Juezas afganas: «Matarlas es una responsabilidad moral»

«Cuando terminé los estudios decidí elegir esta profesión, porque vi realmente cómo las mujeres no están en ninguna parte; en este tipo de trabajo están completamente ausentes y la sociedad está en contra de la presencia femenina; entonces decidí formarme porque pensé que ésta es la mejor manera de aportar y aumentar la seguridad de las mujeres en el país», fueron las palabras con las que comenzó su testimonio Helena Hofiany, jueza afgana especializada en violencia de género, quien junto con otras 5 compatriotas presentaron sus historias en el evento «Encuentro con juezas afganas exiliadas en España», organizado por el Club Español de Arbitraje (CEA), en su sección CEA Mujeres, el 31 de mayo.

Raquel Ballesteros Pomar

Las 6 juezas trabajaban en diversas cortes de Afganistán, pero su labor llegaría a su fin cuando el 15 de agosto de 2021 los talibanes tomaron el control de la capital del país, Kabul, luego de que las fuerzas de ocupación estadounidenses abandonaron el país. Las juezas, ante el peligro de que los talibanes las ejecutaran no solo por ser mujeres en cargos de importancia —lo que va en contra de su interpretación del Islam—, sino que también por ser funcionarias del antiguo gobierno, se vieron obligadas a huir del país.

«Durante 20 años se había hecho un esfuerzo extraordinario por crear un sistema democrático que había reconocido a las mujeres afganas derechos que nunca habían tenido: el derecho a la educación, al trabajo, a la presencia social, a poder salir de su casa sin el acompañamiento de un padre o marido, lo que es un derecho inaudito para nuestros oídos occidentales, porque es algo que damos por sentado aquí», contó Raquel Ballesteros Pomar, vocal de CEA Mujeres y socia de Simmons & Simmons, quien inició al evento.

Los jueces y juezas de Afganistán jugaron un papel importante para el establecimiento de tales derechos durante el tiempo que duró la ocupación norteamericana. Tras la llegada al poder de los talibanes y la consiguiente evaporación de esas garantías, muchísimos habitantes de Afganistán buscaron formas de cruzar las fronteras. Es en este contexto donde la International Association of Women Judges (IWAJ) y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) decidieron ayudar a las juezas agfanas a conseguir asilo en Europa, por medio de la implementación de un comité de apoyo.

«Hasta la fecha, la IWAJ ha logrado evacuar a una 190 juezas y sus familiares más cercanos, lo que abarca 750 personas. Son 80 las juezas que quedan en Afganistán, en una situación de extrema dureza, más de un año escondidas y cambiando de ubicación cada cierto tiempo para evitar el control talibán. Sus viviendas han sido registradas, han tenido que quemar sus documentos para no ser identificadas y en algunos casos los talibanes han torturado y secuestrado a familiares para conseguir información acerca de su paradero», dijo María López de la Usada, jurista y miembro de AMJE.

Las 6 juezas presentes llegaron a España en distintos momentos, gracias a la ayuda de las organizaciones —desde agosto de 2021 hasta la tercera semana de mayo—, buscando escapar no solo de los talibanes, sino también de aquellos que ellas habían ayudado a encarcelar, debido a que el grupo extremista liberó a muchos internos de las cárceles.

«Las embajadas cerraron en agosto, hace falta financiación para salir y poder superar el acoso talibán; a eso se suma el empeoramiento de la situación en Afganistán y las trabas para aceptar personas afganas en muchos países fronterizos. Además, los países de tránsito como Irán y Pakistán tampoco son seguros para ellas y encontramos dificultades legales que exigen un tiempo adicional para fundamentar las solicitudes de asilo de mujeres y niñas», añadió López de la Usada sobre las dificultades con que se han encontrado.

Los fuertes testimonios de las juezas afganas

Tras llegar a España, la AMJE e IWAJ han ayudado a las juezas y sus familias a aclimatarse en el país. Las mujeres están en clases de español, sus hijos han sido escolarizados y dos de las juristas, Nazima Nezrabi y Helena Hofiany, llegaron embarazadas y dieron a luz en territorio español a sus hijas, quienes ya recibieron la nacionalidad española.

Fuente: CEA Mujeres

«Tenía dificultades no solo en temas de seguridad, sino que también a nivel social. Había muchos talibanes que tenían que ser juzgados y con cada juicio tenía mucho miedo de las consecuencias que iba a sufrir yo por los resultados de esos juicios. Muchas veces se acercaban a nosotros e intentaban sobornarnos, en una sociedad en la que hay mucha pobreza y dificultades», dijo Hofiany.

«Cuando yo trabajaba veía casos que tenían que ver con la seguridad interna del país y como tenía que tratar con terroristas, nosotras trabajábamos con mucho miedo, porque esas eran personas que durante el propio juicio te amenazaban», contó Suraya Ahmadayar, quien llegó a Madrid una semana antes del evento.

También se refirió al fuerte adoctrinamiento que realizaban los talibanes a los jóvenes.»Recuerdo el caso de un joven terrorista que se parecía a mi propio hijo. Yo le preguntaba ‘¿Si te doy una sentencia leve, te comprometes a cambiar?’, y ese mismo chico decía ‘no, nosotros vamos a cometer un acto suicida para poder matarlas a ustedes, porque ustedes son herejes y están colaborando con Estados Unidos, por lo que matarlas es una responsabilidad moral que tenemos que ejercer'», añadió.

