La ética y el compliance en el contexto electoral venezolano

La ética y el compliance son dos pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier proceso electoral. La ética, entendida como el conjunto de principios morales que rigen la conducta humana, y el compliance, que se refiere al cumplimiento de leyes, regulaciones y normas internas, son esenciales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. En este sentido, el informe emitido por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA sobre la elección presidencial de Venezuela el 28 de julio de 2024, pone en evidencia graves irregularidades que afectan la integridad del proceso electoral en dicho país.

Carolina Álvarez

Uno de los puntos críticos señalados en el informe de la OEA es la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que se manifestó en la opacidad en la divulgación de resultados y en la resistencia a permitir una observación electoral adecuada tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, en Venezuela, se registraron múltiples obstáculos para la participación de testigos de la oposición y observadores independientes, lo que socava la confianza en el sistema electoral y viola principios básicos de ética y compliance.

El informe también destaca la intimidación y persecución política como elementos que deslegitiman el proceso electoral. La ética política y los estándares internacionales de compliance electoral establecen que todos los actores deben poder participar en igualdad de condiciones, sin temor a represalias. No obstante, en Venezuela, líderes opositores y sus simpatizantes fueron objeto de detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y actos de violencia, lo que crea un clima de miedo e inhibe la participación democrática.

La ética en el uso de recursos públicos exige que estos sean administrados con integridad y utilizados exclusivamente para los fines previstos por la ley. En Venezuela, se observó un uso desmedido de recursos estatales para favorecer al candidato oficialista, Nicolás Maduro. Este fenómeno, conocido como clientelismo, incluye la distribución de alimentos y otros beneficios a cambio de votos, una práctica que distorsiona la voluntad popular y va en contra de los principios de equidad y compliance en materia electoral.

El clientelismo crea una dependencia del electorado en los recursos proporcionados por el Estado, manipulando así su comportamiento electoral y socavando los fundamentos democráticos. Este empleo indebido de recursos no solo compromete la integridad del proceso electoral, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas y perpetúa un ciclo de corrupción y abuso de poder. Por lo tanto, es crucial que los procesos electorales se rijan por estrictos principios éticos y normativos para garantizar la verdadera expresión de la voluntad del pueblo.

Otro aspecto crítico señalado es la manipulación del registro electoral, particularmente en lo que respecta a la diáspora venezolana. De los ocho millones de venezolanos que viven en el exterior, solo el 1% tenía derecho a voto en el extranjero, lo que refleja una violación directa de sus derechos políticos. Millones de venezolanos en el extranjero fueron sistemáticamente excluidos del proceso electoral. El compliance electoral exige que se garanticen mecanismos adecuados para que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y justa. La falta de actualización del registro electoral y las barreras impuestas a la inscripción de nuevos votantes en el extranjero constituyen serias violaciones a estos principios.

Estas acciones no solo socavan la integridad del proceso electoral, sino que también privan a una parte significativa de la población de su derecho fundamental a participar en la toma de decisiones de su país, exacerbando la desconfianza en las instituciones y minando la legitimidad del gobierno electo.

La libertad de expresión y el derecho a la información son esenciales para la democracia y están íntimamente ligados a la ética y el compliance en los procesos electorales. El informe de la OEA documenta numerosos ataques contra periodistas y medios de comunicación que intentaban cubrir el proceso electoral en Venezuela. Estos ataques incluyen hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias y censura, lo que impide que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna sobre el desarrollo de las elecciones.

El cumplimiento normativo es esencial para el buen funcionamiento de las democracias porque garantiza que los procesos electorales se lleven a cabo de manera justa, transparente y equitativa. Cuando las normas y regulaciones se respetan, se protege la integridad del voto y se asegura que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. En el caso de Venezuela, la falta de cumplimiento normativo ha llevado a una serie de irregularidades que comprometen gravemente la legitimidad de los resultados electorales.

La ausencia de transparencia, la obstrucción de la observación electoral, la intimidación y persecución política, el uso indebido de recursos públicos y la manipulación del registro electoral son ejemplos claros de cómo el incumplimiento de normas puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Estas prácticas no solo violan principios éticos fundamentales, sino que también minan el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

Para restablecer la confianza en el sistema electoral venezolano, es imperativo adoptar medidas que garanticen la transparencia y la equidad. Esto incluye la implementación de mecanismos de observación electoral independientes, la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y la garantía de que todos los votantes, tanto dentro como fuera del país, puedan ejercer su derecho al sufragio sin obstáculos indebidos.

El caso de Venezuela demuestra que el incumplimiento normativo no solo afecta la legitimidad de los resultados electorales, sino que también socava los principios fundamentales de la democracia, llevando a un deterioro de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Carolina Álvarez es asociada senior de Admiral Compliance y cuenta con un Effective Compliance Programs del University of Pennsylvania.

 
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