Director Ejecutivo de CEJA: «Hay que invertir en iluminar las ciudades»

CEJA-OEA

Jaime Arellano Quintana, director ejecutivo de CEJA.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), entidad internacional con sede en Santiago de Chile y autonomía técnica y operativa, tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas en el continente. Su director ejecutivo desde 2014, Jaime Arellano Quintana, es probablemente uno de los profesionales con mayor conocimiento sobre los desafíos para el área en la región.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile  y Master of Public Administration and Public Policy de la American University (Washington, DC), no vacila en proponer caminos para enfrentar los efectos de la pandemia del Coronavirus en los tribunales, consecuencias que -explica- van a traducirse en un enorme volumen de causas y fallos en los meses venideros.

Asimismo, desde su perspectiva, el continente tiene importantes necesidades de avance. Cita, por ejemplo, la tramitación electrónica; la realización de juicios híbridos, incluso en materia penal; el desarrollo de la Justicia Comunitaria, y la profundización de medios alternativos de resolución de conflictos, dado que es el mejor instrumento para enfrentar los problemas ciudadanos.

Agenda de emergencia

—¿Qué desafíos ha impuesto la pandemia a los sistemas judiciales en Latinoamérica y cuál es el balance desde CEJA?
«La pandemia golpeó muy fuerte los sistemas de justicia de América Latina. En marzo, cuando en la mayoría de los países se decretó la emergencia sanitaria, prácticamente todos los poderes judiciales cerraron y mantuvieron sólo servicios esenciales, que tenían que ver con la libertad de las personas».

Entre las materias elementales puestas en pausa el director ejecutivo de CEJA identifica la sustitución de la prisión preventiva y los temas de familia, «sobre todo las causas que tienen que ver con las llamadas visitas, el relacionamiento directo y los temas de violencia doméstica». Asimismo -agrega- en algunos países emergieron las cuestiones laborales y de garantías constitucionales: «Hubo un desorden al principio, y eso llevó a que los propios jueces y juezas comenzaran a tomar decisiones; en algunos lugares tribunal a tribunal; en otros, jurisdicción por jurisdicción».

Arellano cree que el origen del problema está en que la Justicia «no fue considerada un servicio esencial por la mayoría de los Estados», como sí lo fueron la salud o la alimentación. También puntualiza: «Estoy dejando de lado a México y Brasil, porque esos dos países, por motivos políticos, desconocieron la pandemia y siguieron funcionando como si nada ocurriera. Ahí los sistemas comenzaron a cerrar o a colapsar, porque los operadores del sistema se enfermaron».

Diferencias continentales

Según Jaime Arellano, en aquellos países que sí reconocieron la realidad de la emergencia sanitaria, «en una segunda etapa, se empezaron a dictar auto acordados, regulando cómo comenzar con audiencias virtuales». De nuevo, sin embargo, «la respuesta fue muy dispersa, porque hay países como Chile que tienen una plataforma electrónica y por tanto abogados acostumbrados a ingresar causas de manera desmaterializada y a tramitar todo on line».

Pero hay otras naciones que no tienen tal tramitación electrónica. El director ejecutivo de CEJA cita en ese grupo a países centroamericanoas y a Bolivia, que «tienen serias dificultades, incluso para poder iniciar las acciones». De ese modo, apunta a un tema «muy complicado»: la brecha digital en el continente.

«Los países con carreteras electrónicas desarrolladas, como Colombia o Chile, y en alguna medida Argentina, Perú y Brasil, tienen más capacidad para responder que países donde no hay banda ancha domiciliaria o banda ancha móvil desarrollada», afirma Jaime Arellano. Hay, de todos modos, según él, un problema aún más profundo: existiendo países con conectividad apropiada, sus sistemas de justicia o bien los operadores de ese sistema no tienen acceso.

Arellano Quintana ejemplifica: «En materia laboral, los trabajadores que testifican tienen teléfonos móviles básicos o prepagados sin banda ancha; no pueden dar testimonio por videoconferencia. Entonces, nos empezamos a encontrar con instructivos de los poderes judiciales que se concentraban en cómo conectarse. La mayoría no tenía plataformas propias y empezaron a usar las comerciales, como Zoom o WhatsApp. Pero esos instructivos son tecnológicos y no procesales, por lo que empezó a haber mucho debate sobre si se están cumpliendo las garantías del debido proceso».

