La eterna crisis de seguridad

De espalda a los datos que desmienten el aumento incontrolado de la delincuencia, el discurso de crisis de seguridad es menos reciente de lo que pudiera parecer y al menos desde la vuelta a la democracia se ha enarbolado como discurso legitimante de un necesario y constante aumento del punitivismo.

Silvio Cuneo Nash

Los principales problemas de este aumento del punitivismo se relacionan primeramente con la falsedad del argumento justificante; es decir, no es cierto que estemos ante un descontrolado aumento de la delincuencia, y, por otra parte, descansan en la premisa, sin respaldo empírico, de que el acrecentamiento de las sanciones disminuye los delitos. De cara a las leyes penales sobre tenencia de armas y tráfico de drogas en Chile, resulta evidente que el aumento de penas y del encarcelamiento no constituye una política pública eficiente en ningún sentido y sí, en cambio, resulta muy onerosa y genera enormes efectos criminógenos al formar futuros soldados del crimen organizado.

Sin embargo, el Gobierno de turno, preocupado por la popularidad, se jacta del triste récord de haber presentado más proyectos en la mal llamada materia de seguridad y últimamente, en sintonía con un historial represivo, anuncia la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

En términos generales, la construcción de prisiones promueve el expansionismo del encarcelamiento, y solo políticas descarcelatorias, como la reducción de los períodos de penas o la despenalización de conductas, son eficaces para reducir la población carcelaria y el hacinamiento en las prisiones. Confirma esta línea teórica lo acaecido en Holanda, que a mediados de la década de 1970 se embarcó en un programa de construcción de nuevas cárceles y la población reclusa aumentó de 2500 en 1975 a más de 12.000 a mediados de la década de 1990. Múltiples ejemplos similares confirman esta tesis.

La proliferación de leyes penales cada vez más duras —que no es consecuencia de un aumento de la criminalidad— se traduce en que por primera vez en nuestra historia tenemos más de 60.000 personas privadas de libertad. El advenimiento del régimen de encarcelamiento masivo en Chile es posible debido a una mutación de las preferencias del público. Al mismo tiempo, este mayor punitivismo es también causa (no solo consecuencia) de un giro autoritario de las opiniones públicas.

Detrás de este proceso hay una burda simplificación de un problema complicado, incentivado por una mentalidad que se opone a ideas elaboradas y que en su lugar se estimula con premisas sencillas y directas con forma de eslogan. El rol distorsionador de los medios de comunicación masiva juega un rol esencial en la mala comprensión del fenómeno criminal y, en consecuencia, en la adopción de medidas que busquen solo satisfacer impulsos alimentados por el pánico colectivo de una supuesta sociedad tomada por la delincuencia callejera.

Con la construcción de nuevas prisiones será posible llevar los índices de encarcelamiento a cifras aún mayores, generando todas las consecuencias negativas que produce en una sociedad el encarcelamiento masivo, pero satisfaciendo demandas sociales desinformadas.

El problema resulta complejo y de difícil solución, toda vez que si mantenemos el derrotero del autoritarismo penal por sobre políticas que busquen reducir los factores que inciden en la perpetración del delito, acabaremos acostumbrándonos a vivir en una sociedad del castigo que, así lo enseña la historia de los delitos y de las penas, termina encarcelando la pobreza en lugar de protegerla con un Estado social.

Silvio Cuneo Nash es abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, España y la Universita degli Studi di Trento, Italia. Actualmente, es académico del área de derecho público de la Universidad Central de Chile.

 
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