«Nosotras no estamos cómodas aquí»

Gulalai Hotak, jueza del Tribunal Supremo de Afganistán y de la policía primaria de Kabul, aludió al gran efecto que tuvo sobre las mujeres afganas la presencia de juezas a la hora de permitirles denunciar situaciones de violencia: «Todas las mujeres de Afganistán se sentían orgullosas porque se daban cuenta de que había otras mujeres que las protegían, que estaban en puestos importantes y que las podían apoyar y comprender».

«Desgraciadamente, los violadores de los derechos humanos han privado a las mujeres de recibir educación. Una mujer que pierde a su marido e hijos en un ataque terrorista no tiene ninguna posibilidad de trabajar ni de acceder a un hospital sin el permiso de un familiar hombre. Los países que han intervenido en el desarrollo de la vida pública en Afganistán abandonaron el país y, aun así, los afganos tienen su mirada puesta en la comunidad internacional para pedir ayuda», expresó apenada Friba Quraishi, jueza de familia afgana.

Captura de pantalla del evento

«Nosotras no estamos cómodas aquí, nosotras estamos preocupadas por nuestras compañeras que están en Afganistán, debido a la situación que están viviendo; necesitamos la ayuda de la comunidad internacional y que Naciones Unidas y sus miembros presionen a los talibanes para que permitan que las mujeres estén presentes en la sociedad», dijo Safia Jan Mohammad, jueza de la Corte de Violencia contra las Mujeres en Afganistán y que dictó varias sentencias sobre el tema, acusando la falta de presión por parte de los organismos internacionales.

Nazima Nezrabi trabajó como jueza de delitos especiales de seguridad interior, fue una de las primeras en llegar a España —10 días después de la caída de Kabul— y expresó sus agradecimientos al gobierno español, a la AMJE y la IWAJ, usando el español que había logrado aprender en el tiempo que ha estado radicada en ese país. «El proceso de comenzar la vida en este país ha sido difícil, por dejar atrás a mi país, por no saber el idioma, por llegar a un país en donde no conocía a nadie. Pero después de dos meses me llegó un correo de la IWAJ ofreciéndome ayuda. Estoy muy agradecida por su ayuda y todas las gracias que pueda dar son pocas», agregó.

Las juezas afganas cerraron sus testimonios con un llamado a la comunidad internacional para que no reconozcan el Emirato Islámico de Afganistán, creado por los talibanes, como un gobierno válido.

Fallas en las normas de asilo

Glòria Poyatos

Por medio de una transmisión desde las islas Canarias, Glòria Poyatos, directora regional para Europa, Oriente Medio y el Norte de África del IWAJ, finalizó al evento con una crítica jurídica a los mecanismos con los que se revisan las solicitudes de asilo extraídas del Convenio de Ginebra, enfocada principalmente en la falta de enfoque de género en tales procesos.

Poyatos contó que en la normativa internacional sólo se recogen cuatro causas específicas de persecución internacional para dar el asilo: la raza, la nacionalidad, la religión y las opiniones políticas. Hay una quinta donde se incluyen a otros grupos sociales, que de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen características innatas e inmutable por las que reciben un trato diferente. «El tiempo ha evidenciado que la persecución por razón de género son cualitativa y cuantitativamente las mayores del mundo, incluso ACNUR dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido maltratada, golpeada y obligada a tener relaciones sexuales», añade la directora regional.

Debido a esto, ACNUR en 2002 emitió una directriz para la protección internacional de refugiadas por motivos de género, la cual, de acuerdo a Poyatos, ha sido un avance, pero se presentó un problema al ser tramitada por la Unión Europea. «Se añadió una coletilla condicionante, inexistente en las otras cuatro causas de la Convención de Ginebra, de la que hace depender la protección internacional. La coletilla dice ‘en función de las circunstancias imperantes del país de origen, se podrá dar razón por protección de género’, lo que es una cláusula indeterminada que queda al albur del intérprete que en este caso va a ser cada uno de los países de la Unión Europea», dijo la jurista.

Mismo problema se repite en la ley 12/2009 de España, donde también se incluye la frase «en función de las circunstancias imperantes en el país de origen», la que condiciona el otorgamiento de asilo. «Esto se traduce, en temas de jurisprudencia, en que el asilo para las mujeres perseguidas es más dificultoso que para otros colectivos, hasta el punto que a ellas no solo se le exigen indicios de persecución, sino que también pruebas, lo que dificulta que puedan mediante esta vía lograr el asilo», comentó Poyatos.

La jurista concluyó con una solicitud para que se modifique la Convención de Ginebra e incluya el género, sexo y la edad como motivos de persecución específicos que justifiquen el asilo. «También son insuficientes las directrices creadas por ACNUR, porque al incluir la persecución de las mujeres como grupo social, permite que los países hagan sus propias interpretaciones, convirtiendo en un ‘brindis al sol’ la necesaria protección internacional de las mujeres», añadió.

 
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