Brechas de pandemia

«Los países en temas de Justicia», afirma el director ejecutivo de CEJA, «están teniendo que reaccionar y desarrollar sus capacidades electrónicas de tramitación de causas». Por ejemplo -afirma- «en Perú han estado expandiendo rápidamente la tramitación electrónica a todo el país, pero hay otros Estados que lamentablemente no tienen los recursos». Por lo mismo su capacidad de reacción es limitada: «Primero está la brecha digital del país y segundo la brecha digital social, ya que los operadores del sistema judicial o las personas no tienen acceso a esa carretera de la información».

—¿Qué hacer entonces?
«Hay que invertir en iluminar las ciudades. Es decir, dotar de acceso wifi gratuito a barrios o zonas determinadas dentro de las ciudades. Hay que crear centros de asistencia jurídica en los municipios y barrios, lo que significa que una persona pueda ir a ese lugar a presentar un reclamo o testimonio en un juicio sin tener que ir a un tribunal. Hay que acercar los puntos de conexión electrónica a la ciudadanía. La pandemia agudizó las barreras y las diferencias económicas entre las sociedades y de alguna manera agudizó las del acceso a la justicia. Pero, podemos avanzar mucho invirtiendo en carreteras electrónicas».

Retomar velocidad

—Magistrados, abogados y litigantes han mostrado preocupación por una alta carga laboral en la vista de causas y fallos, sobre todo en el ámbito de familia y del trabajo. ¿Qué fórmulas se visualizan para que la Justicia comience a operar con una velocidad aceptable tras el desconfinamiento?
«Lo primero que se produjo fue un cuestionamiento: ¿se podían ocupar plataformas virtuales para desarrollar juicios? En CEJA sacamos un documento donde se analiza el estado de las tecnologías y los procesos penales. Concluimos que, en general, es posible desarrollar en plataformas tecnológicas y sin problema alguno las audiencias previas al juicio o las preliminares en materia civil, porque no se produce prueba».

Jaime Arellano afirma que «la mayoría de los juicios quedaron pendientes» y añade que en este momento hay un rezago «muy grande», porque en la mayoría de los países se concluyó que no era posible desarrollar esos juicios: «¿Qué propusimos nosotros? En materia penal, por ejemplo, señalamos que se pueden hacer muchos juicios de manera electrónica, porque son sencillos. No hay un debate fáctico importante, sino fundamentalmente es de carácter jurídico-administrativo». En otros casos, añade, se podrá hacer «juicios híbridos».

Buscar alternativas

—¿Qué pasa con los mecanismos de resolución de conflictos, como la mediación y la negociación?
«Evidentemente, hay que reinstalar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tanto para buscar la mejor solución como para que ayuden a no judicializar. Desde CEJA no los postulamos como especie de filtro, sino que como la mejor solución en muchos casos. La mediación se puede desarrollar sobre plataformas electrónicas. Unos pocos mediadores se han opuesto porque han dicho que se necesita cercanía o empatía, pero esto no es una terapia. Hay que impulsar el desarrollo de juicios híbridos o mixtos o semipresenciales».

Para Jaime Arellano Quintana es muy importante «avanzar todo lo que se pueda» en el uso de las plataformas electrónicas. Por ejemplo, en materia penal; en los discursos de apertura, «porque no hay necesidad de estar presente»; en la prueba documental; en los juicios sencillos que son de debate jurídico: «Y si son pocos los testigos, de igual manera».

Para él, los alegatos de clausura o el debate sobre la pena que se debe aplicar «también se pueden hacer sobre plataformas electrónicas». Y cuando los procesos sean más complejos, como el penal, «se puede hacer un proceso híbrido, en que una parte el juicio sea electrónico y otra presencial». En materias laborales, afirma, «es más complicado, pero siempre existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo, reduciendo la necesidad de la prueba testimonial».

