Jueces en números suficientes o reformas como saludo a la bandera

La justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial justo e imparcial es esencial para mantener el Estado de Derecho y proteger los derechos de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, un sistema judicial eficaz no puede existir sin una cantidad suficiente de jueces para manejar la creciente y agobiante carga de trabajo.

Diego Palomo

De hecho, es común escuchar en Chile quejas sobre la lentitud de los procesos judiciales, la falta de resolución de los casos, y especialmente este año sobre la impunidad de los delitos, que también hace poner atención a la necesidad de aumentar la planta de fiscales del Ministerio Público.

La realidad es que en muchos casos, la razón detrás de estas deficiencias es una falta de recursos no solo materiales, que también, sino recursos humanos capacitados y calificados. En particular, la falta de suficientes jueces para manejar la cantidad de casos que entran en el sistema.

No está de más aludir en este punto al hilo conductor que han seguido las reformas en el mundo, de nuestro entorno cultural, y en Chile, que liga con la apuesta por transitar desde procedimientos escritos a otros predominantemente orales, que persiguen una serie de objetivos entre los cuales está la instalación de una justicia de rostro humano, más eficaz y eficiente, que responda en un plazo razonable sobre la base, en materias no penales, de convertir al juez en director del proceso, dotándole de reforzadas facultades procedimentales y materiales, donde la creatividad y hasta el voluntarismo del legislador ha quedado en evidencia una y otra vez.

Según los estándares internacionales conocidos, en países de la OCDE, se recomienda que haya aproximadamente 60 jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en muchas partes del mundo, la cantidad de jueces es significativamente menor a este nivel recomendado, y en algunos casos, el número de jueces es bastante bajo. En Chile es esa la situación, y la cifra está muy por debajo de ese ideal.

La falta de suficientes jueces tiene un impacto directo en la calidad y la eficiencia del sistema judicial, abriendo camino a la instalación de la frustración ante la evidente constatación de las expectativas incumplidas. Es que, aunque sea una perogrullada, cuando hay demasiados casos en las manos de unos pocos jueces (o insuficientes), es inevitable, porque en esto no hay magia, que algunos casos sean o descuidados al resolverse con prisas, precipitación y superficialidad o bien pospuestos en su resolución con diversas fórmulas creativamente surgidas en la práctica tribunalicia como forma de sobrevivir al estrés y sobrecarga laboral.

Aquella falta de jueces también tiene un efecto negativo en la confianza pública en el sistema judicial y su imagen que ya viene debilitada desde hace años. Cuando los ciudadanos ven que los casos se retrasan durante años o que las decisiones judiciales parecen arbitrarias, pierden la confianza en el sistema y se desaniman, con razón, de buscar justicia para “su” caso.

Por cierto, no todo es aumentar la cantidad. Es importante destacar que no solo se necesita un mayor número de jueces, sino también que los jueces sean debidamente capacitados y que haya recursos suficientes para mantener los tribunales funcionando adecuadamente. La inversión en la mejora del sistema judicial es esencial para garantizar que la justicia sea efectiva y confiable.

La falta de suficientes jueces calificados es un problema delicado que merece atención e inversión en muchas partes del mundo (también en Chile desde luego) que tiene un impacto negativo en la calidad y la eficiencia del sistema judicial, uno de los pilares de un Estado democrático de Derecho.

Sin un número suficiente de jueces para manejar la siempre creciente carga de trabajo, con este nuevo modelo de jueces presentes y no invisibles, jueces que actúan con inmediación y no delegan, las reformas introducidas a la justicia no tendrán efecto real, y solo generarán o consolidarán frustraciones al instalar una distancia insalvable entre el deseo y la realidad. Es necesario que los gobiernos inviertan en la mejora del sistema judicial para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial justo e imparcial.

En conclusión, la suerte de un sistema de justicia exitoso no pasa solo por el adecuado y razonable diseño procedimental. Esta es una parte importante, pero no alcanza (salvo que solo nos quedemos en el mundo de la teoría) para garantizar un resultado o funcionamiento óptimo. Concordamos con quienes tienen la convicción de que la reforma a las reglas de procedimiento, siendo un hito relevante, por sí solo no basta para producir los cambios sustanciales que se espera generar en la Justicia.

La cuestión de la reforma de las normas es nada más uno de los aspectos hacia donde tiene que converger la atención que debe dirigirse globalmente a la crisis y a las exigencias de cambio de la justicia civil en sus diferentes articulaciones.

Bien se ha dicho que hay otras reformas que resultan igualmente indispensables para hacer frente a la crisis y a la necesidad de renovación de la justicia, lo que necesariamente impone ocuparse en primer término del factor humano de la misma, máxime cuando, como lo señalamos antes, los desarrollarán bajo el contexto de un modelo procesal oral que transparentará los desempeños.

En esta dirección muy relevante es, y a estas alturas debiera estar claro a la luz del desarrollo de las reformas, la denominada reforma no puramente procedimental y la dotación del necesario presupuesto que asegure que los nuevos modelos contarán para su aplicación de los recursos (humanos, también materiales) adecuados para las mayores exigencias que representan.

*Diego Palomo Vélez es abogado de la Universidad de Talca, fue Decano de su Facultad de Derecho y es profesor de derecho procesal. También es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

 
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