Jaime Carey: «Cuando yo empecé a trabajar como abogado, el Derecho era más sencillo»

Jaime Carey

“Lo que está pasando en Estados Unidos ahora es bien complicado”, dice nuestro entrevistado. En las oficinas de la firma Carey, en Santiago de Chile, en el piso 43 de la Torre Titanium, Jaime Carey conversa con idealex.press.

En 2024 asumió la presidencia ejecutiva del estudio fundado por su familia, luego de que su hermano mayor, Jorge Carey, ⁣dejara el puesto tras 50 años a la cabeza del estudio jurídico, según consignó diario La Tercera en su oportunidad.

El 1 de enero de 2025 se inició su mandato como presidente de la International Bar Association (IBA) por 1 año, convirtiéndose en el primer chileno en el cargo y sucediendo a la jurista española Almudena Arpón de Mendívil y Aldama.

En este escenario, Jaime Carey va identificando los múltiples retos que le toca enfrentar durante este año que encabeza la IBA, particularmente en relación con la independencia judicial y el creciente uso de inteligencia artificial en el ejercicio legal.

Las medidas tomadas a inicios de año por el segundo gobierno de Donald Trump —que restringieron el acceso a edificios y contratos públicos a firmas como Covington & Burling; Jenner & Block; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss); Perkins Coie; Susman Godfrey (Susman); WilmerCutler Pickering Hale and Dorr (WilmerHale); y Elias Law Group— han generado una preocupación urgente para la asociación.

— ¿Es la independencia de la abogacía el tema del año?
“Yo lo considero así. No había ocurrido antes que, por medio de órdenes ejecutivas, se le vetara a firmas de Estados Unidos el acceso a oficinas gubernamentales o que les quitaran su security cleareance. Es algo nuevo. Hay estudios que han llegado a acuerdos y otros que han demandado al Estado y han logrado órdenes de no innovar, pero son procesos largos, entonces se produce una situación muy complicada. Como IBA hemos buscado entrar en la problemática, pero cuando se trata de un gobierno democráticamente electo, es difícil. Hay algunos que lo ven como inmiscuirse en política interna de los países.

Por eso, desde la organización hemos realizado, desde hace 5 años, videos de enseñanzas prácticas sobre cómo es la defensa del Estado de Derecho y la corrupción en el poder judicial. Junto con el Colegio de Abogados de Dinamarca y con otros que se están sumando, buscamos transformar estos videos en unos paquetes más didácticos. Pero además, hay documentación de apoyo y una guía para profesores, para que puedan enseñar en las clases de Derecho o de educación cívica en los colegios. Eso es una vía en la que buscamos enfrentar el problema de la falta de independencia judicial”.

— Hablemos del trabajo de la IBA, más allá de Estados Unidos
“Buscamos enfocarnos más en África. Hace 2 semanas estuve en Zambia y, siendo sinceros, la IBA ha tenido una presencia limitada en el continente, así que estamos trabajando para ampliar nuestra llegada a través de más conferencias y eventos. En algunos países de la región hay bastantes problemas de independencia del Poder Judicial y queremos fortalecer a los colegios de abogados para que puedan defender a sus colegiados frente a casos de corrupción o interferencias por parte del Estado en el ejercicio profesional.

También buscamos aumentar nuestra presencia en Asia, donde no ha sido tan fluido como quisiéramos, muchas veces por el idioma, porque en la IBA todo es en inglés. Entonces, cuando uno hace conferencias, se pierde mucho en la comunicación entre los mismos panelistas. Pero gracias a la inteligencia artificial es muy fácil ahora la traducción simultánea —incluso usando un celular—, por lo que podremos tener una penetración mayor en ese continente”.

El crecimiento de la comunidad latina

Entre la inversión extranjera como motor de desarrollo del mercado legal y los cambios que ha experimentado el perfil de los abogados, Jaime Carey entrega su opinión sobre la región.

— ¿Cómo ha sido la evolución de la IBA?
“Cuando empecé en la organización, hace 41 años, era una institución más pequeña. Me acuerdo de que las reuniones anuales llegaban a los 500 abogados. Actualmente, llegan entre los 6.000 y 7.000 asistentes. Antes teníamos 20 comités; hoy son casi 80, con 150 países representados y 170 colegios de abogados”.

En su origen, la IBA fue concebida como una agrupación de colegios de abogados. Pero suele pasar que estas instituciones tienen recursos escasos, con lo que se empezó a tener problemas financieros.

Ahí ocurrió el primer gran cambio, que fue que se permitiera el ingreso como miembros a abogados individuales. Con ello, la organización se dividió en dos: por un lado, lo relacionado con los colegios, los académicos y los jueces, y, por el otro, aquello enfocado en el mundo de los abogados comerciales. Hace unos 6 o 7 años también se decidió que los estudios podían asociarse, por lo que ahora tenemos 300 firmas en la IBA”.

