La consolidación de la ciencia jurídica en las facultades chilenas

Hace no muchos años nuestras facultades de Derecho se caracterizaban por ser eminentemente docentes, donde los “profesores taxi” eran los protagonistas, siendo muy raro encontrar la figura del profesor a tiempo completo con tareas destinadas a la investigación.

Producto de la apuesta temprana de algunas universidades, primero, que enviaron profesores a realizar doctorados a Estados Unidos y Europa fundamentalmente, y ahora a través del Programa de Capital Humano Avanzado (Becas Chile), se ha ido consolidando poco a poco la idea que para que una facultad de Derecho sea prestigiosa y esté bien rankeada debe tener una planta académica relevante, de manera de satisfacer ya no solo los requerimientos propios de la docencia, sino que tomar lugares de privilegio en el desarrollo de la investigación jurídica y en la impartición de programas de postgrado, siendo la manifestación más importante la generación y consolidación de doctorados en Derecho que imponen un desafío mayor.

Diego Palomo

Hace poco escribí “La industria académica en Derecho: ¿cuándo se perdió el rumbo?”, donde expresé alguna crítica a ciertas desviaciones que han generado la política de estímulos a la investigación y especialmente a las publicaciones de “alto impacto”.

Expresamos allí:
“En la actualidad, la producción de textos jurídicos ha alcanzado un nivel sin precedentes, lo que en principio podría considerarse una buena noticia para el avance del Derecho. Sin embargo, es importante preguntarse cuál es la calidad y relevancia de las publicaciones que se están generando y qué impacto real tienen en la práctica jurídica y en la sociedad en general, revistas predatorias mediante.

… Además, en algunos casos, la producción de textos jurídicos parece estar más enfocada en la obtención de méritos y reconocimientos académicos que en la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos…

Es importante, a mi juicio, que los académicos en Derecho se enfoquen en generar publicaciones de alta calidad y relevancia, con un enfoque en la solución de problemas reales, en lugar de simplemente de enfocar sus energías a cumplir con los requisitos de publicación y acumular de ese modo méritos académicos que les permitan promocionarse en su respectiva Universidad.

… De lo contrario, nunca se recuperará el rumbo perdido por la dictadura estadística y puramente cuantitativa de las publicaciones de “alto” impacto, que ha transformado una labor crucial de la Universidad en una industria usada por algunos sin ningún tipo de escrúpulos”.

Algunas reacciones a esta crítica subrayaron la confusión entre ciencia e impacto práctico. Creemos y estamos convencidos, que no existe disociación entre una y otra.

Ya lo expresaba bien Andrés de la Oliva, uno de los procesalistas más influyentes de los últimos 40 años, hoy jubilado, en su discurso pronunciado en el acto de investidura como Doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, el día 8 de mayo de 2015:

“… La buena Ciencia del Derecho tampoco permite conformarse con un vivo sentido de lo justo y de lo injusto, sin conexión con el más completo conocimiento de la realidad que sea posible lograr. Reclama, por el contrario, tener suficiente noticia de todas las cosas, de las divinarum atque humanarum rerum, lo que significa conocer muy bien cuanto circunda cada problema humano con dimensión de orden y de justicia, es decir, cada problema jurídico.

La Ciencia del Derecho es certeramente llamada jurisprudencia, Jurisprudenz, porque exige o, mejor aún, consiste en ejercitar la prudencia, la prudentia iuris. Sin ella, estaríamos tratando los asuntos jurídicos como desde arriba y desde fuera, desde una suerte de olímpico observatorio, construido a base de dogmática y técnica, con el añadido, si acaso, de un benévolo interés por lo bueno y equitativo. Y no: la Ciencia del Derecho se debe hacer con buena técnica y dogmática como instrumentos esenciales y con el impulso de decir valientemente lo aequus et bonus, lo justo y lo injusto, pero no desde ningún Olimpo, sino con los pies en el suelo de la realidad.

Sólo desde ese suelo, el del conocimiento de las circunstancias reales (concretas necesidades y deficiencias, cualificación y número de las personas protagonistas, medios materiales disponibles, cui prodest, cui nocet, etc.), sólo con esos conocimientos, digo, se está en condiciones de analizar y valorar lo que hay y lo que se pretende que haya: por ejemplo, el por qué, el para qué, el cómo y los previsibles efectos de una reforma legal. Acerca de innumerables asuntos, sólo así es concebible un juicio atinado sobre lo justo y lo justo donde importa: en la historia (en un tiempo y lugar), no en una Ínsula Barataria ucrónica y utópica”.

Antes, en su texto “Tres tópicos falsos sobre el Derecho y un colofón para juristas” ya había adelantado su posición en torno: “a la tópica dialéctica, teoría y práctica, aplicada al Derecho, que se ha instalado en grandes parcelas del mundo de las profesiones jurídicas, con visible influencia en la actividad editorial y en los amplios territorios de la enseñanza y de la formación, tanto públicos como privados, sin excluir siquiera los programas curriculares y extracurriculares de las universidades…

… Como quiera que el saber o la teoría jurídicos son, por esencia, un saber o una teoría sobre y para la vida humana en cuanto necesitado de orden y justicia (es decir, sobre la vida humana con relevancia jurídica), la teoría jurídica (la buena teoría) se ha de nutrir de la realidad humana, de la práctica. Y, a su vez, la única práctica jurídica —lo que hacen los sujetos jurídicos, los abogados, los jueces y magistrados, los fiscales, etcétera— que puede ser razonable —y, por tanto, a la vez humana y jurídica—, la única buena práctica jurídica, es la que se apoya en una buena teoría.

Valga un ejemplo, que ya he utilizado muchas veces y que, sin duda, seguiré utilizando: quien realiza bien una tesis doctoral sobre alguna cuestión con origen o reflejo en el derecho, debe conocer todos los casos cognoscibles en que se ha planteado esa cuestión, es decir, todos los casos reales, toda ‘la práctica’. … Las propuestas formuladas por personas que carecen de experiencia o que no se preocupan de conocer la realidad, difícilmente pueden ser prudentes”, concluye.

Pues bien, bajo esta convicción es que he escrito, desde siempre, para plantear problemas y proponer soluciones concretas para un mejor servicio de Justicia, y en lo que liga con el rol que debe cumplir la Universidad y las Facultades de Derecho en particular, he escrito (y lo seguiré haciendo cada vez que lo estime necesario) denunciando la tiranía del enfoque unidimensional y desbordado de la política de estímulos de los “papers de alto impacto”, con nula vocación práctica.

El diseño e implementación de los Doctorados en Derecho en Chile (cada vez son más) debiesen tener a la vista esta necesaria comunión entre teoría y práctica, para de ese modo no seguir reproduciendo un modelo agotado, por inútil.

 
Diego Palomo es abogado de la Universidad de Talca, fue decano de su Facultad de Derecho y es profesor de derecho procesal en la institución.
 
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