Juezas, legitimidad institucional y Estado de Derecho

La legitimidad del Poder Judicial constituye uno de los pilares menos visibles —pero más determinantes— del Estado de Derecho. No se agota en la corrección formal de las resoluciones jurisdiccionales ni en la independencia declarativa de sus integrantes. Se construye, de manera sostenida, a partir de la confianza pública en los estándares éticos, procedimentales e institucionales que rigen el ejercicio de la función judicial.

M. Soledad Torres Macchiavello

Desde esta perspectiva, resulta jurídicamente pertinente analizar dos situaciones recientes que han marcado al máximo tribunal del país: la elección de la ministra Gloria Ana Chevesich como presidenta de la Corte Suprema y la crisis institucional que rodeó la salida de la exministra Ángela Vivanco. El contraste entre ambos escenarios permite una reflexión que no es personal, sino estructural.

La designación de la ministra Chevesich tiene una relevancia que excede el carácter histórico de ser la primera mujer en encabezar la Corte Suprema. Su significado jurídico radica en lo que proyecta institucionalmente en un contexto de cuestionamiento profundo al Poder Judicial. Su trayectoria ha estado asociada al rigor técnico, al conocimiento de causas complejas y a una imagen de probidad que hoy adquiere un valor reforzado. En ese sentido, su elección puede ser leída como una decisión orientada a recomponer legitimidad, reafirmando principios clásicos de la función jurisdiccional: independencia, responsabilidad y sujeción estricta al Derecho.

El escenario que rodeó la salida de la exministra Vivanco, en cambio, expuso con particular crudeza las fragilidades internas del sistema. Más allá de la presunción de inocencia que le asiste —principio estructural e irrenunciable del ordenamiento jurídico—, las investigaciones y controversias públicas asociadas a su caso pusieron de manifiesto deficiencias relevantes en los mecanismos de control, rendición de cuentas y gestión institucional de crisis dentro del Poder Judicial. Sus declaraciones posteriores, en las que alude a presiones informales y a prácticas internas impropias, revelan una dimensión especialmente delicada: la dificultad del sistema para enfrentar conflictos de alta complejidad sin comprometer su propia legitimidad (BioBioChile, 2025a).

Este parangón no pretende oponer trayectorias personales ni emitir juicios anticipados. Desde una mirada jurídica, lo que se contrasta son dos momentos institucionales. Por una parte, una judicatura que busca reafirmar estándares de prudencia, probidad y autoridad moral; por otra, una judicatura que se vio expuesta a prácticas y tensiones internas que dañaron severamente la percepción ciudadana sobre su integridad.
Desde el Derecho público, la independencia judicial no puede reducirse a la ausencia de injerencias externas.

Exige, además, reglas internas claras, procedimientos disciplinarios transparentes y una cultura institucional capaz de procesar sus propias crisis conforme a Derecho. Cuando estos elementos fallan, el daño no se limita a las personas involucradas, sino que afecta directamente a la credibilidad del sistema judicial como garante último de los derechos fundamentales.

En este contexto, la elección de una presidenta de la Corte Suprema con una trayectoria asociada al rigor y la probidad no constituye un hecho meramente simbólico. Se trata de una decisión con efectos normativos y culturales, que busca restablecer un estándar de legitimidad institucional. Al mismo tiempo, los episodios que marcaron la salida de otras ministras evidencian que dicha legitimidad es frágil y que su resguardo exige estándares éticos y procedimentales que superen el mínimo legal.

Como abogada, sostengo que el Derecho no se debilita cuando se examina críticamente a sí mismo. Por el contrario, se fortalece cuando es capaz de reconocer sus falencias, corregir sus inercias y reafirmar, con reglas claras y prácticas coherentes, los principios que proclama.

El verdadero desafío del Poder Judicial chileno no reside en la excepcionalidad de los hitos, sino en la consolidación de una institucionalidad donde la ética, la transparencia y la responsabilidad sean estructurales, exigibles y compatibles con la función republicana que la Constitución le encomienda.

 
María Soledad Torres Macchiavello es especialista en movilidad internacional y derecho migratorio. Es directora del Grupo Legal Global.