"No puedo dejar de pensar en ellos cuando veo que ciertas oficinas de abogados se precian de no conocer límites,...
La construcción social del crimen y del criminal
«La sociedad ha construido y mantiene un concepto de crimen y de criminal que los considera anormales, patológicos y salvajes, y lo que es peor, dicho constructo social lo aplica con un sesgo preseleccionado que está dirigido, por condicionamiento del poder, a los individuos de los grupos sociales carenciados, vulnerables y marginales».
Gino Ríos Patio - 6 junio, 2022
El Centro de Estudios en Criminología (CECRIM) de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (Lima-Perú) se ha propuesto investigar progresivamente los errores en los que la sociedad incurre por desconocimiento de la criminología. Durante el presente año está investigando cómo la sociedad construye el crimen y el criminal, con la finalidad de demostrar cómo la criminología contribuye a subsanar una formación errónea de dichos conceptos.
La investigación parte del dato objetivo que suministra la realidad, como es, la carencia de seguridad integral que es considerada como un problema mayor de la sociedad, cuyos miembros la atribuyen al accionar criminal callejero, ignorando que este fenómeno urbano se limita únicamente a configurar una arista del problema, cuál es, la denominada inseguridad ciudadana.
Las personas, por lo general, desconocen que la seguridad integral es la situación en la que pueden ejercer plena y realmente todos sus derechos fundamentales, lo cual les genera tranquilidad, estabilidad, paz y posibilidades de desarrollo, por ello es uno de los dos fines esenciales del estado, el otro es el bienestar general, ambos son complementarios e interdependientes, de modo que a más bienestar general más seguridad integral y a menor bienestar menor seguridad, y viceversa. Lo que media es el desarrollo económico y el desarrollo humano, aspectos nucleares en la vida de un país que dependen de la gestión gubernamental y del poder que se expresa en múltiples formas.
En un escenario social donde se conjugan el poder, los intereses y la conflictividad; la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad de las personas debe estar salvaguardada y tutelada por el derecho, cuya legitimidad exige que sea un derecho democrático regido por los principios liberales. Hoy, esa protección está ausente en el ámbito penal, pues el sistema punitivo es selectivo, discriminador, más violento que las conductas que sanciona y pretende infructuosamente prevenir.
Además, tiene un déficit de oportunidad y de comunidad, pues aparece cuando el crimen se ha producido haciendo imposible su prevención; y porque las personas destinatarias de la ley penal no han participado en su deliberación como debe ser en una sociedad democrática, siendo este uno de los motivos por los cuales la ley se considera ajena y no se acata. La justicia penal es meramente vengativa y exclusivamente represiva. No previene ni tutela los derechos humanos.
La reincidencia, la no resocialización y la elevada tasa de criminalidad, así como la desconfianza de la ciudadanía en el sistema penal, recogida periódicamente en el informe de la Corporación Latinobarómetro, señalan la existencia de una crisis estructural del sistema penal, caracterizada por una falta de seguridad de respuesta frente a la conducta divergente y no conforme con el orden social, que lo dibuja como un sistema ilegítimo, ilegal, falso, perverso y alucinante.
En medio de este panorama, la sociedad ha construido y mantiene un concepto de crimen y de criminal que los considera anormales, patológicos y salvajes, y lo que es peor, dicho constructo social lo aplica con un sesgo preseleccionado que está dirigido, por condicionamiento del poder, a los individuos de los grupos sociales carenciados, vulnerables y marginales, que han sido etiquetados y estigmatizados como los otros, los diferentes, los enemigos y los responsables de los males sociales; y también aunque en menor medida está dirigido a los individuos que han perdido el poder que tenían.
Este imaginario social constituye sin lugar a duda un verdadero problema nacional inveterado en todos los países indoamericanos, el cual es necesario estudiar y analizar para desvirtuarlo y enseñar a todos las reales causas que crean el crimen y el criminal. La investigación iniciada por el CECRIM parte de la historia de la criminología, la cual enseña que las nociones de crimen y de criminal han variado a lo largo del tiempo.
Frente a esta realidad problemática, el objetivo de la investigación del CECRIM es demostrar que la sociedad aún continúa considerando al criminal como un individuo anormal, grotesco y carente de educación, valores y recursos; y al crimen como una conducta inaudita y perversa, razón por la cual mantiene la idea de una reacción social impía y de repulsa hacia el crimen y el criminal, de venganza brutal y severa represión punitiva hacia una conducta y un individuo que no se conciben normales.
Este concepto generalizado y extendido no contribuye, evidentemente, a entender lo que la realidad de la cuestión criminal nos muestra diariamente, que es la normalidad del crimen y del criminal, tampoco ayuda a considerar posible una intervención racional y eficaz en la cuestión criminal tendente a su prevención, que vaya más allá de la respuesta penal, la cual siempre es tardía, violenta y selectiva.
A tal efecto, el CECRIM ha estimado conveniente hacer un trabajo de campo para recoger directamente de los ciudadanos las evidencias de esas representaciones sociales; y luego contrastarlas con la teoría criminológica crítica para discutir la facticidad de las ideas que tiene la sociedad acerca del crimen y el criminal, que existen de facto, pero están desprovistas de validez científica.
Cabe esperar de esta investigación cuyos resultados estarán a fines de año, que las conclusiones y recomendaciones patenticen la utilidad de la investigación y revelen la urgencia y necesidad de que se adopten las medidas que se propondrán para desvirtuar y superar dichas representaciones sociales, con la finalidad que la sociedad comprenda cómo es que desde el poder se crea el crimen y el criminal según la criminología crítica y se puedan enervar los efectos nocivos que tienen dichas ideas para la sociedad.
Asimismo, se demostrará que la criminalidad es un problema netamente comunitario, no es simplemente un problema individual que pertenece exclusivamente al infractor y la víctima. Por el contrario, exige la atención, el interés y la participación de la sociedad para su prevención eficaz, su reducción y un positivo control social, así como un constructivo control penal.
El CECRIM llegará a concluir y recomendar lo que es verdaderamente necesario y útil para superar dicho problema, identificando las causas reales de esos conceptos hoy vigentes socialmente, para neutralizarlas, contribuyendo de esta manera a repensar el sistema penal y respetar y defender la dignidad de la persona y sus derechos humanos, recuperando la finalidad primigenia del derecho penal como control del poder y reivindicando a la criminología como el control del control.
Gino Ríos Patio es doctor en Derecho y director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con múltiples títulos académicos a su haber, es además presidente de la Asociación Peruana de Criminología Ama Hucha.
*Esta columna es parte de una alianza entre el Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres e idealex.press.
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