Chile y Argentina

—En Argentina, el Senado aprobó una Reforma Judicial propuesta por el Gobierno. El proyecto de «Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal» salió bajo enorme controversia política y discusión por el grado de autonomía, la influencia de poderes mediáticos y la independencia de los jueces. ¿Cómo ve CEJA ese proceso?
«En general vemos con preocupación la independencia de los sistemas de Justicia. Es la independencia de las juezas y los jueces de los otros poderes del Estado o de otros terceros y también de las influencias internas, es decir, cuánto pueden presionar en las decisiones de un juez lo que opine, actúe o deje de actuar un superior jerárquico. Hay preocupación cuando existe una irrupción del poder político en los procesos de nombramiento judicial. En la mayoría de nuestros países existe una suerte de equilibrio de poderes en el proceso de elección».

«El debate que se produce en Argentina, sobre la Justicia Federal y los cruces que hacen unos u otros sectores políticos, es muy antiguo. Lo que uno ve es que éste no es un tema del Gobierno actual o de la administración anterior. Desde antes ambos procuran influir sobre el sistema judicial, con intención de perseguir delitos pero con una intencionalidad política. Los delitos pueden o no estar. El problema es cuando se persiguen en un caso y en otro no».

—Parece haber un problema de fondo…
«El problema es que la justicia penal argentina sigue siendo una justicia mixta y no acusatoria. Es decir, todavía quedan rasgos inquisitivos y los jueces todavía tienen funciones de instrucción o de investigación criminal. Lo que debiera ocurrir, y es lo proponemos desde CEJA, es que haya un Poder Judicial constitucionalmente autónomo y un Ministerio Público separado del Ejecutivo, sea por vía constitucional o legal al menos. Incluso, somos partidarios de que la Defensa Penal Pública sea autónoma, que es lo que falta también en Chile. Ojalá la reforma en Argentina se diseñe y debata pensando en el mejor sistema para los argentinos y argentinas y no con cálculo político».

—Chile decidió postergar la reforma a la Justicia Civil e impulsar una Ley de Mediación. ¿Cree que los efectos de la pandemia, sobre todo en el ámbito económico para los Estados, retrasarán modernizaciones tan importantes en el continente?
«La reforma a la Justicia Civil en Chile estaba con un problema que el Senado advirtió en su momento, señalando que no se iba avanzar en un Código Procesal Civil mientras no se cuente con el informe financiero de la parte orgánica. Creo que, de manera muy responsable, entiende que éstas son reformas de política pública. Eso es bueno, porque de alguna manera revela que el colegislador aprendió de otras reformas. Las necesidades del Fisco chileno terminaron de ahogar las posibilidades de la reforma a la Justicia Civil».

Justicia Comunitaria

—¿Qué ha pasado con la idea de instalar una Justicia Vecinal, propuesta como una solución rápida y con efectos positivos multiplicadores para la ciudadanía?
«Somos muy promotores de ella, porque la Justicia Vecinal responde a un tipo de conflictividad que en general debiera ser de poca gravedad. Se soluciona de manera amistosa o incluso de manera adjudicativa (por un juez) a tiempo y rápido, lo que evita un escalamiento. Muchos de los conflictos de carácter vecinal, que son de poca entidad si no se detienen, escalan a lo penal. Chile tuvo un buen ejercicio de pilotos, pues pasó de un gobierno a otro, pero lamentablemente no existieron los recursos para impulsarlos».

Jaime Arellano afirma: «Es muy importante tener una Justicia Comunitaria o Vecinal». Y explica que hay ejemplos en Guatemala o en Colombia, con las antiguas casas de justicia «que idealmente deben tener un juez al medio y mecanismos sociales para involucrar a la comunidad en la solución de sus conflictos».  Cita también a Estados Unidos y a Nueva York: «Está comprobado que con ese tipo de justicia la comunidad se empodera».

Aunque el Centro de Estudios de Justicia de las Américas impulsa la existencia de la Justicia Vecinal, su director ejecutivo reconoce que no es fácil que los países inviertan en ella. Jaime Arellano, sin embargo, reitera: «Invertir en Justicia comunitaria, por ejemplo, ayudaría mucho a disminuir la frecuencia de la delincuencia en el ámbito adolescente, porque implica tener un juez que probablemente vea cuestiones de distinta índole, como penales, laborales o de familia». Eso -añade- permitiría «atacar las causas» como el consumo de drogas o de alcohol, «o todo lo que está dentro de la conflictividad de ese joven».