caso, del sistema judicial y proteccional a corto o mediano plazo.

¿Cuál es la salida? No está tan claro, sin embargo, la discusión y reflexión, el generar espacios para hacer comunidad, conectarnos y establecer las bases de una cultura colaborativa es la tarea en la que nuestro equipo se ha empeñado. Nuestro trabajo es escuchar, comprender a otros, sus razones y diferencias, no juzgar, ser respetuosos con quienes trabajamos y no en cuanto al trato cortés o amable, sino a una escucha respetuosa.

Por último, ser conscientes de nuestros sesgos y nuestras creencias. A nuestra generación le toca sembrar, quizás alcancemos a vislumbrar el fruto de este trabajo.

Lucía Torres Baeza es Directora de Centro de Estudios y Servicios Periciales, psicóloga, postitulada en peritajes en abuso sexual infantil, diplomada en pericia psicológica forense y test de Rorschach, con experiencia de 12 años en evaluación pericial en centros de la red pública y del ámbito privado (contacto@centropericial.cl).

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