— Con respecto a los colegios de abogados, ¿debería existir la obligatoriedad de la colegiatura?
“La IBA es una asociación voluntaria que ayuda a colegios individuales a poder desarrollarse. La regla general en el mundo es que para poder ejercer la profesión uno tiene que ser colegiado, a diferencia de Chile, donde el colegio aquí es voluntario y no tiene, fuera de una condena moral, castigos obligatorios. Más allá de imponer la colegiatura, lo relevante sería contar con un tribunal disciplinario capaz de sancionar conductas inapropiadas, independientemente de si el abogado es miembro o no.

A veces una persona queda muy limitada al tener que recurrir a los tribunales de justicia por cualquier mala actuación de algún abogado. Un tribunal disciplinario colegiado puede ser más rápido, más efectivo y estaría orientado a la ética en la abogacía. Puede ser una entidad independiente que se rija por sus propias reglas, como podría ser un Banco Central”.

— ¿Se ha hecho oír Latinoamérica dentro de la IBA?
“Cuando ingresé en la IBA, Latinoamérica no era nada en cuanto a la proyección de la profesión. Empezamos a crear junto con otros miembros de la región el foro latinoamericano a medida que fue creciendo la presencia de profesionales del continente en la organización. También ha habido una transformación en el perfil del abogado latino, el cual hoy está mucho más vinculado al entorno global. La educación que han tenido ha cambiado, ahora hay muchos que ya tienen LLM, estudios de posgrado en el extranjero y son bilingües.

Actualmente, Brasil tiene estudios de 2.000 abogados, que son tan grandes como aquellos en Estados Unidos y Europa, por lo que se han hecho notar en el mundo legal internacional. En tanto, abogados chilenos, argentinos y colombianos han logrado destacar, siendo contratados por firmas internacionales e incluso alcanzando la categoría de socios. En México también ha ocurrido un cambio, aunque los estudios del país tienden a quedarse más chicos. Yo creo que ahora, por primera vez, se han institucionalizado y están creciendo más, pero tienen mucha competencia de los estudios estadounidenses y españoles”.

— ¿Cuáles fueron las claves para ese cambio?
“Yo creo que la inversión extranjera que ha llegado en este último tiempo ha requerido más sofisticación y también las leyes se han ido complejizando en la región. Cuando yo empecé a trabajar como abogado, el Derecho era más sencillo, uno podía ser una especie de ‘médico de cabecera’, un generalista. Actualmente, el nivel de especialización ha aumentado notablemente. Ámbitos como el derecho ambiental o la libre competencia requieren conocimientos técnicos muy específicos.

Esto ha provocado que exista una necesidad mayor de abogados especialistas, con mayor manejo tecnológico. En los años 80 uno veía a los grandes estudios extranjeros con inversiones de 200 millones de dólares en un centro computacional en Kansas y para uno lograr eso era imposible”.

— ¿Qué desafíos quedan por sortear para el desarrollo del mercado jurídico?
“Hemos avanzado en términos de especialización, formación continua y adopción de tecnología. Hemos avanzado, pero desgraciadamente la incorporación de innovaciones técnicas en los estudios está muy orientada al mercado norteamericano y de grandes volúmenes, que a veces nosotros no tenemos. Entonces, los últimos desarrollos no llegan con tanta facilidad a Latinoamérica, porque son mercados más chicos y a veces las empresas tecnológicas del mercado legal no ven a la región como una prioridad”.

Hace algunas semanas, el Centro de Arbitraje y Mediación CAM Santiago firmó una alianza con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid – Centro iberoamericano de Arbitraje (CIAM – CIAR), en virtud del cual la entidad chilena pasa a formar parte de la organización con los mismos derechos y deberes que las instituciones fundadores. El acuerdo establece que los contratos celebrados desde el 1 de julio de 2025, que contengan la cláusula del CAM Santiago, en caso de controversia, serán remitidos al CIAM-CIAR, sin perjuicio de lo cual, los instrumentos datados con anterioridad tendrán la posibilidad de optar.

Conversamos el tema con Jaime Carey, quien estima que Chile cuenta con una buena reputación por sus centros de arbitraje y que estos jugarán un papel importante en el futuro, ya que se prevé que ocurra una gran inversión asiática de la India, Corea y China. Por ello también, sostiene, sería necesario “una alternativa local y de bajo costo que no sea la Cámara de Comercio Internacional, en Europa”.

