La espada de doble filo de las notificaciones de colores de Interpol

Interpol ocupa con frecuencia los titulares. Incluso para abogados que no están familiarizados con cuestiones penales o de cooperación internacional, es una entidad ampliamente conocida. Ocasionalmente, los principales periódicos informan sobre la detención en el extranjero de personas incluidas en la lista de buscados de Interpol. Pero no todos los casos son historias de éxito. En los últimos años, hemos visto cómo estos mecanismos pueden servir a la justicia o convertirse en instrumentos de injusticia. Hemos representado a clientes —desde líderes empresariales implicados en disputas transfronterizas hasta disidentes políticos que huyen de regímenes autoritarios— que han quedado atrapados en el sistema de notificaciones de Interpol.

Lo que comienza como un simple cruce de frontera puede escalar hasta una detención, el congelamiento de activos y el deterioro de la reputación, a menudo desencadenados por notificaciones basadas en cargos fabricados. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas —desde conflictos en Europa del Este hasta represiones en Asia y América Latina—, resulta vital comprender las principales notificaciones de Interpol: su finalidad, su potencial de abuso y las medidas que las personas pueden adoptar para protegerse.

Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, con 196 países miembros, facilita la cooperación mediante una red de comunicaciones segura que conecta a las fuerzas policiales de todo el mundo. Las notificaciones rojas, las más conocidas entre las ocho alertas de colores de Interpol, son solicitudes para localizar y detener provisionalmente a personas sobre la base de una orden de arresto nacional, con el fin de facilitar la extradición u otros procedimientos similares. Estas notificaciones contienen identificadores personales como fotografías, huellas dactilares y detalles del presunto delito grave —como homicidio, fraude o terrorismo—, aunque a menudo se emiten por otros motivos, incluidos delitos fiscales.

Es importante destacar que una notificación roja no es una orden de arresto internacional; Interpol no puede ejecutar detenciones, dejando su aplicación a las autoridades nacionales conforme a sus respectivas leyes. El objetivo es localizar a fugitivos que cruzan fronteras, garantizando que comparezcan ante la justicia o cumplan sus condenas.

El potencial de abuso es evidente. Países como Rusia, China, Turquía y Venezuela han utilizado notificaciones rojas para perseguir a disidentes mediante cargos penales falsos. La evasión fiscal o la difamación son pretextos habituales para silenciar a la oposición, transformando a Interpol en una herramienta de represión global. Las medidas adoptadas por Turquía tras el intento de golpe de Estado de 2016 y las acciones de Brasil contra periodistas ilustran un patrón que erosiona la confianza internacional. Incluso conflictos personales son explotados, con funcionarios corruptos que utilizan notificaciones para saldar cuentas o incautar activos. Aunque Interpol ha tomado medidas para examinar y eliminar entradas dudosas, el daño persiste.

Las notificaciones rojas no son el único método para señalar injustamente a personas. Si bien las notificaciones rojas atraen atención por su vínculo con arrestos, las notificaciones azules operan de manera más discreta, pero pueden ser igualmente perjudiciales. Estas son solicitudes de información sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona en relación con una investigación penal, a menudo respecto de individuos que no han sido imputados, como testigos o personas vinculadas a sospechosos. A diferencia de las notificaciones rojas, las azules no buscan la detención; su finalidad es recopilar datos, como verificar paraderos o recabar información para apoyar investigaciones.

En la última década, el número de notificaciones azules se ha duplicado aproximadamente a medida que las fuerzas del orden amplían el intercambio de inteligencia. Aunque están pensadas para respaldar investigaciones legítimas, las notificaciones azules pueden funcionar como herramientas de vigilancia encubierta sin la estricta supervisión asociada a las notificaciones rojas.

El abuso sigue un patrón similar, pero a menudo pasa desapercibido. Regímenes autoritarios utilizan notificaciones azules para rastrear a disidentes en el extranjero, disfrazando estas acciones como controles rutinarios. Países como Bielorrusia y Turquía han hecho un uso indebido de este sistema para monitorear a opositores, en ocasiones presentando solicitudes como notificaciones azules para evitar el escrutinio que atraen las rojas. Estas tácticas se dirigen a periodistas, activistas y refugiados, y generan restricciones de viaje, interrogatorios innecesarios o presión indirecta a través de vínculos familiares. Las consecuencias incluyen violaciones de la privacidad y de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias o la negación de juicios justos, lo que también socava la neutralidad de Interpol.

El impacto humano de ambos tipos de notificaciones es significativo. Una notificación roja puede dar lugar a una detención inmediata en un aeropuerto. Una notificación azul puede desencadenar vigilancia encubierta, denegaciones de visado o alertas bancarias, con consecuencias que pueden traducirse en retrocesos profesionales o separación familiar.

Las personas objeto de abusos por parte de Interpol no están indefensas. Para quienes se sienten vulnerables —quizá tras conflictos con un régimen poderoso o en el marco de una disputa empresarial— la prevención proactiva comienza con la vigilancia. Los individuos pueden enviar una solicitud preventiva a la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) de Interpol, un órgano independiente de supervisión, exponiendo cualquier preocupación sobre un posible uso indebido de notificaciones rojas o azules. Esto ayuda a identificar problemas potenciales de forma temprana y puede influir en evaluaciones futuras.

Si se emite una notificación —ya sea roja o azul— la CCF es el principal recurso. Cualquier persona, incluidos sus representantes legales, puede solicitar formalmente el acceso, la modificación o la eliminación de la información presentando identificación, pruebas de violaciones (como sesgo político conforme al artículo 3 o vulneraciones de derechos humanos) y documentos de respaldo, como sentencias o informes de ONG. Si la solicitud prospera, la información se elimina y se notifica a los países miembros. Pueden presentarse apelaciones dentro de los seis meses posteriores al descubrimiento de nuevas pruebas. A nivel nacional, las controversias pueden resolverse mediante litigios judiciales o negociaciones diplomáticas para la retirada de la notificación.

La reforma está cobrando impulso. Las actualizaciones de verificación de Interpol de 2019 y la gestión de quejas por parte de la CCF representan avances. Se necesitan más medidas: sanciones más severas para los abusos, una integración más profunda de consideraciones de derechos humanos y una mayor transparencia para restaurar la confianza. El conocimiento es poder. Ya sea frente a la fuerza contundente de una notificación roja o a la investigación silenciosa de una notificación azul, la defensa proactiva puede marcar la diferencia. A medida que las fronteras se difuminan en nuestro mundo interconectado, protegerse frente a estas notificaciones no es opcional: es esencial para preservar la libertad y la equidad.

Rhys Davies y Ben Keith son fundadores de International Human Rights Advisors.

 
También te puede interesar:
— Neuroderechos ¿protección a la mente o redundancia legal?
— El Consejo de Europa busca poner de relieve los derechos humanos en el fútbol
— El peligro de ser abogado de derechos humanos en Colombia