“He observado que varios inversionistas extranjeros están dispuestos a resolver disputas bajo jurisdicción chilena, especialmente los españoles, con quienes compartimos el idioma, lo que facilita la comunicación y genera confianza”, dice. Y añade: “A nivel regional, Colombia ha logrado avances significativos en este campo y Brasil también destaca, tanto por su tamaño como por el número de firmas que operan en su territorio”.

El riesgo y oportunidad de los algoritmos

Los últimos avances en inteligencia artificial han impactado con fuerza al mercado jurídico. Se sabe que hay tecnologías que ya se utilizan para pasar exámenes universitarios e incluso, una vez obtenido el título, para ejercer la abogacía en juicios. Más allá de aquello, también se han detectado riesgos, como los sesgos con los que un programa pueda contar o la vulneración de datos confidenciales de los clientes.

Jaime Carey es optimista y ve a las IAs como parte del proceso de innovación del mundo, no obstante lo cual, hace presentes ciertas aprensiones: “Creo fundamental establecer regulaciones para estos sistemas, especialmente por los riesgos éticos y los sesgos que podrían transformarla en algo muy peligroso y nocivo. Al mismo tiempo, puede ser una herramienta espectacular para ayudar en el acceso a la justicia, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. La justicia en casi todos los países es difícil, es cara, es lenta y mucha gente queda fuera. La IA podría ser de gran ayuda en causas de menor complejidad, como juicios de policía local, cobros menores o trámites rutinarios, lo que permitiría descongestionar los tribunales y acelerar los procedimientos”.

— ¿El trabajo del abogado se encuentra en peligro?
“No veo un reemplazo masivo e inmediato de profesionales por estas tecnologías, porque siempre necesitarás gente detrás, que tengan sentido común y experiencia para detectar si las respuestas legales de la inteligencia artificial están bien o mal. Entiendo el miedo de que el abogado del futuro se duerma en sus laureles cuando use una IA, pero al final es lo mismo que dejarle los trámites al practicante sin revisarlo. Podemos confiar en estos sistemas, pero al final del día, el juicio humano va a ser irreemplazable, porque los algoritmos son máquinas de repeticiones que dependen de buenas bases de datos y de revisiones”.

— ¿Cómo la IBA lidiará con el auge de las inteligencias artificiales?
“Dentro de la IBA, varios grupos están abordando el impacto de la inteligencia artificial desde distintas perspectivas. Uno se enfoca en los dilemas éticos que puede generar en el ejercicio profesional, tanto para abogados como jueces y el sistema en general. Otro grupo lo estudia desde un ángulo académico, buscando cómo incorporarla de mejor manera en la formación universitaria y fomentar su desarrollo al servicio de la industria legal. El tercero, se concentra en su aplicación técnica, evaluando su uso en procesos judiciales, búsqueda de información y tareas administrativas en estudios jurídicos.

También estamos impulsando una implementación de digitalización dentro de la IBA. Manejamos una gran cantidad de correspondencia y recordatorios relacionados con nuestras conferencias anuales, que podrían automatizarse significativamente mediante el uso de IA. Además, contamos con múltiples proyectos archivados, donde se pierde valiosa información al iniciar nuevas iniciativas, por lo que buscamos recolectar esos datos para la creación de un sistema de búsqueda potenciado con algoritmos, que permita recuperar antecedentes, generar resúmenes y no tener que partir descubriendo la pólvora de nuevo”.

— Inteligencia artificial e independencia es bastante para un solo año de presidencia
”Normalmente, el cargo de presidente de la IBA dura dos años. Sin embargo, la presidencia actual está siendo compartida. Claudio Visco —actual vicepresidente— y yo la ejercemos por un año cada uno. En general, dos años son un período adecuado, más tiempo sería difícil, porque todos los que ocupamos estos cargos voluntarios somos abogados en ejercicio, con nuestras propias responsabilidades profesionales. Extender el mandato sería complicado.

Lo que sí se ha empezado a implementar en la IBA es que los proyectos sean consensuados entre el presidente y el vicepresidente. Como cada uno ejerce su cargo durante dos años, esto permite pensar en proyectos de más largo plazo, de cuatro o incluso seis años. También incluimos a nuestro secretario general en las proyecciones, ya que por tradición, aunque no es obligatorio, el secretario general suele pasar a ser vicepresidente, y luego presidente. Esto da continuidad al trabajo y permite planificar”.

Gracias a esa continuidad, asegura, han podido impulsar iniciativas como la relacionada con inteligencia artificial, un proyecto respaldado por el vicepresidente y el secretario general, y que están desarrollando con una proyección mínima de seis años. Además, la IBA cuenta con comisiones que se crean con duraciones específicas —de dos, tres o cinco años— para abordar distintos temas. “Esto le da estabilidad y permite que los proyectos no dependan exclusivamente de quienes dirigen la organización en el momento”, añade.

 
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